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Tribuna VIENTO SUR
Derrota sin rendición y crisis estratégica
19/11/2017 | Marti Caussa

Articulo original en catalán

El 27-O, el Parlament proclamó la República Catalana, pero ni antes ni después llamó a la movilización para defenderla; ese mismo día, el Senado aprobaba el artículo 155 y el gobierno Rajoy lo aplicaba de inmediato sin encontrar resistencia: fue una derrota. Sin embargo, ni el Parlament ni el govern catalán se retractaron, y tampoco reconocieron la legitimidad del 155, lo que llevó al presidente y a una parte del govern al exilio, a 8 consellers a la prisión (donde ya estaban Sánchez y Cuixart) y al procesamiento de la presidenta del Parlament y de parte de la Mesa: se puede discutir si sus decisiones fueron acertadas, y lo haremos, pero no hubo rendición. De todos modos, se ha abierto una crisis de orientación estratégica y de dirección del movimiento independentista.

¿Qué sucedió después del 1 y el 3 de octubre?

Tanto el referéndum del día 1 como la huelga general del 3 fueron movilizaciones impresionantes, dos grandes manifestaciones de desobediencia civil pacífica a las que se incorporaron muchísimas personas nuevas, muchas de ellas no independentistas: nunca la defensa de la democracia y del derecho a decidir había incorporado a tanta gente. Para describir la situación hablé de dos poderes en disputa (govern/Parlament y Estado español) y un sujeto en construcción (la gente que hizo posible el 1 y el 3 de octubre).

Pero el poder del Estado y todos sus defensores pasaron a la ofensiva de forma inmediata y en todos los terrenos: discurso del rey del día 3, huida de empresas, manifestación españolista del día 8, ultimátum de Rajoy a Puigdemont el día 11, nueva manifestación españolista el 12, encarcelamiento de los Jordis el 16, etc.

La primera iniciativa del govern no se produjo hasta el día 10, cuando Puigdemont proclamó la República catalana y suspendió sus efectos pocos segundos después a fin de buscar el diálogo con el gobierno central. Sigue pareciéndome correcta la principal de las críticas que hice en su momento: “No haber propuesto nada en positivo para intentar aglutinar en un nuevo sujeto político a todas las personas que se habían incorporado a la movilización en los primeros días de octubre; iniciar la fase participativa del proceso constituyente podía ser una propuesta atractiva para estos sectores, invitándoles a incorporarse al diseño del país que queremos, a construir una democracia participativa como no ha existido nunca ni en Catalunya ni en España.” Ahora pienso que también se debería haber explicado claramente que los resultados del referéndum del 1-O, pese a su valor y su legitimidad, no configuraban una mayoría suficiente para hacer efectiva inmediatamente la República catalana y que ampliar esta mayoría mediante el llamamiento a diseñar democráticamente el país a través del proceso constituyente no solamente era urgente, sino que ya debería haberse iniciado mucho antes (las conclusiones de la comisión de estudio del Parlament son de julio de 2016). Reconocer la realidad, decir la verdad y admitir los errores habría sido duro, pero no habría desmoralizado si hubiera ido acompañado de una propuesta para avanzar.

Ahora parece claro que el govern conocía la dificultad de la situación, pero no la comunicaba, no decía la verdad sobre sus problemas internos, no reconocía ningún error y no hacía ninguna propuesta al movimiento para avanzar más allá de decirle que confiara y esperara hasta el día 27. Así fueron perdiéndose unos días decisivos, de aquellos que valen por años.

La euforia del viernes 27 y el desconcierto del lunes 30

Para formarse una idea de lo que la gente esperaba de la proclamación de la República me parece significativo este editorial de Vicent Partal en VilaWeb: “El viernes por la noche, la República Catalana y la nueva vieja España sin autonomías se enfrentarán en todos los terrenos y en cada decisión, y quien demuestre el sábado y domingo y lunes y martes y miércoles y jueves y viernes que es el gobierno efectivo y real del Principado, ganará. Solo será cuestión de tiempo. Si los Mossos obedecen a la Generalitat, ganaremos; y si los controla Rajoy, perderemos. Si los bancos actúan respetando la legalidad, ganaremos; y si continúan secuestrando nuestros dineros a las órdenes del PP, perderemos. Si los ayuntamientos hacen caso de las órdenes de los ministros españoles, perderemos; y si las ignoran, ganaremos. Si las escuelas mantienen su modelo, ganaremos; y si lo cambian, perderemos. Si los diputados pueden entrar y ocupar su escaño, ganaremos; de lo contrario, perderemos. Si la policía española consigue entrar en el palacio para detener a Puigdemont, perderemos; y si lo impedimos entre todos, entonces ganaremos… Esto ha pasado en todos los procesos de independencia del mundo: llega un punto en que tanto da qué artículo de qué ley dice qué, solo cuenta lo que dice el pueblo y, sobre todo, lo que hace.”

