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Las nuevas titulaciones universitarias
Sigue el desmantelamiento del derecho a estudiar
10/02/2015 | Oscar Blanco

Después de unos meses de incertidumbre y de negociar con las élites académicas, el Ministerio de Educación, con J.I. Wert al frente, ha aprobado la reestructuración de los grados universitarios que se ha conocido como 3+2 con la oposición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los sindicatos y los colectivos estudiantiles.

Esta reforma abre la puerta a que las Universidades ofrezcan grados/1 de 180 ECTS /2 (3 cursos) en lugar de los actuales 240 ECTS (4 cursos). De todos modos, la decisión última queda en manos de cada Universidad lo que puede generar una dinámica de diferenciación y competitividad en la oferta académica de las universidades.

¿Qué objetivos persigue el decreto del 3+2?

El 3+2 impulsa una universidad a dos velocidades. La reducción de los grados a tres años supone una devaluación de la formación superior, como ya sucedió con el paso de licenciatura a grado. Al proponer que los grados solo ofrezcan una formación generalista se profundiza en la función de la universidad como una fábrica de mano de obra precaria.

De esta forma, se pretenden adecuar al mercado de trabajo buscando acabar con el supuesto fenómeno de “sobrecualificación” que ha apuntado FAES. Se trata de adaptar la formación de los trabajadores a la posición semiperiferica del Estado español dentro de la Unión Europea.

Por otro lado, dar más importancia a los másters entronca con otra función de la universidad: la escuela de élites. Los másters son más caros que los grados, ofrecen menos plazas y las becas se dan en base a criterios meritocráticos y no socioecónomicos. Además, las universidades y fundaciones privadas tienen un peso mucho más grande que en el oferta de grados, tanto en la cantidad de másteres que ofrecen como en el “prestigio” social de los mismos.

Potenciar los másters es una manera de asegurar la transmisión del capital social dentro del bloque dominante, impone otro filtro social más que se añade a la expulsión masiva de las clases populares de la universidad con el aumento de las tasas y la reducción de becas. También supone promover la apertura del nicho de mercado de los másteres privados, que acostumbran a ser los que están orientados hacia la profesionalización y del endeudamiento estudiantil (fenómeno que está provocando una enorme burbuja en Estados Unidos) para cursarlos bajo la promesa de encontrar trabajo.

Además, la posible convivencia grados de 3 años y grados de 4 años de una misma disciplina puede ser una herramienta de competición entre universidades. Las universidades más grandes y endeudadas pueden aprovechar para ofrecer carreras “más baratas” y despedir a Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS) con el pretexto de una reducción de estudiantes al tener un curso menos. En cambio, las universidades que más han avanzado en la mercantilización y que tienen menos problemas de liquidez podrán mantener los grados de cuatro años con una seña de prestigio creándose universidades de primera y de segunda a través de la desregulación.

La universidad de la deuda y la acumulación por desposesión

No hay que obviar que no se trata de una reforma aislada ni de un cambio de tendencia. Simplemente, antes de acabar la legislatura el Gobierno del Partido Popular pretende hacer los deberes con los mercados vía decretazo y avanzar un paso más en la agenda neoliberal para la Universidad que lleva imponiéndose desde principios de los 90 globalmente.

En el Estado Español, desde el Informe Bricall /3 y la LOU (2001) todos los pasos que se han dado en la Universidad han supuesto avanzar en la mercantilización del acceso y producción del conocimiento y la transformación de la función social de la institución hacia el modelo de Universidad-empresa.

Las sucesivas reformas siempre han sido exigidas e impulsadas por lobbies y think tanks empresariales como la Fundación Conocimiento y Desarrollo (presidida por Ana Patricia Botín), FEDEA (patrocinado por el BBVA, Repsol, Telefónica, Santander, etc) o el Círculo de Empresarios.

Desde el estallido de la crisis, la herramienta central para imponer cambios en el modelo de financiación y la gobernanza ha sido la asfixia financiera (Carlos Sevilla, Miguel Urbán y Joseba Fernández hablan de la Universidad de la deuda en el libro “De la nueva miseria. La universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantil”) incluso antes de que llegue la desregulación formal, sobre todo en lo que se refiere a la gobernanza.

