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Tribuna viento sur
El delito de rebelión y la criminalización de la desobediencia no violenta
13/11/2017 | Jaime Pastor

“Causa primera de la servidumbre voluntaria es la costumbre”, Etienne de la Boëtie

El ciclo de movilizaciones que desde al menos 2012 se está desarrollando en Catalunya, con la jornada del referéndum celebrado el 1 de octubre como el momento de mayor confrontación del bloque soberanista e independentista con el Estado español, constituye un fenómeno excepcional en nuestra historia contemporánea que esperamos será analizado en el futuro con creciente atención desde distintas áreas y especialmente desde la dedicada al estudio de los movimientos sociales.

La defensa y la práctica de una desobediencia civil no violenta por las diferentes organizaciones sociales y políticas participantes en un ciclo que ha implicado a millones de personas y que ha alcanzado su fase más intensa desde el 20 de septiembre hasta el 1 y el 3 de octubre de este año, constituye además un rasgo singular de este ciclo que le ha permitido gozar de una legitimidad social e internacional innegable.

Esto es lo que se ha querido cuestionar desde el Estado español y la mayoría de los medios de comunicación, buscando criminalizar a este movimiento mediante la descalificación de sus formas de protesta con el fin de asimilarlas con la violencia física. Todo ello en su pretensión de aislar al independentismo ante la opinión pública española mientras convierte en secreto de Estado la violencia policial del 1 de octubre y deja rienda suelta a la extrema derecha violenta que actúa a la sombra de las manifestaciones del mal llamado bloque constitucionalista.

Esa tendencia criminalizadora ha llegado a su punto álgido con las querellas del Fiscal General del Estado contra los portavoces de la ANC y de Ómnium y los miembros de la Mesa del parlament y del govern, acusándoles de los delitos de sedición, rebelión y malversación. De ese modo se busca desacreditar no sólo el independentismo sino también la desobediencia civil no violenta. De acabar triunfando este propósito en la esfera judicial, como ya está ocurriendo, nos encontraremos con otro peligroso salto adelante hacia el Estado penal, ahora en contra de un derecho tan fundamental como el de manifestación.

En efecto, centrándonos en el delito de rebelión, el hecho de que el artículo 472 del Código Penal explicite que para aplicar ese delito es necesario que se trate de un alzamiento violento 1/ y público, ha obligado a forzar la interpretación de “violento” en el sentido más amplio posible. Esta beligerancia ha sido evidente en la querella del reprobado Fiscal Maza contra las personas acusadas, al igual que en el auto de la jueza Carmen Lamela (que ya se lució con la sentencia condenatoria de los jóvenes de Altsasua) de la Audiencia Nacional (recordemos, sucesora del Tribunal de Orden Público franquista y además incompetente, según la propia Audiencia Nacional, para juzgar los delitos de sedición y rebelión), justamente criticada en varios artículos y Manifiestos 2/ por sectores profesionales ajenos al independentismo catalán.

Con todo, me referiré también al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ya que su imagen ha podido aparecer más ecuánime ante la opinión pública. La lectura del citado auto permite comprobar muy pronto cómo, a pesar de reconocer el carácter pacífico de las movilizaciones (“por más que resulta evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron”), el juez hace un constante juicio de intenciones sobre los presuntos organizadores de esas manifestaciones: por ejemplo, cuando sostiene que “los promotores de la independencia podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos, y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor, para exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines”. O cuando afirma contundente, refiriéndose a casos aislados, que “todos estos comportamientos expresan el violento germen que arriesgaba expandirse”.

Lo peor es que en el auto se cuestiona el hecho de que desde instituciones representativas se confluya con la movilización ciudadana para la consecución de un fin considerado justo: “Siendo legítimo el apoyo de los ciudadanos a una idea de independencia, lo que no puede excluirse (y menos en el estado actual de la instrucción) es la importancia que los impulsores del proceso pudieron dar a esta movilización, así como su consciente instrumentalización, orientándola a que fuera precisamente el elemento que forzara el reconocimiento político del estado de hecho que iba a impulsarse”.