El viernes 27 hacia el mediodía, el Parlament proclamó la República y la gente que rodeaba el parque de la Ciutadella se abrazaba y muchas personas lloraban de emoción. Y por la tarde hubo la fiesta de la celebración. Es verdad que el conseller Santi Vila ya había dimitido antes de la votación en el Parlament, que por la tarde la bandera española todavía ondeaba en la Generalitat y que poco después el director general de la policía acató la destitución de su cargo en aplicación del 155, pero aún se mantenía la confianza, como muestra este otro editorial de VilaWeb el día después: “Creo que hay que esperar primero a saber cómo quieren jugar esta partida el presidente y su govern y que quiere hacer el Parlament. Rajoy tal vez ha cortocircuitado la capacidad administrativa de la Generalitat, pero no puede de ninguna manera cortocircuitar la política mientras el presidente mantenga el cargo, mientras el govern siga siendo el govern y el Parlament, el Parlament.”

La ducha fría de la realidad llegó el lunes 30, cuando se comprobó que el presidente mantenía el cargo, pero en Bruselas, que una parte del govern estaba con él y la otra no iba a los despachos y que el Parlament aceptaba la disolución impuesta por el artículo 155 y solo quedaba en pie la diputación permanente en espera de una elecciones catalanas convocadas por el gobierno español. Era la constatación de la derrota.

El día 31 tuvieron lugar dos acontecimientos de significados muy diferentes: Santi Vila se ofrecía como candidato del PDeCAT a las elecciones del 21-D y Puigdemont daba una rueda de prensa en Bruselas.

El programa de Santi Vila es una constatación de la derrota y un programa de rendición: se desmarca de sus ex compañeros de gobierno, confiesa que no había preparado la independencia porque no la veía clara, que no renunciaba a ella, pero proponía hacerla bien, siguiendo el camino del PNV y de los escoceses, ajustado a derecho, y que su programa parte de tres ideas bien trabadas: defensa del autogobierno, amnistía de los presos políticos y referéndum pactado.

Puigdemont, en cambio, dice que está en Bruselas para denunciar el ataque contra las instituciones catalanas, reivindicarse como el presidente del único gobierno legítimo, reclamar la implicación de la comunidad internacional y llamar a convertir las elecciones del 21-D en un plebiscito a favor de la independencia. Se puede estar de acuerdo o no con esta opción, pero está claro que no es una rendición. En general, después de la sorpresa, la decisión del presidente ha sido bien recibida en los sectores independentistas. Por ejemplo, el profesor Ferran Requejo la valora así: “Creo que la decisión del presidente Puigdemont y de parte del gobierno de la Generalitat de marchar a Bruselas ha sido un acierto político de primer orden… se trata de una decisión que preserva la cohesión del movimiento independentista (que habría quedado hecha añicos en caso de que hubiera sido el presidente de la Generalitat quien hubiera convocado elecciones) y mantiene –al menos de momento- el liderazgo del Procés fuera del alcance del Estado español, al tiempo que profundiza la tensión política en la escena internacional.”

Pero también ha habido críticas, por ejemplo esta de la ANC de Sants-Montjuïc del 3 de noviembre: “Mientras los Jordis están encerrados en la cárcel y otros muy probablemente se sumarán pronto, con cierta indiferencia pública. Cuando después de realizar una, digamos, Declaración de Independencia con temblor de piernas, se nos invita a un fin de semana plácido, pero enervante. Cuando de sopetón aparece un Presidente en el exilio. Cuando desde el país vecino se nos convoca a unas elecciones nuestras… ¿acaso el guionista de la Historia ha perdido la razón? ¿Y todos los que estaban a punto para defender la República simplemente comiendo castañas y panellets?… Es evidente que a partir de ahora hemos de replantear la estrategia. Tal vez menos esperar qué dicen los líderes y más decidir desde las bases, pese a que encierra sus peligros.”

¿Por qué se cambió la hoja de ruta?

La idea dominante en el movimiento independentista antes del 27-O era que después de proclamar la República, esta se pondría en funcionamiento y se la defendería con la movilización. La eventualidad de entregar la administración, aceptar la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones por parte del Estado y de tener el govern en el exilio o en la cárcel no se le había pasado por la cabeza a nadie.

