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Estado español
La crisis del régimen del 78
09/01/2013 | José Errejón

La Constitución vigente, de la que ahora se cumplen 34 años de su promulgación, instituyó un régimen político en el que algunos vemos determinados síntomas de crisis. Esta posición puede dar lugar a ciertos equívocos que los comentarios que siguen pretenden contribuir a desechar. Para ello, se describen en primer lugar y en forma sumaria los principales rasgos que lo han caracterizado, para señalar sus principales factores de crisis, entre los que destaca la crisis del acuerdo social subyacente, prestando atención a la crisis del trabajo como elemento definidor de ciudadanía, y la crisis de la izquierda.

Se procede, en primer lugar, a describir de forma sumaria los rasgos principales del régimen del 78, poniendo de relieve la confusión originaria entre el contenido esencial que se reclamaba, la soberanía popular como núcleo esencial de legitimidad del Estado democrático y la forma de institución y organización de las instituciones de ese Estado, con la obediencia a la Constitución y a las leyes como prueba suprema de la existencia misma de la democracia.

Los elementos pilares sobre los que se construye el régimen se corresponden con los conflictos que históricamente habían conducido a la irreversible crisis del régimen franquista; a saber, el conflicto con el mundo del trabajo y el conflicto territorial. Enunciadas las soluciones que la Constitución instituye para ambos conflictos, se analizan a continuación los factores que han puesto en crisis su funcionalidad.

Las crisis de la izquierda del régimen y los efectos de la crisis en aparato del Estado son analizados como indicadores de la crisis y causas que la retroalimentan. La hipótesis es que al ser asociado el régimen en el imaginario popular a una creación de la izquierda y que su crisis arrastra con él a una cierta izquierda, esto abre posibilidades a “otra izquierda” que se plantee superar los mitos del capitalismo y del Estado del bienestar. Escudriñar esas posibilidades es la razón última que justifican estos comentarios

El régimen del 78

El régimen del 78 es la forma política que adoptó el proyecto de desarrollo capitalista en España, tras el agotamiento de la forma dictatorial vigente durante cuatro décadas. Descritos de forma sumaria, los pilares de dicho régimen son:

1. Un pluralismo político atenuado por una normativa electoral que penaliza las opciones críticas con el sistema socioeconómico que no disponen del apoyo de las entidades de crédito;

2. Un acuerdo social entre la representación del mundo del trabajo, institucionalizada al efecto, y la del capital, con intercambio de legitimidades y con renuncia de los primeros a intervenir en la orientación de la política económica de las empresas y del Estado;

3. una notable y generalizada descentralización de competencias y funciones del Estado en niveles sub-estatales como forma de neutralizar las aspiraciones a la autodeterminación de los pueblos y naciones sometidos a la dominación de Estado español; y

4. todo ello bajo la vigilancia de los aparatos coercitivos heredados de la dictadura y el mando del jefe del Estado cuya primera fuente de legitimidad ha sido la designación del propio dictador como su sucesor a título de rey y con arreglo al ordenamiento jurídico de la dictadura.

La constitución política del régimen dio forma al pacto entre las formaciones políticas democráticas opuestas en diferente medida a la dictadura y los herederos de la misma y gestores de la transición. Asimismo, asentó un pacto social a distintos niveles que explica tanto la historia de este país en estos decenios como la grave crisis histórica en la que se encuentra. Un acuerdo social, por una parte, entre los representantes del mundo del trabajo y el Estado, en nombre de los intereses colectivos de toda la burguesía, como capitalista colectivo, por virtud del cual los primeros conseguían un cuadro de derechos sociales y políticos correspondientes a lo que en los Estados europeos de entonces se llamaba sociedad del bienestar, a cambio de limitar su participación en la dirección de las empresas a la negociación colectiva de los salarios y en la dirección de la economía nacional a través de su participación más simbólica que real en los órganos paritarios de concertación. Y, por otra, un acuerdo nunca formalizado entre las distintas fracciones de la burguesía para definir un auténtico proyecto histórico en virtud del cual el capital financiero, a través de las grandes corporaciones de la construcción y el negocio inmobiliario pero también de las grandes compañías energéticas, han conducido, de hecho, la política económica a lo largo de este período.

El acuerdo social en España ha estado basado en las expectativas de trabajo (o, tal vez mejor, de empleo) y bienestar para los de abajo a cambio del respeto a la dominación capitalista del conjunto de la vida social y la indiferencia ante el expolio del territorio y los recursos naturales.

