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La marea verde no se retira
Conflictiva aplicación de la LOMCE en su primer curso
24/09/2014 | Ángel Sabín

La LOMCE fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre de 2013 con solo los 182 votos del PP, 143 en contra y dos abstenciones, de UPN. Este es el primer problema de esta ley, la soledad.

Fue publicada en el BOE el 10 de diciembre y entró en vigor el día 30 de diciembre de 2013. Tiene ocho meses de vida (uno inhábil, agosto) y ya quiere empezar el curso. Segundo problema de la ley, el tiempo.

La LOMCE se ha aprobado por mayoría absoluta, sin consenso, pero en el funcionamiento ordinario existía y existe una Conferencia de Consejeros de Educación con los que el acuerdo tampoco ha sido viable o muy discutido, incluso con las comunidades gobernadas por el PP. Este es el tercer problema, el de los que tienen que “cargar con el muerto” y, además, pagar el entierro.

La sociedad civil (asociaciones de madres y padres, sindicatos de profesores y de estudiantes, movimientos de renovación pedagógica, asociaciones de Escuelas Infantiles) y el movimiento de la marea verde han manifestado y continúan manifestando su rechazo a la ley. Es el cuarto problema.

Después hay problemas adyacentes, aunque fundamentales en la pedagogía wertiana, como el cambio y la edición de libros de texto nuevos y la consiguiente presión del sector editorial, y problemas sociales derivados de la continuada política de recortes. Quinto problema.

Toda la oposición frente a la LOMCE

Los grupos de la oposición PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Geroa Bai, y Compromís (salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN) presentaron el 18 de febrero pasado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a derogar la LOMCE y que proceda a la apertura de un proceso de negociación y “diálogo real” con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren necesarias para la mejora del sistema educativo. Así se plasmaba el acuerdo firmado el 17 julio de 2013 de derogar la ley cuando cambie la mayoría en el Congreso.
Pero antes se habían presentado al Tribunal Constitucional seis recursos de inconstitucionalidad, aceptados a trámite, por el grupo parlamentario socialista, el Gobierno y el Parlamento catalán, y los gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias. No implican la paralización de la LOMCE.

Las autonomías señalan como causas la invasión de competencias y, en el caso de Cataluña, también la cuestión lingüística (pone en riesgo de desaparición la inmersión lingüística) y la Adicional 38 sobre el coste de la escolarización privada en castellano, que se repercutirán después a la comunidad. También la pérdida de competencias en becas, poder participar en la evaluación final de ESO y Bachillerato, en el acceso a la universidad y otras. Lo que se conoce como la “política recentralizadora”.

El grupo socialista alega que la ley segrega a los estudiantes en itinerarios académicos (FP Básica y Programas de mejora del aprendizaje); los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada; los centros escolares, mediante la especialización curricular, pueden seleccionar a los alumnos; se impide la participación real de las familias en los centros escolares; se elimina Educación para la Ciudadanía; y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores.

Andalucía alega que vulnera, entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado.

El Gobierno asturiano entiende que la LOMCE es una normativa que da la espalda a la Carta Magna y persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las “reválidas o los ránking de centros”.

El Gobierno vasco ha presentado el recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias y ha pedido una comisión bilateral Estado-País Vasco –que el Gobierno ha aceptado– para llegar a un acuerdo en el plazo de seis meses, ya cumplidos, y sin resultado conocido.

En este intermedio, a mediados de agosto, el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de aplicación de la LOMCE en Primaria y Formación Profesional Básica que habían solicitado en sendos recursos Andalucía y Cataluña. Parece normal que, aprobada la LOMCE y en vigor, no se suspenda su aplicación; otra cosa es la oportunidad de los plazos y la capacidad para llevarlos a cabo por las Comunidades, en lo que no entra en Supremo.

El proceso educativo es lento y Wert ha hecho un triple salto

La ley exige un desarrollo legislativo de decretos y órdenes variado y extenso, y, en la organización territorial del Estado, supone además contar con los gobiernos autonómicos, que deben realizar su tarea legislativa de adaptación a su territorio y a las competencias propias. Esto supone tiempo y, para los gobiernos autonómicos, personal especializado.

La Ley se publicó el 10/12/2013 y el Ministerio de Educación sacó el Decreto del currículum de Primaria el 1 de marzo y el de FP Básica el día 5. Dio el primer salto al aprobar la ley; el segundo, al publicar los Decretos; y el tercero es caer en septiembre y aplicar la ley. Y no hay “espacio de tiempo”. Pero entre marzo y septiembre hay dos meses sin actividad escolar y junio dedicado a las tareas de fin de curso. Por eso el tercer salto es en el vacío, como veremos en el punto siguiente, ya que falta la tarea de los gobiernos autonómicos.

Ya le han aclarado a Wert que la LOE dejó más del doble de tiempo: publicada en mayo de 2004 no comenzó su aplicación hasta septiembre de 2005, 16 meses después.

Pero Wert no quería que se repitiera el caso de la LOCE, aprobada en diciembre de 2002, que llegó a 2004 y fue suspendida sin aplicarse, salvo algún aspecto. Y, por mala planificación del gobierno, ahora solo le queda este curso para ponerla en marcha, porque, si no, el inicio del próximo curso coincidirá ya con las elecciones generales. Este ha sido el interés del ministro y de Rajoy, por encima de lo que indica el sentido común y el funcionamiento del sistema educativo: preparar los currículos, desarrollarlos en los territorios, el trabajo de las editoriales, de los profesores y de los órganos de los centros. El salto ha sido tan irregular que se va a quedar en “nulo”.