Las primeras explicaciones de este cambio han llegado por boca de la consellera de enseñanza, Clara Ponsatí, y del portavoz de ERC, Sergi Sabrià; ambas coinciden en lo fundamental. Sabrià ha explicado que “el país y el govern no estaban preparados para hacer frente a un Estado autoritario sin límites a la hora de aplicar la represión y la violencia… Estábamos a punto para desarrollar la República en un contexto diferente del que nos encontramos. Y ante pruebas claras de que esta violencia podía llegar a producirse, decidimos no traspasar la línea roja… en ningún caso querían comprobar si habría habido muertos.”

La falta de previsión de la violencia realmente ejercida por el Estado o bien es una excusa o bien denota incompetencia. Porque estaba claramente anunciada. Por ejemplo, en una entrevista en El Mundo del 22/02/2017, citada en un artículo mío, Juan Luís Cebrián anticipaba de forma bastante aproximada lo que ha pasado:

“– ¿Y si convocan el referéndum?

– Hay que prohibirlo.

– ¿Y si ignoran la prohibición?

– El artículo 155. Suspendes el Gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A uno, dos, tres cargos públicos. A los que hayan convocado el referéndum. Acabados. Ocupas tú el poder.

– ¿Y entonces qué ocurriría?

– Entonces el debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía. La clave, insisto, es si los independentistas tienen o no poder. Y no lo tienen. El Estado, sí. Se habla de enviar a la Guardia Civil e inmediatamente se dice: ‘No, hombre; la Guardia Civil, no’. ¿Pues por qué no? La Guardia Civil está para lo que tenga que estar. También dicen: ‘Con los Mossos es suficiente’. Pues no sé si sería suficiente.”

Por otro lado, prever la represión del Estado no implica que no se pueda ofrecer resistencia pacífica y masiva o que esta deje de ser tan eficaz como lo fue 1-O y el 3-O. Por último, Sabrià pasa de confesar que no habían previsto una violencia perfectamente anunciada a expresar temor por otra mucho más brutal de la que no se han visto indicios, por ejemplo durante los cortes de carreteras y líneas de ferrocarril del 8-N, en plena vigencia del artículo 155. Tampoco toma en consideración que, después de la experiencia del 1-O, el Estado debía evitar que su violencia volviera a salir en las portadas de todo el mundo.

Y después del 21-D, ¿qué?

Es una opinión muy compartida en el movimiento independentista que, a pesar de su ilegitimidad, hay que utilizar las elecciones convocadas por Rajoy el 21-D a fin de conseguir la libertad de los presos políticos, intentar que los partidos independentistas revaliden la mayoría absoluta, que el soberanismo sea ampliamente mayoritario y que los defensores del artículo 155 (PP, C’s y PSC) tengan la menor representación posible.

Son objetivos posibles, pero no fáciles. Por un lado, la gente sigue dispuesta a movilizarse, como se ha visto en la huelga general del 8-N o en la gran manifestación del 11-N y, probablemente, también acudirá masivamente a votar a los partidos independentistas y soberanistas. Pero por otro lado, los partidos que han apoyado el 155 pueden verse favorecidos por los ánimos que da ir ganando, el éxito de las manifestaciones unionistas y las grietas en el seno del PDeCAT.

Sin embargo, el problema es que, incluso en caso de éxito (mayoría absoluta entre PDeCAT, ERC y CUP y buenos resultados de Catalunya en Comú), las perspectivas estratégicas no están claras. Hasta el momento, las opiniones avanzadas por los sectores independentistas oscilan entre dos extremos: reactivar la República proclamada el 27-O o recuperar el seny y gestionar bien la autonomía dejando la independencia como un objetivo lejano.

Como ejemplo de la primera posición podemos poner este editorial de VilaWeb: “La República está viva. El govern existe y buena parte de la población lo apoya… Si el Parlament impulsa el proceso constituyente será porque la República ha sido proclamada y la ley de transitoriedad está en vigor, por mucho que el Constitucional español haya emitido una opinión contraria. La prueba será indiscutible. Y entonces, ¿cómo reaccionará el gobierno español? Rajoy dice que volverá a aplicar el 155 y volverá a disolver el Parlament. Pero ¿a qué precio? Para hacerlo la primera vez ha necesitado el apoyo total y absoluto del PSOE y de las instituciones europeas. ¿Lo obtendrá para una segunda disolución? Del PSOE no espero nada, pero la tensión en Europa subiría muchos grados.” Respeto mucho a Vicent Partal, pero creo que no es nada realista a la hora de valorar la salud de la República, lo que puede hacer Rajoy o la actitud de las instituciones europeas.

