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Venezuela
De nuevo sobre el ciclo de movilizaciones y violencia de abril-julio de 2017
10/01/2018 | Pedro Huarcaya

Durante cuatro meses, una aguda crisis política agitó Venezuela. Se inscribe en el hundimiento económico que golpea el país desde 2014. Las clases populares venezolanas pagan un duro tributo y subsiste la violencia en todas sus variantes.

El proceso bolivariano suscitó grandes esperanzas en la izquierda radical y hoy está en una situación crítica. Entre abril y julio, el país conoció violentos enfrentamientos. La polarización política entre los partidarios del gobierno y los opositores alcanzó niveles elevados, mientras la mayoría de la población, enfrentada a una creciente precariedad, no se reconoce en ninguno de los dos campos. La caída del precio del petróleo y el hundimiento de la moneda provocan grandes dificultades económicas para las clases populares venezolanas: una inflación galopante y penurias generalizadas, especialmente, de productos de primera necesidad.

Violencia política de todo tipo

Entre abril y julio, Venezuela fue escenario de manifestaciones de la oposición seguidas de violentos enfrentamientos que han provocado la muerte de 124 personas y varios millares de heridas. Un informe de la ONU, juzgado parcial por el gobierno, hace constar una represión brutal por parte de los partidarios del gobierno, haciendo responsables a las fuerza del orden de 46 muertos y a los grupos armados progubernamentales de la muerte de 27 personas. La oposición sería responsable de la muerte de 28 personas (15 en accidentes vinculados a las barricadas, 8 miembros de las fuerzas de orden asesinadas y cinco militantes chavistas linchados) 1/.

Durante estos cuatro meses, la oposición realizó manifestaciones de centenares de miles de personas. Algunas tuvieron prácticas violentas, encapuchados, jóvenes en su mayoría, que se enfrentan con las fuerzas de orden y se autoproclaman Resistencia. En estas acciones violentas contrarias al gobierno destacan actos marcadas por un espíritu de revancha social hacia simples militantes chavistas, con cierta indulgencia por parte de los dirigentes de la oposición conservadora. En este contexto, se manifiestan veleidades insurreccionales más precisas; como el ataque con granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio de Interior por parte de un militar con un helicóptero robado a la policía, o el asalto a la base militar de Naguanagua por parte de una veintena de hombres que pretendían llevar a cabo una “acción cívica y militar”.

Por parte del gobierno, también están los colectivos armados; colectivos muy heterogéneos 2/. Existen grupos antiguos, vestigios de la guerrilla de los años 1960, ahora con una cierta autonomía respecto al gobierno, que llevan a cabo un trabajo social real y aseguran la seguridad de su barrio contra la delincuencia. Por el contrario, otros de reciente creación, sirven de tropa de choque al gobierno, amenazan a quienes no apoyan a Nicolás Maduro con la suspensión de los programas sociales e impiden, a veces físicamente, la celebración de las manifestaciones pacíficas. Algunos atacaron la Asamblea Nacional, secuestrando a los diputados y a los empleados en su puesto de trabajo durante nueve horas con una cierta complacencia del gobierno. Por su parte, el ejército y la policía mantienen un orden cada vez más represivo. El estado de excepción y de urgencia económica en vigor desde hace un año y medio limita el derecho a protestar; en el marco del Plan Zamora, los manifestantes detenidos son llevados ante tribunales militares.

Una controvertida Asamblea Constituyente

El punto de arranque de las movilizaciones fue la decisión del TSJ, incondicional de Maduro, el 30 de marzo último, de desposeer a la asamblea Nacional (en manos de la oposición) de sus prerrogativas y de suprimir la inmunidad de los parlamentarios. Las autoridades venezolanas rectificaron esta iniciativa, pero después de que la oposición ganara las elecciones legislativas en diciembre de 2015, las decisiones de la asamblea Nacional fueron invalidadas por la sospecha de fraude en la elección de tres parlamentarios de Amazonas. La oposición quería convocar un referéndum revocatorio, previsto por la Constitución de 1999, contra Maduro. Su realización fue sistemáticamente retrasada y después, de hecho, suspendida por las instancias electorales favorables a Maduro.