El trabajo en la constitución del 78

Por lo que al trabajo se refiere, la Constitución, tras reconocer el derecho de todos a “sindicarse libremente”, proclamó “el deber de los españoles a trabajar y el derecho al trabajo”, la “libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y la “defensa de la productividad”. En suma, proclamó el sistema capitalista de producción, distribución y consumo del que forma parte la existencia de una fuerza de trabajo libre para venderse en el correspondiente mercado; y lo hizo entronizando la defensa de la productividad en la empresa y en la economía (es decir, los intereses de los patronos) como valor supremo que subordina los derechos de sindicación y de huelga reconocidos en el Art. 28. Conviene recordar esto ante las ensoñaciones de algunos teóricos de la izquierda del régimen que han llegado a teorizar la existencia de un “alma socializante” de la Constitución que, potencialmente, permitiría modelos de transición a sistemas post-capitalistas sin romper el edificio constitucional.

Si al entramado constitucional descrito se le une la integración en el mercado común europeo y los efectos que sus imperativos de libertad de circulación de capitales y mercancías han tenido sobre las políticas de regulación, control y protección de los “mercados de trabajo”, se puede tener una idea bastante precisa de la situación efectiva del mundo del trabajo en el régimen del 78.

No obstante, y a causa de la posición institucional que los sindicatos tienen en el entramado del régimen y en su funcionamiento cotidiano como apoderados del mundo del trabajo, ha podido instalarse como valor comúnmente admitido, la idea, machaconamente repetida por la CEOE, del “excesivo peso” de los costes, directos e indirectos, del trabajo sobre la economía de las empresas y la economía nacional; y ello, a pesar del continuo descenso de las rentas del trabajo en el total de la Renta nacional.

A partir de aquí la “lucha de clases” se expresará como lucha por hacer efectivos los derechos proclamados en la Constitución y por su defensa contra los ininterrumpidos ataques que desde su promulgación le dirigieron la patronal y los gobiernos que se han sucedido. Las luchas obreras se convierten así en una invocación y constante reclamación por el cumplimiento de la Constitución y el movimiento sindical (el término “movimiento obrero” quedará para los grandes fastos y para animar a los piquetes en las huelgas generales) en el principal movimiento constitucionalista, por tanto el principal defensor del modelo de capitalismo consagrado en la misma.

El resto de los derechos sociales que configuran el llamado Estado del Bienestar han contribuido asimismo al soporte de la legitimidad del régimen: el empleo, aunque el desempleo nunca haya bajado por debajo de lo que los economistas sistémicos consideran umbral de seguridad; la educación pública y gratuita, aún cuando la privada no haya dejado nunca de contar con el apoyo de los recursos públicos; la sanidad pública universal impulsando el espectacular negocio de la industria farmacéutica; y, en fin, la vivienda en propiedad sostenida sobre el esfuerzo y el endeudamiento de las familias trabajadoras. Todos ellos han constituido los pilares sociales del régimen, la contraprestación que le ha otorgado legitimidad a lo largo de estos tres decenios. “Conquistas” que ahora se ven amenazadas y para cuya defensa convoca la izquierda del régimen

La “solución” del problema territorial

La articulación territorial del Estado establecida por el Titulo VIII de la Constitución pretendió solucionar la “inorganicidad” del Estado moderno desde su instauración tras la guerra de Sucesión que encumbró a la dinastía borbónica. Dos siglos y medio en los que para muchos pueblos y naciones de la Península ibérica, el Estado ha sido antes que nada, un ejército de ocupación y un aparato de exacción de tributos y, de forma especial en Catalunya y Euskal Herría, un poder opresivo de sentimientos, lengua y cultura.

La instauración de la democracia no podía sino ser o materializarse en primera instancia sino como el ejercicio del derecho de autodeterminación; es decir, la posibilidad de decidir si se quiere formar parte o no de una determinada comunidad nacional. El consenso constitucional alcanzado con las derechas nacionalistas permitió a éstas presentarse como las gestoras de un proceso de transición de duración indeterminada que desde el actual Estado de las autonomías condujera a la soberanía nacional, combinando la negociación y participación en las responsabilidades del Estado (más CiU que el PNV) con la presión popular controlada por estos partidos pero sin renunciar, llegado el caso, a rentabilizar las más directas expresiones del nacionalismo venidas de su izquierda.