Comunidades Autónomas: sin tiempo ni dinero

Las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, reiteraron al ministro que tenían dos problemas: el presupuesto y el tiempo. El presupuesto afecta, por un lado, a los cambios curriculares y consiguiente cambio de libros de texto. Modelo tradicional. Los gobiernos autonómicos, en año electoral y llenos de recortes, no pueden abordar el cambio de los libros, incumpliendo además la norma establecida sobre la vigencia de los mismos. Por otro lado, la implantación de la FP Básica supone inversión, materiales, libros, etc., y el MECD no aporta recursos. La solución de Wert es que las autonomías se endeuden durante tres años a cuenta de los fondos europeos que les va a ir adelantando.

Se va dar la situación de aplicarse dos leyes en Primaria: LOMCE en 1º, 3º y 5º y la LOE en los otros cursos, con lo que queda claro el principio pedagógico de la LOMCE al eliminar los ciclos. Lo mismo puede ocurrir con los periodos de clase, de 45 minutos en LOMCE y de 60 en la LOE. ¿Qué va a pasar con la prueba de evaluación externa en 3º?

El tiempo afecta a la posibilidad para que los gobiernos autónomos desarrollen los currículos y puedan organizar el nuevo curso, contando que centros y profesores tienen que hacer su trabajo ordinario y las nuevas adaptaciones. No ha habido tiempo.

Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco no han hecho todavía sus desarrollos y representan al 51,7 % de la población escolar no universitaria. El MECD publicó el desarrollo para Ceuta y Melilla el 1 de mayo; de las restantes comunidades, cinco los han publicado en la segunda quincena de junio, cuatro en julio y Galicia el 14 de agosto. Parece evidente que así no puede comenzar el primer curso LOMCE en septiembre.

La marea verde no se retira

Diversos grupos, especialmente las AMPAS, siguen oponiéndose a la LOMCE. Ahí está la plataforma http://www.laeducacionquenosune.org, un foro social de “resistencia” y “desobediencia”, con ideas alternativas a la reforma de la enseñanza por considerarla “injusta” e “impuesta”. Son los que antes constituyeron la plataforma Stop Ley Wert: Attac, Juventud sin Futuro, Red Ires (investigación y renovación escolar), Ecologistas en Acción, Renovación Pedagógica (MRP), asociación de maestros Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública y Foro Mundial de la Educación. Piden que la enseñanza sea “creativa, colaborativa, ecológica, inclusiva y democrática” en la práctica, en lugar de “autoritaria y neoliberal”.

En internet se ha creado la plataforma #YoUniversitario, que pide una oportunidad para los titulados superiores en el mundo actual y reclama a la sociedad que confíe en ellos.
La Plataforma por la Educación Infantil, la Plataforma por la Escuela Pública y la Marea Verde siguen con sus convocatorias para este próximo curso. Al problema general que plantea la LOMCE se suman muchas actuaciones de otras comunidades con más recortes o con ocurrencias, que no propuestas estudiadas, planificadas y consensuadas.

Los editores de libros de texto y material escolar también han calificado la implantación de la LOMCE como “precipitada y caótica” por no dar tiempo material a la publicación de los currículos de las comunidades, comunidades que, aunque apliquen la ley no renovarán los libros y se mantendrán los anteriores. Aquí están sus intereses.

La escolarización universal y los recortes

Este nuevo curso empieza sin transición con el anterior, unidos por el problema de los comedores escolares de este verano. Ahora las familias se encuentran con nuevos recortes en ayudas para libros, comedores y transporte. Es significativo el ejemplo de Madrid en Educación Infantil: en el curso 2010/11 había 20.000 solicitudes de plaza no atendidas; ahora hay 4.500 vacantes y el coste para el primer año es de 236 €/mes.

La escolarización ya no es universal en infantil y tampoco en los otros niveles obligatorios por la falta de medios. Sonroja al país lo de los comedores escolares, pero sonrojan otros muchos hechos como que Castilla la Mancha suspendiera el contrato de los profesores interinos el 28 de junio o que Madrid, un año más, haya hecho contratos a los interinos del 1 al 5 de septiembre para los exámenes. Lo del nuevo curso con nuevos currículos, la preparación, organización… son zarandajas para Figar. Improvisación que también se denuncia en la Comunidad Valenciana en este y otros aspectos como el currículo, la FP, profesorado. Las dos comunidades son las que más reclamaciones y protestas generan.

Como dice Yago a Otelo, aplicable a Wert, ”habeis pensado lo que queríais pensar”. No ha pensado sino que traía una idea fija y, llegada la hora de la verdad que es aplicar la ley en las escuelas, ha provocado el caos. Se describía Kafka en sus últimos días: ”Una jaula fue en busca de un ave”. Wert ha hecho la jaula de la LOMCE, pero dentro está el vacío.

7/09/2014

http://angelsabin.wordpress.com/2014/09/07/conflictiva-aplicacion-de-la-lomce-en-su-primer-curso/





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