Frente a esta crisis, Nicolás Maduro convocó el 1 de mayo, una Asamblea Nacional Constituyente elegida el 30 de julio. Está integrada por 545 constituyentes, un tercio de los cuales es elegido por los sectores y los otros dos tercios, por sufragio universal por municipios con una fuerte sobrerrepresentación de los sectores rurales donde el chavismo resiste mucho más. En el primer colegio electoral, se constató que cinco millones de venezolanos no se beneficiaron del voto sectorial 3/. Al boicotear la oposición el escrutinio, el único desafío era la participación.

Las organismos oficiales anunciaron cerca de 8,1 millones de electores, es decir, “el mayor número de votos de la revolución” según las palabras de Maduro. En ausencia de observadores de la oposición, es difícil verificar estos datos. Sin embargo, parece poco verosímil que un gobierno que tiene una aprobación de alrededor de un 20 % haya movilizado mucho más que Hugo Chávez en su apogeo de popularidad. Esta votación debe entenderse en un contexto de una polarización política extrema. Nicolás Maduro en persona amenazó a los trabajadores del sector público y a los beneficiarios de los programas sociales de represalias en caso de abstención4/. En muchos barrios, los opositores intimidaban a los votantes para que no fueran a votar, obligando al gobierno a concentrar los locales de votación en las zonas bajo su control. Los candidatos críticos con el gobierno implantados en un sector podían ser declarados, a instancias de la junta electoral, candidatos en otro sector donde su notoriedad era más débil, según Stalin Pérez, a pesar de ser favorable a la ANC 5/.

Las protestas alcanzaron a las élites chavistas. La procuradora general, Luisa Ortega, designada por los chavistas, critica justamente el decreto del TSJ, la gota que colmó el vaso, la ampliación de la represión o la convocatoria de una asamblea Constituyente sin referéndum previo como había hecho Hugo Chávez. Acusada de ser la autora intelectual de la violencia de la primavera, sus cuentas fueron congeladas y se le prohibió salir del territorio. Su destitución fue la primera decisión de la ANC. En tal contexto de polarización, en el que resulta difícil mantenerse independiente del gobierno y de la oposición, se exilió, protegida a partir de entonces por los gobiernos conservadores de la región.

¿Cómo se puede intervenir en esta crisis política?

La MUD, no es una perspectiva política progresista. Está dirigida por neoliberales que jamás han aceptado la presencia en el poder de un dirigente de origen modesto apoyado por las clases populares, Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Desde hace cerca de dos decenios, su base social continúa mucho más centrada en las clases pudientes incluso si estos últimos años, las clases populares urbanas se alejan de forma creciente del chavismo. En relación a las libertades públicas, nada permite suponer que vaya a ser menos autoritaria. Durante el golpe de estado abortado de 2002, los opositores destituyeron inmediatamente a todas las autoridades y ejercieron represión sobre la población. En febrero de 1989, la aplicación ortodoxa de un plan de ajuste de FMI había desencadenado una revuelta reprimida al precio de un millar de muertos.

La deriva autoritaria del gobierno de Maduro no afecta solo a las élites políticas opositoras. En la empresa siderúrgica, SIDOR, o en la empresa pública petrolífera, PDVSA, las elecciones sindicales se han postergado sine die. En estas dos firmas estratégicas, las protestas vienen de lejos 6/, pero el aplazamiento de las elecciones indica el miedo del gobierno a ver a los opositores, a menudo de izquierdas, ganarlas. Las “Operaciones de liberación del pueblo” [operativo militar implantado por Maduro el 13 de julio de 2015, para contrarrestar la violencia] encargadas de restablecer la seguridad en los barrios populares, son acusadas de decenas de asesinatos por los organismos de defensa de los derechos humanos.

La izquierda está dividida respecto a estas iniciativas. Por un lado, el Partido Comunista de Venezuela o Luchas participaron en la ANC que, según ellos, podría ser la oportunidad de bloquear la ofensiva de la derecha y profundizar el proceso de cambio. Por otro lado, están los grupos que se movilizan en la calle y denuncian un gobierno autoritario al impulsar una Asamblea Constituyente para mantenerse en el poder cueste lo que cueste a pesar de una impopularidad creciente. Por ejemplo, el Partido Socialismo y Libertad adopta el eslogan “Fuera Maduro” y participa en los actos políticos de la oposición. Al contrario, Marea Socialista y la Liga de los Trabajadores por el Socialismo mantienen su independencia respecto a los dos campos, intentando con dificultades encarnar una vía alternativa para las clases populares venezolanas.