El proceso se ha combinado con otro de descentralización administrativa constitucionalmente soportado por el reconocimiento, en el Art. 137 de "... la autonomía de municipios, provincias y las CCAA que se constituyan" y en las que se organiza territorialmente el Estado. Durante la etapa de gobierno de la UCD, este proceso se incentivó al máximo mediante la promulgación de los Estatutos de Autonomía de diversas regiones y su ulterior desarrollo en el marco de sucesivas leyes básicas que terminan configurando un marco jurídico político no tan distinto de la desconcentración administrativa ya diseñada por los tecnócratas del franquismo. La relevancia política de este proceso está asociada al impulso de las políticas sociales y ambientales en las que las CCAA tienen competencias aunque no siempre soportadas por los recursos presupuestarios precisos

La denuncia del acuerdo social por los de arriba

Pero este acuerdo simbolizado en la Constitución ya no puede ni quiere ser mantenido por el capital, para quien ha dejado de resultar funcional el proceso de reproducción de la clase obrera: antes línea de negocio y oportunidad de inversión, ahora contemplado como simple coste de explotación de una economía cuyos niveles de rentabilidad/viabilidad no convencen a los inversores.

La crisis que desde hace 5 años castiga a la sociedad española la puede sumir en un estado de postración similar al vivido a lo largo del siglo XVII. Los grupos sociales económica y políticamente dominantes, primeros beneficiarios del modelo económico que ha devastado los principales recursos naturales y bienes comunes, están retirando de forma acelerada los capitales acumulados en buena parte durante el último período. La situación es expresiva del diferencial de solidaridad que los principales grupos sociales aportan al esfuerzo colectivo. El desmoronamiento de la estructura económica y social está cayendo sobre los grupos sociales más desfavorecidos que se ven amenazados por un futuro de miseria para varias generaciones. Ahí reside una de las primeras causas explicativas de lo que vamos a llamar la crisis del régimen del 78: la sensación creciente entre capas cada vez más amplias del pueblo de que los daños de la crisis en modo alguno se reparten en la forma equitativa que proclama la Constitución.

La oligarquía financiera, aliada histórica de los señores de la tierra y los militares como pilares del régimen de la monarquía borbónica, ha sido la fracción dirigente de bloque inmobiliario rentista dominante en la últimas décadas e inspiradora de las orientaciones estratégicas de la política económica española. Es por eso que le corresponde la mayor parte de la responsabilidad en la catástrofe económica y social que padecen las clases subalternas

El fracaso de estas orientaciones de política económica ha precipitado la crisis del régimen del 78, ese régimen de alternancia bipartidista gestor del capitalismo del bienestar, sustentado desde los 80 en la expansión del negocio inmobiliario y la devastación del suelo y los recursos naturales.

Agotado este modelo que (hay que repetirlo) ha sido la base material del régimen, la gobernación de los asuntos comunes se resiente de una ausencia de alternativas, lo que está haciendo posible, con el gobierno del PP, que esta dirección recaiga de forma efectiva en manos de las burocracias de la UE, el BCE y el FMI. En este punto histórico, el Estado español se configura materialmente cada vez más en un régimen de colonia o de protectorado, con el beneplácito de algunos sectores de la sociedad española, especialmente sus élites, que desconfían de la capacidad de autogobierno de la misma en una coyuntura crítica como la presente. Así, el pesimismo y la fatalidad que en otras épocas ha atenazado las energías colectivas de la sociedad española, son difundidos por estas mismas élites con la pretensión de convertirlos en el sentido común dominante.

En esta enumeración de los factores de crisis del régimen del 78 no puede olvidarse la forma de integración en un proyecto europeo que ha visto el paso del modelo fordista keynesiano de regulación a la globalización y la financiarización. Los impactos de una y otra en España deben ser analizados por separado.

El de la globalización se manifiesta ante todo por la incardinación del Estado español en la división del trabajo sobre la que se basa la UE y que supuso en su día la desaparición de sectores enteros de la economía española como la siderurgia, la construcción naval, la ganadería, etc.

El efecto de la segunda –financiarización- se ha vivido, sobre todo, como un incremento exponencial de la tasa de endeudamiento de familias y empresas, primero, y del Estado después, cuando a la disminución de ingresos tributarios derivados de los procesos de desfiscalización puestos en marcha por los gobiernos del PSOE y del PP, se le han venido a añadir la caída de los ingresos procedentes de los tributos existentes junto con la carga derivada de las diferentes medidas de ayuda a sectores económicos en crisis, el financiero muy en primer lugar.

La “caja de herramientas” del régimen no está preparada para arreglar averías del capitalismo como la presente. Ante el sufrimiento individual y social que provoca la crisis (ver cadena de suicidios), la reacción de los dos partidos de gobierno es reformar una ley injusta sin tocar lo esencial que es la relación de efectivo vasallaje existente entre familias y entidades de crédito. Un régimen político diseñado para transitar el camino hacia su integración en un ámbito supraestatal percibido como la meca del bienestar y los derechos sociales (la UE) se adapta mal a una situación de desarticulación generalizada y vuelta hacia un estado de naturaleza en la relación entre los Estados y, desde luego, al interior de alguno de ellos. En este tránsito, el Estado del Bienestar ha servido para la primera acumulación de recursos de las clases medias; con su crisis, la lógica “solidaria” que lo inspiraba ha sido paulatinamente sustituida por la lógica del aseguramiento, los incrementos salariales pactados por el endeudamiento a bajo precio y largo período de amortización.

