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Tras los hechos de Catalunya, la cuestión del poder, alianzas y auto-organización popular
Revolución democrática o Estado autoritario
07/11/2017 | Óscar Simón Bueno

La lucha por la autodeterminación en Catalunya desempeñada por un movimiento, genuinamente popular, ha puesto sobre la mesa varios aspectos, especialmente desde el referéndum unilateral del 1 de octubre:

· La naturaleza altamente reaccionaria del nacionalismo español monárquico.

· La imposibilidad del republicanismo español (salvo algunas excepciones), de generar un posicionamiento político capaz de movilizar a grandes masas de población y alejarlas de la influencia derechosa.

· La necesidad de cualquier movimiento de ruptura democrática de afrontar en profundidad la cuestión del poder.

· La unidad de la burguesía como clase, en defensa del statu quo.

Todas estas cuestiones sólo pueden ser superadas desde el planteamiento de la revolución democrática.

El pacto que consignaba el Estado español como instrumento de dominación de clase se debilita a consecuencia de la globalización

El Estado español ha sido la forma política de la explotación económica capitalista desde el S.XIX. Mediante este pacto las burguesías han mantenido su dominio y han obtenido beneficios económicos. La especialización territorial, con territorios periféricos que sirvieron de reservorio de mano de obra migrante y de materias primas coexistió con territorios centrales Madrid, Barcelona, Bilbao que detentaban el poder administrativo, industrial y financiero.

La configuración de este pacto permitía la explotación en régimen de monopolio del territorio estatal.

A pesar de ciertas disfunciones, especialmente por el predominio de cada una de las burguesías en la gestión del aparato estatal, el pacto se mantuvo durante el franquismo y en las primeras tres largas décadas después del final de la dictadura. No es hasta el estallido de la globalización neoliberal que el reparto de roles se queda obsoleto, sobre todo porque se refiere al poder industrial catalán, que deja de tener en el Estado español su coto privado, dada la libre circulación de mercancías.

Ante este proceso las burguesías del Estado entienden que en un mundo globalizado la gestión de las infraestructuras es esencial para atraer inversiones y convertir un espacio determinado en un polo de acumulación capitalista. La disputa por la gestión aeroportuaria, el transporte ferroviario y las inversiones en carreteras, así como la lucha por el control de los sectores estratégicos, se expresó claramente en la primera década del S.XXI. Aeropuertos ampliados, como el Prat, Barajas, otros construidos pero sin aviones, la burbuja portuaria o el proceso de la OPA sobre Endesa lanzada desde Gas Natural, que fue abortada al grito de “antes italiana que catalana”, fueron muestras de este proceso.

La idea de generar un Estatuto nuevo para Catalunya significó un intento de actualizar el pacto y -más allá de las competencias que incluía y del término nación que aparecía en el preámbulo- el aspecto central del mismo era la inversión en infraestructuras en Catalunya, el monto anual de la cual quedaba consignada en una disposición del Estatuto de 2006, que dicho sea de paso ha sido incumplida por el Estado, la mayoría de los años, desde que entró en vigor.

La recogida de firmas iniciada por el PP contra el Estatuto fomentando un anticatalanismo, sin ambages generó un efecto contrario en Catalunya. El crecimiento de lo que el ex-presidente Montilla, llamó “desafección hacia el Estado español”.

La crisis económica y las durísimas políticas antisociales iniciadas por el gobierno de Zapatero y profundizadas por el PP rompieron también con el espejismo de la alternancia política estatal. La aparición del PSOE como fuerza que implementa recortes, tuvo graves consecuencias, en todo el Estado, pero especialmente en Cataluña, donde la imagen del PSC quedó claramente dañada y supuso el inicio de un declive que a día de hoy continúa. Es decir, las fuerzas políticas que gobiernan el Estado se quedaron sin un partido con capacidad de ganar las elecciones en Cataluña.