La segunda posición tiene más partidarios. Pondré como ejemplo la de Miquel Puig: “Recuperada la Generalitat, de lo que se tratará es de ampliar el apoyo y pasar de los dos millones a los dos millones y medio [de votos independentistas] como mínimo. Este objetivo es posible, y la mejor manera de lograrlo es gobernar de manera eficaz, honrada e inclusiva (o sea, no sectaria). La marcha de sedes sociales, el boicot a productos catalanes y los cortes de las vías de comunicación del pasado miércoles exigirán hacer un gran esfuerzo por demostrar que los independentistas somos gente de orden [la cursiva es mía]. Pero el auténtico reto será penetrar en los barrios de la antigua inmigración –hoy llenos de banderas españolas- y demostrar con la proximidad y en los hechos que sus habitantes son los que más tienen que ganar con la transformación de Catalunya en un país mejor gobernado.” Totalmente de acuerdo en que es necesario ampliar el apoyo popular, particularmente en estos barrios, pero la pregunta es: ¿se cree realmente que demostrando que somos gente de orden el Estado accederá a hacer un referéndum?

Las dos propuestas parten de unas hipótesis que se han demostrado falsas: que el Estado puede ser benevolente con la independencia o que no es suficientemente fuerte para impedirla.

La izquierda soberanista no independentista, representada por En Comú Podem, ha sido muy crítica con la política del govern y del movimiento independentista, pero poco autocrítica con su escasa implicación en el 1 y el 3 de octubre y poco dispuesta a reflexionar sobre la propia estrategia. En una entrevista en El País, Xavier Domènech decía: “Catalunya ha de ganar amplias cotas de autogobierno, ha de ser reconocida como nación y tiene que haber un referéndum pactado. Nuestra apuesta pasa por compartir un Estado plurinacional con el resto de pueblos del Estado. Siempre hemos dicho lo mismo.” Esto último es cierto, siempre han dicho lo mismo, pero siguen sin aclarar cómo piensan conseguir un referéndum pactado.

Pienso que es conveniente dedicar un tiempo a reflexionar antes de que la campaña electoral ocupe todas las portadas y absorba muchas energías.

¿Qué ha fallado? ¿Qué hace falta rectificar?

Para comenzar la reflexión creo que es útil centrarse en los puntos de la política común que ha desarrollado el independentismo mayoritario –principalmente Junts pel Sí y las direcciones de la ANC y Òmnium– que se consideren fundamentales o estratégicos, dejando de lado en esta aproximación las diferencias entre cada una de estas direcciones y entre ellas y sus bases.

En mi opinión ha habido cinco errores de estimación y hacen falta cinco rectificaciones.

Los errores de estimación creo que son los siguientes:

- pensar que se podían acumular suficientes personas favorables a la independencia sin darle un contenido democrático radical y socialmente avanzado. Primero la independencia y después ya se arreglará todo: eso no ha funcionado ni funcionará. Insistir en esto no permitirá alcanzar el mínimo de 2,5 millones de independentistas que plantea Miquel Puig, porque el grueso de la población que hay que convencer no tiene como primera prioridad la independencia, la lengua o la cultura catalana, sino las reivindicaciones sociales y la democracia.

- se ha subestimado la fortaleza política y la capacidad represiva del Estado español, como casi todo el mundo reconoce ahora, después del 1-O. Esperemos que ahora no se caiga en el error opuesto y se la sobrevalore.

- se ha sobreestimado la decisión política del gobierno de Junts pel Sí a la hora de hacer cumplir la propia legalidad y desafiar la del Estado con el apoyo del pueblo movilizado pacíficamente. La constatación, parcial pero evidente, es la actitud, ya comentada, de Santi Vila (algunos diarios han hablado de más consellers vacilantes). Pero unas declaraciones de Marta Rovira al diario Ara han abierto más interrogantes: “El 1-O no hubo coordinación policial, las fuerzas de seguridad del Estado actuaron de manera unilateral; el govern se planteó parar el referéndum debido a la violencia [de la policía española], pero se puso en contacto con toda la administración electoral y nos dijeron que pensaban seguir ejerciendo el derecho a decidir, que seguirían votando dijéramos lo que dijéramos”. Esto sugiere que el referéndum del 1-O fue un éxito gracias a la decisión de la gente, movilizada desde el viernes por la tarde, y a pesar de las dudas del govern.