La crisis del modelo territorial

Ciertamente ha habido factores más inmediatos de crisis de régimen. Entre ellos es obligado citar la aceleración de la desafección social en Catalunya, precipitada por el desprecio al proyecto de Estatuto aprobado por el parlamento catalán que culminó en la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales 14 de sus artículos. Todos los observadores la vieron como el fin de las esperanzas que la sociedad catalana o, al menos, sus sectores más claramente soberanistas, habían puesto en el régimen del 78 para encontrar satisfacción a sus aspiraciones nacionales.

Es evidente, también, la influencia que el fracaso del proyecto de la España plural urdido por Zapatero y Maragall ha tenido en esa pérdida de confianza, de la misma manera que la misma ha sido uno de los factores más importantes en la aceleración de la crisis del régimen del 78. Generaciones nacidas libres de la influencia del terror de la represión franquista han hecho suya de forma crecientemente la aspiración por la autodeterminación nacional como un corolario lógico del hecho mismo de vivir en democracia; y no parecen dispuestas a seguir soportando el peso asfixiante de un Estado en quiebra y enfeudado a los banqueros y a las grandes compañías trasnacionales.

Aprovechando los efectos de la crisis fiscal de las administraciones públicas, la derecha ha emprendido asimismo un proceso de vaciamiento de las competencias de las CCAA que se enmarca en el ataque medular que perpetra contra los derechos y las prestaciones del Estado del Bienestar, porque han sido las administraciones autonómicas las que han desarrollado la mayor parte de estos derechos y prestaciones.

Ni la derecha ni las clases dominantes cuyos intereses defiende han creído nunca en el llamado Estado autonómico. La primera lo utilizó para cimentar un poder clientelar momentáneamente perdido en los primeros momentos del régimen pero recuperado pronto a impulso del modelo de crecimiento basado en la expansión urbanística y del negocio inmobiliario. La predominancia de este modelo y el consiguiente papel de motor del crecimiento desempeñado por la construcción residencial y la obra civil han permitido asentar un auténtico bloque social inmobiliario rentista bien cohesionado por el flujo de crédito suministrado por las entidades financieras, convertidas en el comando efectivo de la economía española. Aún sin cambiar nada de lo esencial en su funcionamiento cuando la hegemonía territorial le correspondía al PSOE, la derecha ha ido poco a poco ocupando estos ámbitos de poder y reforzando las bases de su hegemonía política en las CCAA, desde la que se plantea el asalto en toda regla contra las instituciones más molestas del régimen del 78.

El capital financiero, por su parte, tras su reconversión de propietario del principal tejido industrial español a impulsor y financiador de la espectacular expansión del negocio inmobiliario, ha visto con desconfianza el impulso y desarrollo del complejo de servicios públicos autonómicos y, desde el principio, se dispuso a pujar por su conversión en líneas de negocio de las que sacar suculenta tajada.

El hundimiento del sector de la construcción y la quiebra de una parte del sistema financiero reduciendo los ingresos de las administraciones territoriales y engordando el déficit público por cuenta del rescate al sector, condena a las administraciones autonómicas a un lento languidecimiento sometido a la vigilancia del Ministerio de Hacienda, lo que puede dar la traste con los restos de su autonomía.

No se trata, contra lo que dice el Gobierno, de reducir el despilfarro y mejorar la eficiencia. El Gobierno y la CEOE saben que durante estos tres decenios, las prestaciones sociales, aunque hayan estado por debajo de las necesidades sociales, han asentado una demanda de servicios públicos sobre la que se basan las expectativas de negocio de grandes empresas previa su privatización. La expansión del negocio de las grandes corporaciones médicas, muy próximas a los gobiernos del PP, es una buena ilustración de lo que se avecina. Dicho de otra manera, los servicios actualmente prestados por las administraciones autonómicas no van a volver a ser prestadas por la administración del Estado sino por las grandes empresas del sector servicios con criterios de beneficios de cuya aplicación van a salir perjudicadas, con seguridad, las capas menos pudientes de la población

Es difícil defender el modelo de distribución territorial asentado en el Título VIII de la Constitución concebido, como ya se ha dicho, para asfixiar las aspiraciones a la autodeterminación de los pueblos de Euskal Herría y Catalunya. No obstante, y a pesar del desprestigio de estas administraciones a causa de la corrupción y el clientelismo que han anidado en muchas de ellas, los sectores populares perciben la desaparición de esos servicios como un grave daño a sus condiciones de vida.