Es en este contexto en el que el movimiento de las consultas populares por la independencia, iniciadas en Arenys de Munt en 2009, se extenderá por toda Cataluña. Eso, unido al movimiento del 15M acabará generando un avance del nivel de conciencia popular sobre la necesidad de autogobernarse en todos los sentidos, incluido en la cuestión nacional. El surgimiento de la idea de autodeterminación y de defender la independencia frente a un Estado que oprime y explota, primero tuvo que luchar contra los intentos de la extinta CiU de reconducir las demandas populares hacia el pacto fiscal. Con este objetivo se pretendía asumir el mismo estatus que la burguesía vasca mediante el Concierto Económico, pero la movilización popular, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2012 lo hizo saltar por los aires.

La movilización social por una vida mejor se unió a la idea de ruptura con el Estado español, convirtiendo la independencia en una alternativa para millones de personas.

Así, de esta manera, CiU el partido que había sido capaz de participar en la gobernabilidad del Estado y a la vez aparecer como el garante de las reivindicaciones catalanas, vio cómo el movimiento popular por la independencia le privaba de estar en misa y repicando.

El Estado español perdió la unidad de los partidos burgueses o de derechas y entró en una crisis profunda. Pero no por voluntad de los liderazgos de estos partidos, sino porque la sociedad se había movido en Catalunya y la única oportunidad para CiU, hoy hecha pedazos, de gobernar era seguir la estela marcada por el votante, que de catalanista había pasado a ser independentista y mayoritariamente había girado hacia posiciones más de izquierdas. En este sentido la idea fuerza, de primero la independencia y luego ya veremos, iba a captar el voto que estaba pasando del autonomismo al independentismo y evitar que la riqueza propositiva de la izquierda social catalana anidase en el seno del movimiento independentista.

La consecuencia más clara de esta ruptura entre burguesías, es que el Estado si quería conservar su primacía debe derrotar sin paliativos al movimiento catalán y debe ser especialmente duro con la derecha catalanista, de manera que pueda ganar el apoyo de los sectores económicos que antes utilizaban a CiU como el vector político de sus ambiciones económicas. Derrotar y humillar a los representantes de la pequeña y mediana burguesía, que es la que aún hoy apoya el proceso, es imprescindible para actualizar el pacto de Estado, en la que esta acepte una gestión centralista de las infraestructuras capitales en la globalización. Las multinacionales, el poder financiero con sede en Cataluny y buena parte de las patronales se han posicionado contra la República catalana. Es decir el nacionalismo monárquico español ha contado con el apoyo de la práctica totalidad de la gran burguesía.

El republicanismo español, la incapacidad de PODEMOS e IU de enfrentarse a la reacción

Durante toda la crisis económica y el proceso de ajuste estructural neoliberal, la izquierda de matriz estatal, ha sido incapaz de reconocer o de entender que la lucha contra el neoliberalismo en Catalunya estaba asociada, para grandes masas de la población, a la lucha por la liberación nacional, tanto por la existencia de un conflicto nacional como por la ferocidad neoliberal del PP, que no ha dudado en ningún momento en recortar los avances conseguidos por las luchas sociales en Catalunya como en el caso de la Ley de Emergencia Habitacional. Esto no quiere decir que el movimiento independentista sea anticapitalista, sino que para mucha gente la independencia va asociada a la consecución de una sociedad menos injusta y desigual.

PODEMOS y IU, por los motivos que sean, han sido incapaces de poner en el medio de la crisis política del Estado la idea de la República como mecanismo para romper con el 78. Su idea de patriotismo social ha fracasado, hasta ahora, porque no ha conseguido conectar con una base material con la que luchar en las calles y centros de trabajo contra la derecha españolista o, en palabras de su análisis populista, no ha encontrado el significante capaz de construir la cadena de equivalencias que genere pueblo. El porqué de no haber optado, hasta ahora, por poner la República, federal o confederal en el medio de todo esto y hablar del incomprensible Estado plurinacional, sólo el liderazgo de PODEMOS e IU lo sabe. Pero es público que esa indefinición no les ha dado ni mejores perspectivas electorales, ni mayor músculo en la calle ni tampoco les ha dotado de capacidad discursiva para hacer frente, hasta ahora, al unitarismo monárquico español.