- se ha sobrevalorado gravemente la solidaridad que podían manifestar con la República catalana las instituciones y los Estados europeos, que ha sido muy débil a pesar de los esfuerzos desplegados por conseguirla.

- y en cambio se ha subvalorado el apoyo que podía obtenerse de los pueblos del Estado español, que ha sido importante en Euskal Herria, pero también se ha manifestado en Madrid, el País Valencià y las Illes, en Asturies, Andalucía, etc. Es una solidaridad que se ha trabajado muy poco, pese al interés objetivo que tenemos todos estos pueblos en acabar con el régimen monárquico.

Y pienso que harían falta las siguientes rectificaciones:

- acumular más fuerzas sociales favorables a la República catalana explicitando que esta tendrá un contenido de democracia radical y que dará satisfacción a las necesidades de la población castigada por más de diez años de crisis económica. Pero no ha de ser un contenido abstracto –del tipo “con la República mejorarán las pensiones”–, sino de grandes reivindicaciones que conciten un amplio consenso entre la población.

- la mejor manera de concretar estas reivindicaciones con un ejercicio de democracia popular sería reformular y poner en pie la primera fase del proceso constituyente prometida por el Parlament, es decir, el Foro Social Constituyente y los espacios de debate territoriales (que expliqué con más detalle en un artículo anterior). Sin embargo, para ser realistas y operativos, haría falta que las organizaciones sociales (en particular ANC, Omnium, CDRs,...) tomaran la iniciativa de iniciar este debate constituyente, y de pedir la colaboración de Ayuntamientos y parlamentarios, sin esperar a que lo haga el govern, para que no se mantenga el incumplimiento de los acuerdos del Parlament de julio de 2016. Estos debates constituyentes deberían buscar la implicación de toda la población interesada en definir un modelo de país, sin distinciones entre independentistas y no independentistas.

- reconocer que un govern hegemonizado por un partido independentista neoliberal no puede conseguir el apoyo social necesario para la independencia. El PDeCAT no ha dejado de poner palos en las ruedas de medidas sociales progresistas, y cuando el Parlament las ha aprobado –por ejemplo, en el caso de la pobreza energética y la vivienda–, el govern no las ha defendido con suficiente energía ni antes ni después de que las suspendiera el Tribunal Constitucional. Un govern que quiera obtener el apoyo de la mayoría de la población a la República catalana tiene que dar, antes de proclamarla, ejemplos prácticos de una orientación diferente en el terreno de la democracia y las reivindicaciones sociales.

- es preciso reivindicar y desarrollar las dos principales conquistas del 1 y el 3 de octubre: 1) la movilización masiva y pacífica por objetivos que concitan un gran consenso social, sin paralizarlas si es preciso desobedecer leyes injustas para llevarlas adelante; 2) la construcción de organismos unitarios de base, democráticos y lo más transversales posible, como hasta ahora han sido los CDR (Comités de Defensa del Referéndum/de la República). Y en paralelo a la lucha seguir manteniendo la disposición de diálogo con el Estado, tal como se ha hecho con el referéndum.

- buscar la confluencia de nuestras luchas con las de los demás pueblos del Estado, tal como han estado haciendo las Marchas por la Dignidad, recuperando la tradición de las luchas contra la globalización, por detener la guerra, por el derecho al aborto, por la supresión de la mili o contra la OTAN. Todos juntos, sin supeditación, pero solidariamente, podemos ser suficientemente fuertes para avanzar en el proceso destituyente del régimen monárquico instaurado en 1978. Es necesario abolir o debilitar fuertemente este régimen para que la República catalana independiente pueda ser una realidad plena. Pero también es conveniente compartir más cosas que luchas concretas u objetivos a la contra (contra la monarquía o contra el régimen del 78), fijando grandes objetivos en positivo: la federación (o confederación) de repúblicas independientes podría ser un punto de encuentro, tal como propone Oscar Simón en un artículo publicado en esta misma web.

Soy consciente de que este artículo y, especialmente, las reflexiones de este último apartado, son polémicas. Pero los cambios importantes requieren reflexiones en profundidad. La pretensión del artículo, más que tener razón, es abrir el debate y combatir la tentación de esconder la cabeza bajo el ala con el viejo argumento de que ahora no toca. Reflexión, por tanto, pero sin ninguna tregua en la lucha por la libertad de los presos, el fin de los juicios políticos y la retirada inmediata del artículo 155.

18/11/2017

Marti Caussa, forma parte de la Redacción de viento sur





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