Crisis del régimen, crisis de la izquierda

La crisis del régimen es crisis de la izquierda porque en buena medida el imaginario social ha percibido al régimen como una “obra de la izquierda”. Esta afirmación que puede escandalizar en ámbitos en donde se niega la condición de izquierda a las políticas emprendidas por los gobiernos del PSOE, debe ser tomada en consideración para valorar y comprender la posición de algunos sectores populares en relación con la crisis del régimen y la naturaleza esencialmente defensiva que adoptan algunas luchas populares de un evidente potencial anticapitalista.

La crisis del régimen afecta sobe todo a la izquierda, es el sentido de la izquierda lo que está en cuestión por efecto del desmoronamiento del Estado del Bienestar. En algún momento de la historia del régimen se puso de manifiesto la inviabilidad de Estado del Bienestar, su incompatibilidad con el modelo de capitalismo español realmente existente. La integración en la UE y sus Tratados neoliberales ha sido un hito de influencia creciente en la inviabilidad del Estado de Bienestar.

El PSOE es y ha sido el partido del régimen. Reapareció con el nacimiento del régimen, lo ha desarrollado incluso en su basamento social, ha influido poderosamente en la percepción social del mismo, configurando en buena medida el imaginario colectivo, y, al mismo tiempo, ha revelado sus inadecuación. La crisis del PSOE y la del régimen revelan la imposibilidad de construir una sociedad del bienestar sin remover los fundamentos y los equilibrios que caracterizaban la sociedad franquista

La derecha no sufre la crisis del régimen; al contrario, su hegemonía política es un indicador de esta crisis, un síntoma de la creciente desafección social hacia el régimen, de la pérdida de confianza de los de abajo en ver aseguradas las condiciones de vida y el disfrute de derechos prometidos. Entonces, o bien se han abstenido o bien han optado por apoyar a la derecha en la esperanza de beneficiarse con la prosperidad de los negocios de los ricos, incluso si ello conllevaba condiciones de trabajo y de vida mucho más duras, una notable pérdida de derechos y el crecimiento de las desigualdades e injusticias sociales.

El compromiso de la derecha con el régimen constitucional siempre fue puramente instrumental, ha vivido dentro de él para defender los intereses de los poderosos contra los eventuales y siempre tímidos “ataques” de la izquierda del régimen en el gobierno. Sobre la creciente deslegitimación de los gobiernos del PSOE y la incapacidad de los sindicatos y los partidos a su izquierda para levantar una alternativa creíble al hundimiento de la socialdemocracia, la derecha ha conseguido presentar la crisis capitalista como el resultado de la incompetencia de los gobiernos socialistas y el despilfarro inherente al Estado del Bienestar y aparecer como la única alternativa posible y realista para sacar al país de la “crisis”.

La gente de abajo ha podido comprobar la naturaleza de los remedios de la derecha a los males de la economía española. Las políticas del PP han estado jalonadas por un sistemático ejercicio de recorte de derechos y ataques contra las condiciones de vida de las capas asalariadas y subalternas.

La revuelta contra estas agresiones, iniciada desde el último gobierno del PSOE con el surgimiento del movimiento 15M, se ha visto ahora engrosada con la participación de los sindicatos que han llamado a defender las conquistas del 78 y el diálogo social, que se considera amenazadas exclusivamente por la acción de un gobierno de derechas, sin mostrar la forma en la que la crisis global del capitalismo es la verdadera amenaza para estos derechos y prestaciones sociales asociadas al Estado del Bienestar y a su régimen político. Parecería que las movilizaciones impulsadas van dirigidas a que el capital respete sus compromisos y sus promesas, luchar por seguir dentro de la relación capital y no por impugnarla

Sin embargo, ha sido la crisis de este período de bonanza basado en la financiarización y el endeudamiento lo que ha arrastrado en su caída al régimen del 78 de forma imparable. Las instituciones que, como los sindicatos, le prestaban lo esencial de su legitimidad entre las capas subalternas y asalariadas, van quedando invalidadas para el desempeño de su función constitucional por causa del arrinconamiento al que han sido sometidas por la reestructuración continuada de la fuerza de trabajo llevada a cabo por los gobiernos. La reducción del coste del trabajo, buscando el incremento de los beneficios, ha tenido un efecto contradictorio al reducir la tasa de ganancia y acentuar por ello los factores estructurales de la crisis capitalista.