El 15 de octubre se celebraron elecciones regionales y se produjo la victoria del gobierno en 18 estados de 23, especialmente, por la desmovilización de la oposición 7/. Sin embargo, la crisis política no ha terminado por dos razones: la polarización sigue siendo muy fuerte en el país y la situación económica es crítica.

El hundimiento de un modelo económico rentista

Aunque Nicolás Maduro se mantenga en el poder o se marche, aunque se cree o no un gobierno de unidad nacional, la situación económica de las clases populares venezolanas sigue siendo preocupante. El gobierno explica que se trata de una guerra económica urdida por las antiguas élites en búsqueda de revancha. El ejecutivo acusa también a quienes revenden los productos subvencionados en el otro lado de la frontera, que se llaman bachaqueros. Este término engloba realidades muy diferentes, desde la familia que intenta encontrar soluciones individuales de supervivencia hasta malhechores a la cabeza de un jugoso negocio que genera centenares de miles de dólares de beneficio. Para evitar este desvío de productos subvencionados, el gobierno decidió la creación de Comités locales de Aprovisionamiento y Producción (CLAP) que llevan directamente los productos a sus beneficiarios. Esta creación individualizada es acusada de representar una deriva clientelista en la distribución de los programas sociales.

A partir del descubrimiento del oro negro, hace cerca de un siglo, las inversiones han abandonado la agricultura por la extracción de petróleo 8/. Desde esa fecha, la economía del país es rentista, dependiente de petróleo que representa más del 95% de las exportaciones del país, la mayor reserva mundial comprobada. Si bien Hugo Chávez redistribuyó una parte de la riqueza entre los sectores más modestos, no ha diversificado las fuentes de ingresos. Prisionera de este extractivismo, la economía venezolana sufre de lleno la caída del precio del petróleo desde el verano de 2014.

La huida hacia adelante extractivista

En una huida hacia adelante desesperada, a comienzos de 2016, el gobierno Maduro publicó el decreto llamado “el Arco minero del Orinoco” que intenta confiar 12 000 Km² , o sea 12 % de territorio nacional, a decenas de multinacionales extranjeras (chinas, rusas pero también occidentales como la Gold Reserve canadiense) para la explotación de oro, diamantes, hierro, coltán, bauxita y otros minerales 9/.

Este proyecto contradice la afirmación de soberanía nacional sobre el subsuelo proclamada en la constitución promulgada en el momento del acceso al poder de Hugo Chávez. El Arco minero del Orinoco debe su existencia legal a su estatuto de Zona económica de desarrollo nacional, versión venezolana de la Zona económica especial china, eliminando impuestos, derechos del trabajo... Este proyecto es nocivo para los asalariados pero también para decenas de comunidades indígenas que viven en esas tierras desde hace siglos.

Detrás de este proyecto, se constata el mantenimiento del modelo extractivista en la perspectiva del gobierno, paradigma en el origen de la crisis económica actual acentuando la dependencia del petróleo, descuidando la diversificación de las fuentes de ingresos, enfermando a la sociedad en una lógica cortoplacista. Si la oposición neoliberal critica radicalmente el proyecto de la Asamblea Constituyente, no se moviliza contra el Arco minero del Orinoco, compartiendo en el fondo el proyecto de desposesión de las tierras indígenas, de explotación de los trabajadores y de depredación del medioambiente con el gobierno de Maduro.

La desviación de las tasas de cambio

Otro fenómeno concurre en esta crisis económica, el hundimiento de la moneda. Desde hace quince años, las grandes empresas desvían el control de cambio, con la complicidad de altos funcionarios gubernamentales mediante la sobrefacturación de importaciones o la demanda de dólares subvencionados por importaciones no realizadas. Los economistas calculan la fuga mediante esta desviación 10/ en centenares de miles de millones.