La retirada de recursos públicos sirve, por una parte, para desviarlos al pago de los intereses de la deuda y, por otra, para incentivar la entrada de capital privado a través de planes financiación extraordinaria, los convenios de colaboración con empresas y las Cartas de Servicio para explotar el patrimonio de las universidades.

Las universidades que menos mal han resistido la caída de la inversión pública son aquellas que han adaptado la investigación y la docencia a actividades rentables, imponiéndose así las normas de la empresa como en otros servicios públicos. El Estado tutela un proceso de reconversión de la universidad que permite desmontar una conquista histórica de los de abajo, drenar de dinero público al poder financiero y abrir un enorme pastel de negocio que permita relanzar la acumulación de capital.

Otra universidad, otra educación, otra sociedad

Esta lógica es compartida con el resto de los servicios públicos y con la propia función del Estado en el neoliberalismo. Por lo tanto, las resistencias a la mercantilización y elitización de la universidad necesitan más que nunca estar insertas dentro de la dinámica de construcción de un bloque social y político alternativo que plantee una lógica constituyente distinta para el conjunto de la sociedad. La potencialidad de la lucha contra el 3+2 es que la educación es uno de los derechos más interiorizados por las clases populares, lo que permite plantear movilizaciones masivas con más “facilidad” que cuando se dan ofensivas en otros sectores.

No obstante, el movimiento estudiantil y el educativo llevan dando síntomas de agotamiento después de la aprobación de la LOMCE: desmovilización del profesorado, dificultades organizativas de los estudiantes universitarios por la precariedad y los ritmos de estudio impuestos después del Plan Bolonia, debilidad del movimiento estudiantil en secundaria y en la emergente Formación Profesional...

El éxito del ciclo de movilizaciones que se puede abrir va a depender en gran medida de la capacidad de los sectores organizados de conectar con la mayoría del estudiantado en Facultades e Institutos y abrir espacios de agregación, autoorganización y movilización en base al derecho al estudio en oposición a los privilegios de unos pocos. A nivel programático, el derecho al estudio, entendido como un elemento vinculado a la democracia, a la lucha contra la precariedad que cruza la vida de la juventud y a la necesidad de un cambio social y político va a ser clave.

De la misma forma, es necesaria una agenda de movilizaciones realista, lo más unitaria posible y flexible, que permita reactivar el movimiento estudiantil y educativo después de bastantes meses de reflujo. La huelga estudiantil del 26 de febrero, convocada por las organizaciones independentistas junto con otros colectivos estudiantiles en los Països Catalans (SEPC) y en Galiza (AGIR y la Liga Estudiantil Galega), parece que puede extenderse al resto del Estado después del llamamiento del Sindicato de Estudiantes para los días 25 y 26. Será ocasión de tomarle el pulso a la gente y de trabajar por una huelga general educativa.

9/02/2015

Oscar Blanco es activista estudiantil en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y miembro de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista.

Notas

1/ El Espacio Europeo de Educación Superior establece tres tipos de estudios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos universitarios oficiales: grado, máster y doctorado.

Los grados son estudios cuya finalidad es la obtención por parte del estudiante de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. El título oficial que se obtiene al superar estos estudios es el de graduado.

Los estudios de máster tienen la finalidad que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinario, orientada a la especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras

Los estudios de doctorado tienen como objetivo la formación avanzada del estudiante en técnicas de investigación..

2/ ECTS o crédito europeo es la sigla correspondiente al European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) y es el sistema adoptado por todas las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen. Consiste en la medida del trabajo (25 a 30 horas) realizado por el estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios oficial correspondiente.

3/ El estudio Universidad 2000 se conoce popularmente como Informe Bricall por el nombre de su director, Josep Maria Bricall. Este informe sobre la enseñanza universitaria en España, realizado por encargo de la CRUE, recomendaba reformas en los modelos de financiación universitaria, como el aumento de las tasas.



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