En adelante, la relevancia del trabajo, enfáticamente proclamada por la Constitución, queda claramente devaluada por esta creciente “devaluación” inducida por el movimiento de reestructuración capitalista. En la sociedad del trabajo sin trabajadores que lleva camino de convertirse la sociedad española, el trabajo tiende a convertirse cada vez más en un instrumento de disciplina y control y las instituciones que hasta ahora han realizado funciones de mediación en su relación con el capital, los sindicatos, se enfrentan al dilema de estar al servicio de esas funciones o alterar radicalmente su cometido

Así pues, el régimen del 78 entra en crisis porque deja de resultar útil para la mayoría de la población. Para los de arriba, porque habiendo entrado en una tendencia cada vez mayor de descenso de la tasa de ganancia (por efecto de factores cuyo análisis no podemos hacer aquí) y pinchada la burbuja inmobiliaria que actuaba desde 1998 como auténtico motor del crecimiento económico, las instituciones y derechos sociales derivados de la Constitución se convierten en una rémora en la carrera por aumentar la tasa de plusvalía absoluta de la fuerza social de trabajo.

Para los de abajo, porque la situación de crisis económica con su secuela de recesión y paro, unida a la actitud vacilante y temerosa de las direcciones sindicales y la izquierda del régimen, convierte en papel mojado la existencia de las instituciones y derechos antes citados.

Y para las llamadas clases medias, porque el descenso de beneficios de los de arriba y el empobrecimiento de los de abajo reduce las posibilidades de prosperidad que han disfrutado, además de situarlas como grupos rehenes para mantener el umbral mínimo recaudatorio para atender los servicios públicos esenciales.

Privado de la lealtad social de la que ha disfrutado desde su nacimiento, enfrentado a una coyuntura histórica global para la que no estaba preparado y gobernado por partidos que solo por razones instrumentales adhirieron la Constitución (la derecha española mientras recuperaba la fuerza y la adhesión social perdido durante los años de la transición, las derechas nacionalistas como plataforma desde la que trabajar por sus proyectos soberanistas), el régimen político del 78 entra en una crisis irremediable.

La crisis del régimen está claramente asumida por las clases dominantes y es impulsada por el gobierno del PP. Del conjunto de las instituciones de la Constitución del 78, solo parecen estar resistiendo la ofensiva reestructuradora aquellas que pervivieron del régimen franquista, la corona, las fuerzas armadas y los cuerpos represivos.

La corona parece seguir desempeñando una función de unidad del conjunto de las clases dominantes; incluso allí donde esta función no aparece como indispensable como en Euskal Herría y Catalunya, sus respectivas burguesías no ven una rentabilidad apreciable en la “inversión” en el cambio del régimen monárquico.

Los aparatos coercitivos del Estado, mantenidos y fortalecidos durante toda la historia del régimen, parece claro que van a sobrevivirle aunque en el caso de la policía se detectan tendencias reivindicativas que aunque muy débilmente, parecen apuntar posibilidades de cuestionamiento de sus funciones represivas para con los derechos de las capas subalternas.

Con este bagaje y con el desmantelamiento previo de las instituciones de la concertación de clases expresando la derrota de los restos de la clase obrera, las élites políticas ejecutantes del mandato de la troika estarían en condiciones de promover el tránsito al régimen liberal autoritario con el que esperan situarse en condiciones de competir en el marco global comunitario e internacional.

No será necesario ni es de esperar para ello ningún cambio constitucional inmediato. Bastará con introducir cambios parciales, a veces ni siquiera de rango constitucional, como las realizadas para amparar a las políticas de ajuste y consolidación fiscal. El proceso destituyente de la derecha tiene, sobre el que pudiera impulsar una izquierda digna de tal nombre, la ventaja de su flexibilidad y cotidianeidad, la normalidad con la que puede ser llevada cabo y la continuidad con el sentido común hegemónico que se ha ido imponiendo desde hace lustros en la sociedad española.

Los cambios en el Estado

Este cambio en la constitución material tiene su correlato en el que se esta produciendo en el interior mismo del Estado en lo que concierne a su composición y funciones.

El Estado del 78 ha sido construido para desempeñar las funciones esenciales de concertación entre el trabajo y el capital que eran el núcleo esencial de la Constitución. En el desempeño de esta función se ha producido un notable incremento del personal al servicio de las administraciones públicas, especialmente en las áreas de la sanidad y de la enseñanza pública. Pero es innegable que, al calor del incremento de los servicios del Estado del Bienestar, se ha desarrollado todo un tejido social clientelar en el que se basan las lealtades de los aparatos partidarios de izquierda y de derecha, sostenidos por los recursos públicos. Durante la fase ascendente del ciclo reciente de crecimiento esos costes siempre han sido asumidos como inherentes al proceso mismo de acumulación capitalista; pero con el espectacular incremento de la deuda del Estado, el sostenimiento de estos costes, junto con el de los sustanciales de los servicios del Estado del Bienestar, ha sido objeto de denuncias por la derecha política y el empresariado.

