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Tribuna viento sur
El Estado penal frente al 1-O, las libertades y la democracia
19/09/2017 | Jaime Pastor

Estamos entrando en la recta final de la prueba de fuerzas en torno a la celebración del referéndum convocado por el Parlament el próximo 1 de octubre y nadie sabe cuál va a ser el escenario con el que nos podemos despertar ese día, pero el choque de legitimidades y legalidades se anuncia inevitable.

En un lado se encuentra el bloque de las fuerzas dispuestas a poner las urnas y votar mayoritariamente Sí a la República catalana, tras la reciente reafirmación rotunda de esa voluntad en la Diada y la incorporación al 1-O, aunque sea bajo la fórmula ambigua de “movilización”, de Catalunya En Comù. A esa aspiración legítima, confirmada en algunas encuestas recientes (como la publicada este 18 de septiembre en eldiario.es, que da un 60% a favor de la participación), se suman la multitudinaria manifestación en Bilbao el 16 (tras suspensión, la víspera, de una conferencia de Ana Gabriel en Vitoria-Gasteiz), el masivo acto solidario en Madrid el 17–gracias a la publicidad gratuita de la prohibición por un juez para realizarlo en un recinto municipal-, el acto de debate y la concentración los días 16 y 17 en Xixón, y nuevos manifiestos e iniciativas de apoyo en distintos lugares del Estado, minoritarias pero crecientes, algunas de las cuales pueden verse en esta misma web. Un bloque que, como estamos viendo, se está ampliando día a día debido a la percepción creciente de que lo que está en juego no es ya sólo el referéndum del 1-O sino la defensa de las libertades y la democracia en todo el Estado frente al giro cada vez más autoritario del gobierno.

En el otro lado se halla el entramado de poderes económicos y del tripartito del régimen, apoyados en su brigada judicial, mediática e intelectual 1/. Un cierre de filas en toda regla en torno al aberrante “lo que no es legal no es democrático” de Rajoy, con el firme propósito de desplegar todo el arsenal legislativo, penal y policial destinado a impedir la celebración del referéndum. Es un bloque sin duda poderoso, pero que es encabezado por el partido más corrupto y más servil ante el poder financiero (ahí está el escándalo de los 40 000 millones de euros “perdidos” por el “rescate bancario”) de la UE, con riesgos crecientes de perder la batalla de la opinión pública en las próximas semanas más allá de Catalunya.

Ese despliegue se está ya llevando a la práctica mediante el registro de imprentas y medios de comunicación, la confiscación de carteles, la prohibición de actos, la decisión de un Fiscal General del Estado de obligar a declarar como imputados a los más de 700 alcaldes dispuestos a facilitar la votación del 1-O y, sobre todo, el “control” directo de los gastos de la Generalitat por el ministro Montoro. Se ha instaurado así un estado de excepción de facto que está suponiendo una práctica vulneración de libertades, derechos y competencias autonómicas nunca vista desde la instauración del régimen en 1978.

Por eso no puede sorprender que estos días, a quienes somos ya un tanto viejos, nos recuerden unas prácticas que vivimos y sufrimos en nuestra lucha contra la dictadura franquista. Las amenazas esgrimidas por Rajoy en Barcelona (“Nos van a obligar a llegar a lo que no queremos”) confirman, además, una vez garantizado ya definitivamente el vergonzoso beneplácito de Pedro Sánchez 2/
, que el Estado no renuncia a dar nuevos pasos hacia la aplicación del artículo 155 –en realidad, ya lo está haciendo- o más allá si es necesario, con tal de impedir que se repita un nuevo y aumentado 9-N de 2014.

Cien años después, ¿hay “tercera vía”?

La encrucijada está ahí y el alcance histórico de este choque anuncia que, sea cual sea el escenario el próximo 1 de octubre, al día siguiente entraremos en una nueva fase de una crisis de régimen y de Estado que está yendo ya mucho más allá de la que afecta a un “modelo” autonómico cuyo agotamiento hace tiempo que era evidente.

En medio de este contexto la reciente propuesta de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea de una Asamblea Extraordinaria, compuesta por parlamentarios autonómicos, estatales y europeos y concejales de ayuntamientos de más de 50 000 habitantes, que exhorte al gobierno de Rajoy a dialogar con la Generalitat y “buscar soluciones políticas democráticas”, como un referéndum pactado, parece una iniciativa tardía. En todo caso, ojalá pueda realizarse antes del 1 de octubre y pueda suponer un freno a Rajoy y los suyos ante el choque se avecina. Con todo, parece ya que no va a contar con el PSOE para esa labor y que PP y Ciudadanos no están dispuestos a prestar atención alguna a lo que pueda salir de ese encuentro.

