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ara.cat | Catalunya
Los planes B
18/02/2017 | Jordi Muñoz

[Versión original del artículo: Els Plans B /1]

Un exceso represivo del Estado podría hacer de chispa para la expansión de una ola de indignación de gran alcance y de consecuencias imprevisibles.

Tanto la mayoría parlamentaria y de gobierno en Catalunya como el Gobierno han puesto claramente sobre la mesa cuáles son sus planes para los próximos meses. Por parte catalana, todo queda resumido en la afortunada expresión "referéndum o referéndum". Hasta el último momento se intentará llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum acordado o tolerado. Pero si esto, como será el caso, no fuera posible, la decisión del Gobierno y del Parlamento es celebrarlo igualmente.

Por parte española, aparte de esperar que todo sea agua de borrajas y no acabe pasando nada -por indecisión o por divisiones internas en el soberanismo-, existe la esperanza de disuadir, preventivamente, al gobierno catalán y sus funcionarios de dar más pasos en la dirección del referéndum con la mera amenaza de la inhabilitación.

Pero, obviamente, todos los actores piensan necesariamente en cursos alternativos de acción, por si los fallara el plan A. La mayoría parlamentaria catalana apunta a gestos unilaterales en el espíritu de la hoja de ruta de Junts pel Sí y la declaración parlamentaria pactada con la CUP en noviembre. Es un camino plagado de obstáculos y muy incierto, pero el soberanismo catalán no tiene más remedio que plantearlo. Incluso si el horizonte anhelado es una salida negociada, es evidente que sólo si la parte catalana es capaz de plantear una amenaza creíble de gestos unilaterales el gobierno español tendrá algún incentivo para negociar, en el corto plazo, una salida al callejón sin salida actual.

En cambio, cada vez es más claro que el plan B del Gobierno pasa, fundamentalmente, por la represión. Si las amenazas y procesos judiciales preventivos no son suficientes, Rajoy intentará impedir la celebración del referéndum. Su planteamiento es que el Estado dispone, si quiere, de suficientes elementos legales para detenerlo sin despeinarse.

Sin embargo, este curso de acción podría no resultar tan fácil como lo presentan en Madrid. Ciertamente, el famoso choque de trenes sería bien desigual, ya que la capacidad institucional del Estado es mucho mayor que la de la Generalitat. Cuando el Estado necesite imponer coercitivamente el orden constitucional en Cataluña, tiene todos los elementos en la mano para hacerlo.

Pero esto plantea dos problemas. El primero es que las instituciones catalanas, y el movimiento independentista, tienen la capacidad de elevar el precio que debe pagar el Estado para detener el referéndum. Cuanto más determinación institucional y activación de la sociedad civil en defensa del referéndum haya, más costoso será para el Estado detenerlo. Y esto aumenta mucho el riesgo de que las medidas coercitivas acaben resultando contraproducentes para el Estado.

De hecho, algunas de las medidas que el Estado podría adoptar, como la intervención de la autonomía por diferentes mecanismos, plantean serios problemas operativos, como los que apuntaba Toni Soler en este diario el sábado. Y también, claro, plantean potenciales problemas de legitimidad para el Estado ante la opinión pública catalana y -en mucha menor medida- también española e internacional.

Hay quien piensa que esto será similar a lo que ocurrió en el País Vasco con la ilegalización de Batasuna, cuando la reacción social fue mucho menos intensa de lo que generalmente se esperaba. Pero las condiciones objetivas que hay en Catalunya en este momento son muy diferentes de las del País Vasco de los años de la violencia. Ahora y aquí, un exceso represivo por parte del Estado podría hacer de chispa para la expansión de una ola de indignación de gran alcance y de consecuencias imprevisibles.

Esto sería especialmente problemático para el Estado, dado que cualquier solución basada en la imposición coercitiva del orden constitucional debería ser, necesariamente, temporal. En algún momento se tiene que devolver la autonomía a las instituciones catalanas y, en última instancia, en algún momento se deberían volver a convocar elecciones en el Parlamento. Y, previsiblemente, generarían una nueva mayoría soberanista que volvería a plantear el problema, quizás aumentado.

En un contexto democrático es muy difícil, si no imposible, gobernar un territorio en oposición a la mayoría democrática de ese territorio. Amortizada la ilusión del soufflé, y ya muy gastada la ficción de la "Catalunya real", ahora parece que el gobierno español cultiva la ilusión de una imposición indolora del orden constitucional. Pero hay muchos elementos para pensar que el reto que tiene el Estado no es, en absoluto, menor, y no se solucionará con cuatro actos administrativos.

1/ Versión original del artículo: http://www.ara.cat/opinio/Jordi-Munoz-plans-B_0_1743425651.html





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