Con la transferencia de soberanía a favor de los “mercados internacionales” operada por la modificación del Art. 135 de la Constitución, los ciudadanos han visto expropiados sus derechos políticos y, en consecuencia, los partidos y sindicatos que gestionaban su ejercicio, están perdiendo sentido de forma acelerada. Esta pérdida de función institucional frente al cambio de naturaleza de las funciones del Estado y su personal auxiliar está lógicamente en la base de una parte de las respuestas sociales a la política del PP.

Lo que aquí nos interesa, sin embargo, es la forma en que tales cambios funcionan como indicadores de la crisis del régimen del 78 y la medida en que anuncian la instalación de un régimen político distinto. No es este el lugar para especular sobre los rasgos fundamentales que pueden caracterizar a este nuevo régimen, insisto con independencia del cambio o no del marco constitucional. Pero las políticas emprendidas este año de gobierno por el PP permiten deducir algunos que relacionamos en forma sumaria. Creo que la principal se relaciona con el papel de la concertación y el diálogo social que han constituido el núcleo discursivo esencial del régimen del 78.

En coherencia con lo anterior y por la pérdida creciente de su funcionalidad para el capitalismo global actual y para el proyecto capitalista que se adivina en las políticas del PP, el papel de los sindicatos de trabajadores, expulsados fácticamente de la vida cotidiana de la empresa, puede experimentar un continuo proceso de pérdida de importancia social e institucional hasta convertirse en residual.

Por su naturaleza vicaria de los centros de poder global, el Estado español puede ver alterada la relación interna entre los poderes que lo integran en detrimento del legislativo y con un cambo del judicial en el sentido de acentuar sus funciones punitivas y de control en detrimento de las garantistas de derechos ciudadanos.

En cuanto a la distribución territorial del poder del Estado, es previsible que, aún manteniendo el tenor literal del Titulo VIII de la Constitución, se asiste a un creciente vaciamiento de las competencias efectivas de las CCAA, atenazadas por sus deudas y dependientes en grado extremo de la calificación de las mismas lo que les empujará a una cura permanente de adelgazamiento cuya primera y principal víctima será sin duda las prestaciones en materia de sanidad y enseñanza públicas.

El Estado en este nuevo régimen político, está llamado a desempeñar funciones significativamente distintas de las que ha jugado desde 1978. Es un Estado en el que las funciones de prestación de servicios sociales para hacer efectivos principios como la solidaridad y la garantía de los derechos todavía formalmente proclamados en la Constitución, desaparecen a favor de las funciones represivas y disciplinarias. El Estado va a ser, cada vez más, un Estado policía, un Estado de excepción en el que la ley puede derogar todas las garantía constitucionales que obstaculicen el dominio de los mercados y el cumplimiento de las obligaciones de la deuda. Ya hoy es la policía el único servicio exento de la grave congelación en la reposición de vacantes que afecta a todos los servicios públicos.

Todo lo anterior para advertir contra cualquier ilusión de que la crisis del régimen signifique necesariamente una mejor situación para la gente de abajo. Las direcciones políticas y sindicales de la izquierda del régimen son sin duda conscientes de ello cuando animan a luchar para que no “acaben con todo”; lo equivóco del mensaje no resta claridad al mismo: es todo el edificio de la Transición el que estas direcciones ven amenazado por la ofensiva de la derecha gobernante.

El impacto de estos efectos no se ha dejado de sentir en el propio régimen, lo que no ha impedido que el mismo mantuviera las funciones sistémicas que había venido desempeñado desde su nacimiento: asegurar una lealtad social no coercitiva al Estado capitalista español sobre la base de un conjunto de derechos y prestaciones otorgadas a la población trabajadora a cambio de la "legitimidad democrática” recibida de esta.

La crisis ha puesto la política en el centro de la vida cotidiana al tiempo que se constata el agotamiento de la política convencional, la política de delegación/representación, la del ciudadano consumidor.

Que estos dos fenómenos se den simultáneamente evidencia la profundidad de la crisis del régimen. La rapacidad de los poderes económicos que después de haberse enriquecido a costa del sacrifico de millones de familias trabajadoras, descarga ahora los costes del desatino y la locura de la gestión global de lo que ha sido la economía del endeudamiento sobre estas mismas familias. La incapacidad de la política sistémica y del conjunto de las instituciones del Estado siquiera sea para encontrar una situación en la que se pudieran equilibrar estas cargas entre los de arriba y los de abajo, está poniendo de manifiesto a la gente de abajo la naturaleza del Estado y la política y sus límites estructurales para acometer la búsqueda del “bien común”.