Esta iniciativa, como ya se ha mencionado en algunos medios, ha venido a recordar la “rebelión constituyente” de la Asamblea de Parlamentarios, celebrada en el Palacio del Gobernador del Parque de la Ciudadela de Barcelona el 19 de julio de 1917. En ella 55 diputados y 13 senadores (entre ellos 46 catalanes), antes de ser detenidos, exigieron “una profunda renovación de la vida pública española” y propusieron elecciones a unas Cortes constituyentes convocadas por un gobierno que no estuviera al servicio del “turnismo” bipartidista de entonces y que “encarne y represente la voluntad soberana del país”. Tras su fracaso, sin embargo, Cambó, líder de un catalanismo conservador y autonomista, acabaría pactando con la Corona –como después haría con Franco- y uno de los miembros de su partido, la Lliga Regionalista, llegaría a formar parte del nuevo gobierno del régimen de la Restauración.

Empero, los cien años transcurridos desde entonces no han pasado en balde. Ahora, una vez agotada la experiencia autonomista y frustrada la vía federalizante del Estatut, es un movimiento soberanista mayoritariamente independentista el que reclama su derecho a decidir si quiere separarse del Estado español frente a un régimen cuyo “turnismo” ha entrado en crisis. Éste ya no puede contar con un nuevo Cambó como el que en cierto modo representó el también corrupto Jordi Pujol para garantizar la gobernabilidad bipartidista durante las pasadas décadas. Ahora incluso un PDeCat en declive está a favor de la independencia y ya no se contentaría con un “pacto fiscal”, o incluso promesas federalistas, ante un régimen que, además, ni siquiera está dispuesto a reformar una Constitución que perdió toda su legitimidad en Catalunya a raíz precisamente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

En ese marco de polarización creciente no parece haber espacio para una “tercera vía” sin, al menos, el paso previo, por el momento, de la verdad del 1 de octubre.Nos hallamos, por tanto, ante dos relatos antagónicos: uno es el del fundamentalismo constitucional que jueces como el que prohibió la celebración del acto de Madrileñ@s por el derecho a decidir –el ya famoso José Yusty Basterreche, de largo historial neofranquista-, al igual que el Fiscal General del Estado reprobado por el parlamento español, José Maza, no dudan en aplicar a rajatabla en nombre de la “unidad de España”.

El otro es el del “derecho a decidir”, un relato que incluso los detractores del referéndum reconocen que es hegemónico en Catalunya. Recordemos que el mismo Tribunal Constitucional que ahora ha suspendido la Ley de referéndum del Parlament asumía en su sentencia del 25 de marzo de 2014 que esa fórmula “expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución” y que podría servir para abordar los problemas “derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico”.

¿Qué han hecho desde entonces el PP y el PSOE para hacer caso a esa puerta abierta para llegar a un acuerdo con la mayoría del parlament catalán? Nada y lo peor es que siguen sin estar dispuesto a buscar una vía legal para un referéndum pactado. Por eso, ante esa puerta cerrada el referéndum del 1-O tiene toda la legitimidad necesaria para celebrarse a la vista de la jurisprudencia internacional ante casos semejantes. El reconocimiento internacional de su resultado dependerá del grado de participación que pueda darse ese día y ése es sin duda el reto de las próximas semanas frente a las trabas del Estado.

Un derecho a decidir, en fin, que, como hemos podido escuchar este domingo 17 de septiembre en Madrid en boca de portavoces de fuerzas partidarias del referéndum, muchas de ellas están firmemente dispuestas a extenderlo a todas las cuestiones que afectan a sus vidas y a su futuro, y no sólo a la proclamación de una República. Un derecho, en suma, que puede llegar a expresar la voluntad de convertirse en pueblo soberano no sólo frente al Estado español sino también frente a la UE de Merkel y Macron y de la oligarquía financiera.

Más allá de las reticencias hacia la “hoja de ruta” desarrollada por la mayoría del Parlament, o de las insuficientes plenas garantías con que puede contar la celebración de este referéndum ante las trabas del gobierno, ¿alguien puede dudar de que una victoria de Rajoy, del tripartito y del bloque de poder que le apoya supondría una regresión autoritaria y ultracentralista que estaría dirigida contra todos los pueblos del Estado y haría más fácil la senda hacia el desmantelamiento definitivo de nuestras libertades y derechos sociales? Por el contrario, un paso adelante en la desobediencia social e institucional al Estado español desde Catalunya sí abriría la puerta hacia una impugnación no sólo de este gobierno sino también del régimen.

Por eso no hay tiempo para ponerse de perfil o decir, como argumenta un sector de la izquierda española: “este conflicto no nos afecta”. Porque la derrota de quienes quieren ejercer su derecho al voto el 1-O sería nuestra derrota. Mejor entonces cantar de nuevo, como en Bilbao y Madrid este domingo pasado: “Si jol’estirofort per aquí/ i tu l’estiresfort per allà/segur que tomba, tomba, tomba/ ben corcada deu ser ja”.

19/07/2017

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de viento sur

1/ Para una respuesta al Manifiesto ampliamente difundido de “personas de izquierda” contra el referéndum del 1-O: Ramón Zallo, “El Manifiesto de la desfachatez”, viento sur, 18/09/2017, www.vientosur.info/spip.php?13007

2/ Parece ya evidente que el reelegido Pedro Sánchez está demostrando con creces que tiene muy poco que ver con sus promesas de aparecer como una alternativa a Rajoy en la resolución democrática de la cuestión catalana.





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