Hoy, las diferencias entre el cambio oficial y el oficioso es de 1 a más de 3000. Esta separación limita las importaciones, incluyendo los productos de primera necesidad. Desde hace más de un año, los venezolanos sufren penuria de alimentos y medicinas. La tasa de inflación tiene una espiral ascendente. Según el FMI, era de 69 % en 2014, 181 % en 2015, 255 % en 2016. Está previsto que llegue a 1134 % en 2017 y 2530 % en 2018. Los salarios están lejos de tener una evolución semejante. El salario integral, que reúne el salario mínimo y los tickets-comedor que son la mayoría, solo representan el 24 % de los gastos de alimentación mensuales de un hogar y el 18,7 % de los gastos básicos (incluyendo la salud, la vivienda, etc.).

Frente al fin de ciclo de los gobiernos progresistas

El gobierno Maduro no está solo debilitado por una crisis política y económica sino también por la llegada al poder de coaliciones conservadoras en los otros países latinoamericanos. Durante una quincena de años, fueron elegidos gobiernos progresistas gracias al apoyo de los movimientos sociales y beneficiándose de los precios altos de las materias primas. Mientras que Hugo Chávez obtuvo el apoyo de sus homólogos continentales en coyunturas críticas (el golpe de Estado abortado en 2002 o el bloqueo económico entre diciembre de 2002 y febrero de 2003), en América del Sur se produjo un cambio de la coyuntura desde el otoño de 2015.

La elección de presidentes liberales en Argentina y Perú, el golpe de Estado institucional en Brasil, constituyeron otras tantas malas noticias para Nicolás Maduro. Estos países que han girado recientemente a la derecha presionan al gobierno Maduro para que acepte las reivindicaciones de la oposición. Venezuela ha sido suspendida en la organización regional de libre cambio, Mercosur, por “ruptura del orden democrático”, un motivo que paradójicamente no fue invocado contra Brasil por el golpe de Estado institucional de la primavera de 2016, dando pruebas del carácter político de la etiqueta democrático como herramienta de legitimación o de deslegitimación.

La institucionalización del proceso bolivariano

La coyuntura venezolana es muy diferente a la del periodo 2002-204, cuando la oposición también desarrollaba una estrategia insurreccional para derrocar al gobierno, en ese caso, de Hugo Chávez. En la primera mitad de la década del 2000, la patronal es el principal actor de la coalición golpista. El efímero presidente salido del golpe de Estado de abril de 2002 es el dirigente de la principal federación empresarial, Fedecámaras. El gobierno de Chávez no tenía el control total de las fuerzas del orden y de las instituciones judiciales pero utilizó su gran popularidad entre las clases populares para hacer fracasar la tentativa de derrocamiento.

Un decenio después, el gobierno se pone de acuerdo regularmente con la patronal en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se reunió en 48 ocasiones durante 2016. Nicolás Maduro utiliza ahora su tutela de las instituciones judiciales y de las fuerzas del orden para intentar contener el creciente descontento respecto a él de las clases populares.

Una presión permanente del imperialismo estadounidense

Si hay algo permanente durante este periodo, es el enfrentamiento diplomático entre el gobierno chavista y la potencia imperialista de la región, Estados Unidos. El Tío Sam, entonces dirigido por George W. Bush, fue uno de los dos Estados del mundo (con la España de José María Aznar) en reconocer el efímero gobierno golpista de abril de 2002. En marzo de 2015, Barack Obama tomó por decreto medidas contra las autoridades venezolanas, al juzgar que “la erosión de las garantías respecto a los derechos humanos en Venezuela (…) constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos”.

La llegada al poder en Washington de un presidente tan imprevisible como Donald Trump podría presagiar una evolución a tenor de la revelación de la prensa del financiamiento de su investidura con medio millón de dólares por parte del gobierno venezolano vía Citgo, filial estadounidense de PDVSA 11/. Las sanciones de la Casa Blanca en términos de congelación de fondos que afectan a una veintena de dirigentes, entre ellos a Maduro, se inscriben en la línea del decenio y medio de injerencias. En una huida hacia adelante belicista, Trump incluso ha amenazado a Venezuela con la opción militar, lo que no se ha acompañado de maniobras militares y, por ahora, parece una simple bravuconada más del presidente estadounidense.

A nivel económico, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han estado marcadas por un cierto pragmatismo económico. Más de 18 años después del acceso al poder e Hugo Chávez, Estados Unidos siguen siendo el principal cliente y el principal proveedor de Venezuela. De forma recíproca, la nación sudamericana es el tercer proveedor de petróleo de la potencia norteamericana, próxima geográficamente y para la que la suspensión de estos flujos supondrían un alza del precio de la gasolina.

