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Presas y presos políticos vascos
SARE, campaña contra la dispersión
19/12/2016 | Ramón Zallo

El Presidente colombiano y reciente Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos ha dicho (14-12-16) en una entrevista en Onda Cero algo tan razonable como lo siguiente:

"No quiero inmiscuirme en asuntos internos de España, pero no vería ningún problema en que [los presos de ETA] paguen sus penas en unas cárceles más cercanas al sitio donde viven. No creo que haga daño a nadie"

Para un político moderado, dispuesto a solucionar problemas y no a recrearse en ellos, que se atrevió a iniciar un largo proceso de diálogo y negociación con las FARC y, sobre todo, a culminarlo, debe parecerle inexplicable que el Gobierno del PP mantenga, 5 años después de que ETA dejara de ser una amenaza real, una política penitenciaria de dispersión de presos y presas, puesto que carece de sentido político alguno.

Antaño la dispersión se justificó para debilitar la autoorganización de las personas encarceladas, la compactación de posiciones y la disciplina de la organización armada y ello a pesar de que contradecía el art 25.2 de la Constitución Española [“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”] y perjudicaba especialmente a las familias y la salud mental de los presos con condenas prolongadas en condiciones de gran aislamiento.

Además, visto el caso norirlandés en el que la concentración en pocos centros facilitaba la toma de posiciones colectivas, la atomización de los presos en muchas prisiones alejadas, amén de afectar a derechos, nunca tuvo sentido puesto que dificultaba los procesos de reflexión colectiva.

La manifestación multitudinaria convocada por la red ciudadana SARE el 14 de enero de 2017 en Bilbao pretende ser un aldabonazo contra esa política sin sentido y se acompaña con el lema ’Salatzen Dut/Yo Denuncio’, contra la "vulneración de derechos" y la dispersión de presos y presas de ETA.

En sus carteles en forma de mano se advierten tres distintivos:

Verde, para "denunciar la vulneración de los derechos humanos" de los presos vascos» mediante una legislación excepcional que supone la aplicación de una cadena perpetua encubierta no computando las penas cumplidas en cárceles francesas, haciendo así oídos sordos a la Decisión Marco Europea sobre el cómputo de penas cumplidas en otros Estados y que afecta a 7 presos que deberían estar en libertad desde hace dos años, con la condena cumplida;

amarillo, reclamando la excarcelación de 10 presos con enfermedades graves e incurables; y

rosa "para denunciar la política de alejamiento" que afecta al 95 % de presos y presas y a sus familias y que es ajena a la doctrina reiterada por del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y a la propia Constitución española

A esta campaña se han adherido225 juristas que reclaman la derogación de la Ley Orgánica 7/2003, como “ley de excepción que se aplica a este colectivo de presos y que permite cadenas perpetuas encubiertas, en contra de los criterios de la propia Constitución Española".

Con todo, esta lógica del Gobierno Rajoy no es excepcional. La gendarmería francesa y Guardia Civil detenían en Luhuso, el 17-12-2016 a cinco personas muy conocidas en el ámbito de la sociedad civil de Iparraldeque se habían ofrecido a mediar en el desarme y destrucción de una pequeña parte del armamento de ETA. Ello muestra que el Gobierno tampoco quiere el desarme y prefiere el enquistamiento del problema.

En la actualidad la apuesta de Rajoy por el mantenimiento de la dispersión mientras ETA no se disuelva o la imposibilidad de ir sellando arsenales si no se entregan al Estado, solo responde a una lógica basada no en la política sino en algo tan visceral como la venganza y en un doble tenor: un castigo añadido a la personas recluidas y su entorno familiar y una lógica de vencedores y vencidos para imponer desde la justicia vindicativa lo que no pueden ganar en las urnas ni en los corazones de Euskal Herria.

18/12/2016

Más información: http://sare.eus/es/



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