La incomprensión del papel que juega la lucha por la liberación las naciones oprimidas, ha llevado a confundir la unidad de la gente trabajadora como la unidad bajo la bandera de los estados, posición que nace del mismo error que llevó a los partidos de la II Internacional a apoyar la 1a guerra Mundial. Las clases populares del Estado español y la clase trabajadora en particular tiene como máximo enemigo al sistema político, económico y social que permite su dominación y explotación y por lo tanto la tarea de cualquier fuerza que quiera ayudar a la liberación social de las mismas debe aprovechar cualquier oportunidad para debilitar eses Estado. Eso aquí y ahora significaba apoyar, sin lugar a dudas, la libre determinación de Catalunya, no desde el contrasentido de referéndum de autodeterminación pactado sino desde el apoyo incondicional, pero crítico, al movimiento catalán. Con dos objetivos, el primero fortalecer la posición de las izquierdas en Catalunya de manera que el proceso pusiera en el centro las necesidades de las clases populares y el segundo minar las bases del nacionalismo monárquico español que es una de las herramientas fundamentales que permite a la derecha liderar a grandes sectores populares.

Este posicionamiento les ha llevado a mirar desde lejos el conflicto catalán y en Cataluña a ser incapaces, (salvo el sector próximo a Albano Dante y el de Anticapitalistas) de posicionarse junto al movimiento popular por la ruptura. De haber sido así, un 78% del parlamento catalán habría estado a favor del referéndum y las izquierdas podrían haber actuado juntas en las calles y centros de trabajo. Nadie podrá saber el resultado, pero está claro que la República proclamada por el parlamento catalán el 27O hubiera sido mucho más fuerte.

La revolución democrática

Llegados a este punto cabe preguntarse cómo se puede avanzar en esta situación. En Cataluña esto significa la oposición al 155, que se traduce, en la práctica, en impulsar la República y desarrollar el poder constituyente.

Hemos visto como las patronales, en su mayoría, han optado por posicionarse del lado del nacionalismo monárquico español, la banca ha hecho lo mismo, así como las multinacionales con sede central en Catalunya. Este posicionamiento determina que sólo las clases populares y la clase trabajadora puedan contarse entre los aliados, con poder, de la República. Además existe el problema añadido que la defensa de la susodicha República deja indiferente a buena parte de la gente trabajadora, dado que la agenda social del proceso ha sido mínima.

En el campo de batalla actual tenemos el poder político estatal, en el que el bloque PP, PSOE y C’s conforma la expresión política del nacionalismo monárquico español. Además existe el poder judicial, la policía, el ejército, la gran burguesía y sus medios de comunicación. Cuenta, también, con la ultraderecha, que si bien es minoritaria, se mueve como pez en el agua en la defensa de la sacrosanta unidad de España. En el campo republicano catalán, tenemos las entidades soberanistas, los partidos políticos que votaron por la República en el parlamento y los Comités de Defensa de la República y una parte de la izquierda sindical. En el resto del Estado el apoyo a la república catalana, se da en las fuerzas de la izquierda abertzale, las fuerzas soberanistas gallegas y la izquierda sindical en general, especialmente aquella que se agrupa en las Marchas de la Dignidad, y, de forma más amplia, en Euskal Herria y Galiza, donde existen fuertes sindicatos soberanistas. De esta manera, el principal referente político para la izquierda social, PODEMOS-UNIDOS, se define contra el 155 pero considera ilegal la República catalana, de manera, que salvo honrosas excepciones como Albano Dante, Marina Albiol, la corriente Anticapitalistas, deja su actuación política, por ahora, en mera retórica ya que se ven incapaces, incluso, de llamar a las concentraciones de apoyo al derecho a decidir.