Hasta el presente, los enfrentamientos diplomáticos han tenido limitadas consecuencias económicas. El total de las exportaciones e importaciones con Estados Unidos se ha reducido diez puntos entre la primera y la segunda mitad de la presidencia de Chávez, mientras que los intercambios con Brasil, e incluso más con China, han aumentado en una proporción similar. Sin embargo, la administración Trump ha publicado un decreto que prevé la prohibición de comprar nuevas obligaciones emitidas por Venezuela o por PDVSA. Esta decisión corre el riesgo de tener graves consecuencias en un país ya en crisis, y podría precipitar una suspensión de pagos. La MUD (coalición de la oposición de la derecha venezolana) se ha felicitado por estas medidas, desvelando aún más su naturaleza reaccionaria.

Reconstruir una alternativa anticapitalista

Actualmente las clases populares venezolanas viven una situación trágica por múltiples razones y al mismo tiempo, una crisis política y económica. El gobierno, incapaz de poner fin a las penurias, sigue pagando puntualmente una deuda externa creciente que será cada vez más difícil de pagar con las sanciones estadounidenses. Si continúa la tendencia de estos últimos meses, no puede descartarse la puesta en práctica de un régimen autoritario con una importante influencia del ejército.

La oposición de la MUD no representa para nada una perspectiva progresista. Ni su orientación neoliberal, ni su llamada a las fuerzas armadas son susceptibles de mejorar el día a día de las clases populares venezolanas. Con un ideal socialista erróneamente atribuido al gobierno de Maduro, las fuerzas de izquierda tienen actualmente un margen de maniobra reducido. En esta difícil situación, tenemos que dejar muy clara nuestra solidaridad con todas las personas que en el país siguen luchando con la perspectiva de redistribución de la riqueza mediante la auto organización de la población.

28/12/2017

https://npa2009.org/actualite/international/venezuela-retour-sur-le-cycle-de-mobilisations-et-violences-davril-juillet

Notas

1/ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), « Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017 », Ginebra, agosto de 2017.

2/ Ver la entrevista a Alejandro Velasco de Pablo Stefanoni, “ Pourquoi les secteurs populaires ne descendent-ils pas des collines ? ”, revista l’Anticapitaliste n° 90 de septiembre de 2017.

3/ Edgardo Lander, « La asamblea constituyente madurista », Brecha, 4 de agosto de2017.

4/ “Maduro ordena revisar votos de trabajadores de la Administración Pública y beneficiarios de programas sociales”, aporrea.org, 18 de julio de 2017.

5/ Stalin Pérez Borges : "La ANC debe crear condiciones para un nuevo Estado verdaderamente democrático y participativo" », aporrea.org, 4 de agosto de 2017.

6/ Thomas Posado, “L’Etat régional du Bolívar au Venezuela. Reflet du désalignement entre le gouvernement chaviste et le mouvement ouvrier ”, Mouvements, n°76, 2013, pp.105-116.

7/ Sobre estas elecciones, ver los análisis de Pablo Stefanoni, Fernando Molina et Marc Saint-Upéry, https ://alencontre.org/ameriques/amelat/venezuela/venezuela-elections-du-15-octobre-ni-le-gouvernement-ni-lopposition-ne-sattendaient-a-ce-resultat.html, ainsi que de Patrick Guillaudat, https ://npa2009.org/actualite/international/elections-regionales-au-venezuela-une-victoire-en-trompe-loeil-pour-maduro.

8/ Fernando Coronil, ”El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela ”, Caracas, Ed. Nueva Sociedad, 2002, p.99.

9/ Emiliano Teran, « Orinoco al extremo : la Faja Petrolífera y el Arco Minero, extractivismos de alto riesgo », in « Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica » (bajo la coordinación de Hernán Scandizzo), Oilwatch Latinoamérica, 2017, pp.74-81.

10/ ”Sinfonía de un Desfalco a la Nación : Tocata y fuga... de Capitales”, aporrea.org, 8 de septiembre de 2014.

11/ “El Gobierno de Caracas donó medio millón de dólares para la investidura de Trump ”, El País, 20 de abril de 2017.

Traducción viento sur







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