Este desvelamiento, siquiera sea fugaz, de la naturaleza del Estado capitalista abre posibilidades para que lo que se manifiesta como crisis de régimen pudiera convertirse o transformarse en crisis del Estado, expresada en un aumento de la desobediencia civil (boicot a determinadas instituciones del Estado, huelgas fiscales, etc.). Es imposible y bastante estéril especular con el rumbo que una dinámica de desobediencia civil como la descrita puede adoptar. En coordenadas de tiempo y lugar como las presentes, su mayor coherencia y sentido solo puede venir de su inscripción en un proceso constituyente

Los efectos de la crisis en el interior del Estado

La crisis del régimen está teniendo una manifestación muy fuete al interior de los aparatos del Estado. El recorte sistemático de gasto público, especialmente en aquellas áreas más significativas del Estado del Bienestar, está levantando una oleada de protestas (las “mareas”) en contra de la acción del Gobierno, desconocidas hasta la fecha en las democracias de nuestro entorno. El personal de las administraciones y servicios públicos, hasta ahora base social fundamental del régimen del 78, se revuelve contra la política del PP, cada vez más claramente orientada a su liquidación y sustitución por la vía de los hechos. La noción del servicio público ha sido un pilar esencial de las sociedades llamadas modernas y contemporáneas y su liquidación efectiva representa un auténtico cataclismo social cultural. Es el concepto mismo de obligación política, la contrapartida de la noción de ciudadano de las democracias liberales, el que se ve comprometido por la empresa de demolición que impulsa la derecha.

Las políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria conllevan un cambio fundamental y acelerado en la propia morfología y funciones del Estado. Las esenciales parecen ser las relacionadas con las prácticas de disciplina y control social, al lado de las tradicionales de extracción de recursos tributarios de la sociedad para financiar las primeras y para atender los servicios de la deuda pública, cada vez más elemento esencial que engorda el capitalismo financiero de nuestro tiempo.

Este cambio de funciones del Estado tiene efectos perceptibles en el interior de las administraciones públicas y en el desempeño de la función pública. La liquidación de las funciones concernientes a la naturaleza “democrática y social” del Estado conllevan un cambo en la fisonomía de la función público. Como he señalado en un artículo reciente en esta revista “La función pública es la condición necesaria para garantizar la efectividad de los derechos ciudadanos y los derechos ciudadanos estorban en el proceso de desdemocratización en marcha que impulsan/1.

La reacción de una parte del sistema judicial a la secuencia de situaciones dramáticas originadas por las políticas del gobierno del PP (informe sobre desahucios, admisión a trámite del recurso contrala reforma laboral, ratificación del matrimonio gay por el TC, rechazo al “tasazo” de Gallardón), por la falta de precedentes, muestra a las claras las dimensiones de la crisis del régimen y la determinación del PP en acelerar su relevo. Habrá que ver hasta dónde puede llegar el actual enfrentamiento y si el mismo podría provocar un corrimiento en las estructuras del sistema político que lo modificara sustancialmente. La experiencia italiana muestra cómo una salida de estas características puede abortar las posibilidades constituyentes que ofrece la crisis de un régimen. La Constitución italiana de 1948 (por cierto, mucho más a la izquierda que la española) sigue formalmente intacta pero la evolución del sistema político de la II República ha abocado a un sistema político que, desde hace años, da muestras de un bloqueo notable en el que anidan fenómenos patógenos como el berlusconismo.

Conclusión

Los dueños de los bancos, de las corporaciones inmobiliarias y los políticos del régimen, han tenido tiempo de sobra para configurar un proyecto de convivencia. Los resultados están a la vista. La conjunción de la crisis capitalista y la del régimen del 78 nos brinda una ocasión histórica para redefinir los fundamentos de la convivencia social. La composición y límites de la comunidad, las reglas básicas para la ordenación de la convivencia, la determinación de las necesidades sociales, las reglas que regulan el acceso a los bienes comunes, las formas de provisión de bienes para la satisfacción de necesidades, etc., pueden ser el objeto de deliberación y decisión de la población, en un acto constituyente como comunidad autodeterminada en el que se pueden encontrar las raíces de una convivencia verdaderamente democrática.

07/01/2013

José Errejón es militante de IA

Notas

1/ http://www.vientosur.info/spip/spip.php?article7472





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