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Referéndum del 1-O en Catalunya
Las dudas sobre el 1 de octubre
21/07/2017 | Jordi Muñoz

[Texto original en catalán: http://www.ara.cat/opinio/jordi-munoz-dubtes-sobre-1-octubre_0_1835816431.html]

A medida que se acerca el otoño, y que se va haciendo más plausible la posibilidad de que se celebre el referéndum del 1 de octubre, van surgiendo dudas en sectores muy diversos. Hay gente que siempre ha estado en contra de que la ciudadanía de Cataluña pueda votar sobre la independencia, y que, antes de decirlo con claridad, han ido saltando de un pretexto al otro para oponerse siempre a cualquier intento de hacer efectivo el derecho de autodeterminación. No hace tanto, el PSC todavía hacía eses sobre una consulta "legal y pactada".

Pero sería erróneo, por simplificador, pensar que todo el mundo que plantea dudas sobre el 1 de octubre lo hace para tapar con excusas una voluntad más o menos inconfesada de evitar que se vote sobre la independencia. Hay preguntas legítimas e inquietudes comprensibles. Sin embargo, en este artículo intentaré argumentar por qué pienso que algunas de las principales objeciones que hemos oído estos días no son argumentos fuertes para oponerse al referéndum.

La primera es la de las famosas garantías democráticas. Hemos oído repetir, a veces como un mantra genérico, que el referéndum no tendrá las garantías democráticas mínimas. Es un argumento con el que sólo se puede debatir si se concreta más. En todo caso: en términos generales, todo ello quedará regulado en la ley del referéndum de autodeterminación.

Idealmente, es cierto, esta ley se debería haber debatido con tranquilidad en sede parlamentaria. Pero, dada la persecución judicial a la mesa del Parlamento para permitir debates sobre el Proceso, parece incluso insultante cuestionar el independentismo por no haber impulsado un debate que, de facto, los órganos judiciales del Estado impiden.

En todo caso, para la mayoría de cuestiones relacionadas con las garantías democráticas, hay, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, una serie de prácticas bien asentadas de cómo se organizan todos los detalles del proceso electoral: mesas , papeletas, urnas, recuentos, etc. En todos estos aspectos no hay ninguna razón para pensar que el 1-O vaya a ser sustancialmente diferente de los referéndums que ha habido antes. De hecho, la ley así lo prevé.

Un elemento clave es, lógicamente, el del equivalente a la Junta Electoral: la Sindicatura Electoral de Cataluña. Sería necesario que el Gobierno hiciera todos los esfuerzos para asegurar la pluralidad en este órgano, con un límite claro: no se puede obligar a nadie a participar, especialmente en un contexto de amenaza judicial y policial por parte del Estado.

También se cuestiona la falta de neutralidad del Gobierno. Es una objeción cuando menos sorprendente, porque los gobiernos raramente son neutrales en los referendos. No hay que ir muy lejos: el presidente Maragall expulsó a los consellers de ERC del Gobierno por su posición, divergente, sobre el referéndum del Estatuto. Quién debe ser neutral, en todo caso, es la administración electoral. El Gobierno debe extremar las garantías para que esto sea así, y es esperable que lo haga: basta pensar en ello un minuto. Quien tiene más incentivo para que el referéndum sea plenamente homologable: el campo del sí o el del no? La respuesta es obvia, y por tanto no parece muy razonable pensar que alguien tendrá la tentación de cometer fraude en el recuento, por ejemplo.

Hay, sin embargo, otra objeción más seria, que se deriva de la falta de apoyo al referéndum de los sectores contrarios a la independencia. Efectivamente, si finalmente los partidarios del no no acuden a las urnas, esto plantea un problema potencial para la legitimidad del resultado. Idealmente, es cierto, sería necesario un acuerdo unánime sobre el procedimiento de resolución de la cuestión.

Pero, de momento, el hecho es que este acuerdo no es posible, fundamentalmente porque los partidos de ámbito estatal -salvo Podem- lo bloquean sin ofrecer ninguna alternativa para decidir democráticamente sobre la independencia.

Llegados a este punto, ¿qué puede hacer el soberanismo? Básicamente, dos cosas: o intentar poner en marcha igualmente un mecanismo de decisión neutro y homologable (el referéndum) o renunciar a su proyecto político. La segunda opción equivale a aceptar el derecho de veto de un sector (minoritario) de la sociedad sobre la posibilidad de decidir democráticamente. No parece muy razonable exigir esto a los partidarios del sí, ya que, de hecho, esta situación supone una violación de sus derechos políticos. Y lo es porque supone aceptar que un proyecto político, con un amplio apoyo social y electoral, que no prevé la violación de derecho fundamental, no es realizable por vías democráticas.

Del 1 de octubre se puede dudar, obviamente. Pero hay que tener presente que no hay absolutamente ningún otro mecanismo factible sobre la mesa que garantice los derechos políticos de todos los ciudadanos de este país, los del sí y los del no.





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