Se podría citar otros párrafos en los que ese juicio de intenciones, a falta de acciones de suficiente entidad para encuadrarlas en la definición de “alzamiento violento”, salta a la vista, pero parece suficiente con las menciones hechas. Así que, aviso a navegantes, no sólo se quiere criminalizar ejercicios de desobediencia civil colectiva no violenta –como los que se produjeron el 20 de septiembre en Barcelona y el 1 y el 3 de octubre o, más recientemente, el 8 de noviembre en toda Catalunya– y, por el contrario, legitimar la actuación policial frente a ella (no hay ni una sola mención al comportamiento de esta última durante la jornada del 1 de octubre), sino que también se pretende descalificar la apelación y/o la confluencia con la movilización ciudadana desde las instituciones cuando, desde el punto de vista del Estado, se considere que sus objetivos van en contra de la Constitución.

Es aquí donde se revela también la defensa de un nacional-constitucionalismo militante que se está convirtiendo ya en norma de los distintos poderes del Estado y del tripartito del régimen, con Felipe VI a la cabeza. En este caso vemos, por ejemplo, cómo si por un lado en el auto se considera legítima la “idea de independencia”, por el otro en el mismo se reafirma que la reclamación de esa aspiración choca abiertamente con el artículo 2 de la Constitución y la sagrada “unidad de España” y, por tanto, es ilegal… Se desprende de ello que mientras no se modifiquen artículos como éste “la idea de independencia” es defendible pero no su reclamación como tal para que se busque una vía legal de resolución democrática compatible con la Constitución, incluso cuando pueda contar con una mayoría parlamentaria en una Comunidad Autónoma.

Por eso no sorprende que dirigentes del PP hayan amenazado con ilegalizar a los partidos independentistas o con aplicar una interpretación también extensa del artículo 155 a otras Comunidades Autónomas, envalentonados como están en su deriva recentralizadora y autoritaria en la que han entrado en este y en otros frentes de conflicto. Algo que estamos comprobando también con la intervención del ministro Montoro contra el ayuntamiento de Madrid, en este caso apelando al artículo 135 reformado (verdadero golpe de Estado antisocial) de la Constitución.

Así que nos estamos jugando mucho frente a unas interpretaciones cada vez más “militantes” de la Constitución y del Código Penal que, como bien argumentan los autores de los artículos y del Manifiesto antes citados, vulneran las mínimas reglas del Estado de derecho que dicen defender y amenazan con situar fuera de su nueva legalidad a un creciente número de fuerzas sociales y políticas. En esas condiciones, como recordaba recientemente Jorge Stratós 3/ citando a Nietzche, el Derecho se convierte en “la voluntad de perpetuar una situación determinada de poder”. Por tanto, la desobediencia a la ley se convierte en una obligación ética, como lo fue para el movimiento de insumisión a la mili o la desobediencia a los desahucios de la PAH en el Estado español, y lo está siendo ahora en EE UU frente a Trump o en aquellos colectivos que practican la hospitalidad para quienes huyen de las guerras y el hambre a las puertas de Europa.

La solidaridad con quienes desobedecen y lo hacen además de forma no violenta también habría de ser, por encima de las diferencias identitarias, una obligación ética insoslayable frente a la involución democrática en marcha.

Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur.

Notas:

1/ Algo que, como se ha recordado, se incluyó en el momento de la reforma de ese artículo para que se aplicara solo a supuestos de la máxima gravedad.

2/ Miguel Pasquau, “Alzamiento, sedición y rebelión”, ctxt, 01/11/2017; Enrique Santiago, “Manifestaciones multitudinarias, ¿delito de rebelión?”, Público, 13/11/2017; Manifiesto de profesores de Derecho Penal de universidades españolas, “Legalidad penal y procesos independentistas”.

3/ Jorge Stratós, “¿Puede ser justo desobedecer la ley?”, www.tamaimos.com/2017/10/07/puede-ser-justo-desobedecer-la-ley





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