Una de las prioridades es revertir esta situación, de manera que la izquierda que sólo hace dos años hablaba de romper con el régimen del 78 y destronar a la casta, vuelva a esta senda o bien construir un referente que sí pueda resistir la gran presión del nacionalismo monárquico español.

Sin la movilización el resto del Estado español la lucha por la República catalana lo tendrá mucho más difícil y si en la cuestión de Catalunya se impone el nacionalismo monárquico español, la derrota del PP, C’S, PSOE se aleja.

El impulso de la República catalana pasa también por afrontar la cuestión del poder del Estado español en Catalunya, expresado en el ejército, la policía y el monopolio en la recaudación de los principales impuestos.

El gobierno catalán de los últimos años enfrentó esta cuestión mediante la idea de creación de estructuras de Estado paralelas y el paso de la ley a la ley. La realidad ha sido que este camino no ha conseguido dotar de fuerza suficiente a la República. Los partidos que se presenten a las elecciones del 21D, desde el campo independentista y soberanista deberán afrontar cómo andar esa senda.

Estando claro que se debe buscar otro camino, algunos hablarán de un altamente improbable referéndum pactado. Descartada la vía Herrero de Miñón, para poder ceder la convocatoria del referéndum de autodeterminación a Catalunya, mediante los derechos de las nacionalidades históricas, sólo queda la reforma constitucional por tres quintas partes del Congreso, convocar elecciones y ratificarse de la misma manera. Esta concatenación de sucesos es posible pero altamente improbable, más si cabe, mientras PODEMOS UNIDOS no decida claramente oponerse al nacionalismo monárquico español con la defensa de la República y la autodeterminación, posicionamiento mucho más comprensible que un plurinacionalismo abstracto y que le permitiría ofrecer una alternativa real a los millones que sufren el saqueo de las élites.

En Catalunya es necesario construir un programa social asociado a la consecución de la República, de manera que la clase trabajadora y las clases populares, con sus métodos de lucha y la posición que ocupan en el sistema, puedan convertirse en un contrapoder capaz de impulsar la República.La idea de primero la República y luego ya veremos nos impedirá alcanzar la fuerza social necesaria para vencer a los poderes del Estado. Además nos hace falta construir un horizonte de lucha compartido con el resto de pueblos del Estado.

Si entre las diferentes izquierdas somos capaces de recuperar la idea de la “Federación de Repúblicas Ibéricas”, adaptada a la actualidad, Repúblicas unidas en pie de igualdad, desde la independencia de cada una de ellas, podremos romper una de las mejores herramientas de las élites para dominarnos, que no es otra que el nacionalismo monárquico español.

En el fondo, no está de más recordar que a la clase trabajadora no nos unen las banderas de los estados, sino la lucha contra el enemigo común: el capitalismo.

Por otro lado cabe preguntarse cómo acumular el poder suficiente para romper con el nacionalismo monárquico español y su sistema de dominación política. Es decir cómo desarrollar los mecanismos para aplicar el programa del que hablábamos más arriba. En Catalunya esto pasa por explorar y profundizar en las vías de colaboración entre los CDRs (Comités de Defensa de la República), la clase trabajadora organizada y las entidades soberanistas que se dieron en la huelga general del 3 de octubre y que muy probablemente se ampliarán en la huelga general del 8 de Noviembre.

Los CDRs, tienen un papel central, hoy por hoy son órganos de presión de base, con capacidad para movilizar. Además están avanzando en la coordinación, comarcal y general de los más de 100 que existen. Su configuración es diversa y plural, la dinámica asamblearia y enraizada en las localidades y barrios les permite tanto ser espacios de lucha como de propuesta. Por lo tanto van a ser cada vez más fundamentales para impulsar la la república y establecer un poder constituyente.

Òscar Simón Bueno es miembro del Secretariado Nacional de la CUP y profesor interino





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