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Tribuna VIENTO SUR
Políticas prohibicionistas: la prostitución ilegalizada
28/02/2014 | Begoña Zabala

Existe una creencia extendida ampliamente, de que el ejercicio de la prostitución en el Estado español no está legalizado y tampoco está prohibido. Así la prostitución estaría en una especie de limbo jurídico y es por ello por lo que se la califica de “alegal”.

Esto, realmente, no es así, y existe más regulación sobre ella que la que se admite y además esta regulación va haciendo devenir a la prostitución en una actividad más cerca de la ilegalidad que de la legalidad y más cerca del delito y de la infracción administrativa que de la actividad reglada y normada.

Efectivamente, el Código Penal cuando tipifica el delito de prostitución, desde la actividad de quien obliga o induce al ejercicio de la misma, lo define de tal forma, que la figura del proxenetismo resulta punible casi en el cien por cien de los casos. No solo es delito cuando se obligue a la persona a ejercer la prostitución, cosa evidente, sino cuando se “determine..... abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, ... a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella ..... “ Y termina el artículo diciendo que será igualmente condenado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Figura ésta última que ya elimina toda relación de imposición o falta de libertad de quien ejerce la prostitución, fijando únicamente el vínculo para penalizar la actividad, en que obtenga beneficios o se lucre mediante esta actividad. ¿Dónde está en este caso entonces el bien jurídico que se protege y el elemento del sujeto que define el delito? No parece que sea en la obtención de beneficios por realizar una actividad, pues eso es precisamente la definición de cualquier actividad mercantil. Tampoco puede ser en la actividad que se está realizando, ya que como tal, no está penalizada en ningún artículo. Hay que tener en cuenta que este capítulo del Código penal está dedicado a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Y aquí, por definición, hay voluntariedad en el ejercicio.

Por otro lado, queda en manos de los juzgadores el interpretar en cada caso estos conceptos indeterminados que se introducen, como es el de “determinar a hacer algo”, o situaciones de “superioridad, o necesidad o vulnerabilidad de la víctima”. ¿Existe, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad si estamos hablando de una mujer extranjera, sin papeles, que ejerce la prostitución? Obsérvese que este tipo de penalización de imputar a una tercera persona, por su relación con quien ejerce la prostitución, supone en realidad criminalizar al entorno de la prostituta, personas que son absolutamente necesarias para su actividad, precisamente debido a su situación de necesidad o vulnerabilidad, no frente a quien pretendidamente la explota –como es el proxeneta o la madama- sino a quien pretendidamente la protege, como son las instituciones policiales y judiciales, que no le permiten ejercer la actividad porque no tiene papeles, porque no tiene dinero, porque no tiene vivienda, porque no tiene seguridad, porque no tiene sanidad,....

Llama la atención también -y en estos momentos está muy de moda con el anteproyecto de la ley de repenalización del aborto-, que cuando la derecha legisla, sobre estos asuntos que considera espinosos dentro de su ideario reaccionario de morales y costumbres, y probablemente para salvar “la honra” y la imagen de la mujer, recurre a la figura de considerarla víctima, y así pretende que no sea imputable. De la misma forma que a una mujer que ejerce voluntariamente la prostitución, compartiendo sus ganancias con terceras personas, se la considera víctima de la persona que obtiene lucro de su actividad, la mujer que voluntariamente acude a abortar, se le considera víctima. Y así se pretende condenar al personal sanitario que ha realizado la práctica de interrupción del embarazo, a petición de la mujer embarazada. Una vez más se tiene que debatir y poner sobre el tapete la cuestión de la mujer sujeto de derechos y mayor de edad para ejercerlos con total libertad. Terminarían así falsas protecciones no pedidas por parte de las instituciones.

De todas formas lo antedicho y otras consideraciones más sobre la represión legal que existe frente a la actividad de la prostitución, ya están dichas por el movimiento feminista y de defensa de los derechos de las prostitutas, desde la anterior legislatura del PP, que fue quien modificó en este sentido el Código Penal. Si ahora sale a colación, una y mil veces más, el tema de la prostitución, es por una iniciativa no legislativa, en el Congreso de Madrid, que me ha dejado algo patidifusa.

Aparece en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, correspondiente al día 19 de febrero pasado, una proposición no de ley, presentada en la Comisión de Seguridad Vial, presentada por el Grupo catalán Convergència y Unió. Hay que hacer muchos equilibrios gramaticales para asociar el ejercicio de la prostitución con la seguridad vial. Pero ahí está la imaginación semántica del grupo catalán que “insta al Gobierno a establecer medidas que prohíban la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de servidumbres y de afección para realizar en ellas uso y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.

La redacción de la propuesta y el contenido literal del debate no tiene desperdicio, para lo que podría ser, entre una película española años 60 y una novela del realismo latinoamericano del estilo de “Pantaleón y las visitadoras”.

Por si alguien piensa que no tiene nada que ver la seguridad vial con el ejercicio de la prostitución, entresaco, dos significativos párrafos:

“No vamos a entrar en esa regulación (de la prostitución), sino que vamos a entrar en un ámbito específico que afecta a las vías públicas, a las carreteras, que es cuando se da un ofrecimiento de servicios sexuales retribuidos en los arcenes de las carreteras, en las inmediaciones de las mismas, y ello tiene una repercusión evidente en el ámbito de la seguridad vial.”

“Y no sería únicamente para aquellas personas que pueden ofrecer unos servicios de naturaleza sexual retribuidos en las carreteras, en las inmediaciones de la vía pública, sino también para aquellos que lo solicitan, aquellos que con sus vehículos atienden esa oferta que está en la carretera y que no debería estar en la carretea, que se paran en el arcén o que entran en caminos adyacentes inmediatamente al lado, que son claramente peligrosos para la seguridad vial”

Esta es la argumentación central de la proposición, que por supuesto fue aprobada, pues contaba con el apoyo del PP, después de haber negociado una pequeña modificación de estilo. Y de ella se destaca.

—Que no se da en absoluto ni un solo dato, que nos demuestre que hay algún tipo de peligro en este intercambio de servicios sexuales, lo que no quiere decir que no haya, sino que no se atisba la evidencia que se anuncia por ningún supuesto concreto.

—Que se insiste en que el intercambio debe ser servicios sexuales por dinero. No se entiende si sería igualmente peligroso para la seguridad vial, si el negocio fuese sin contraprestación monetaria, es decir de gratis total. O si lo que se ofrece, no fuese servicios sexuales, sino otras prestaciones, igualmente satisfactorias, mediante precio, o quizá también gratis.

—Que no se ve tampoco por qué desviar el coche a un arcén a una camino adyacente, literalmente “inmediatamente al lado”, para atender la oferta de servicios sexuales mediante precio, provoca inseguridad en el tráfico, o sin más como parecería a simple vista, los conflictos viales se producirían por le hecho de aparcar coches en lugares indebidos con independencia de las prestaciones y contraprestaciones que dentro del mismo se produzcan.

Y así estamos en el año 2014, señorías, sin atreverse a entrarle a este debate social de frente, y no por viales adyacentes y colaterales. Estamos hablando de lo que reivindican la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución demandan: reconocimiento de todos los derechos, reconocimiento de su capacidad de ser sujeto de derecho, -con independencia de su actividad y de su nacionalidad- para decidir libremente, con todo tipo de garantías. Y, por supuesto, el cese de estas escaramuzas legales que consolidan un acoso semi-legal represivo a manos de las policías locales, autonómicas y estatales.





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