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Dossier Checoslovaquia (III)
Los consejos obreros checoslovacos (1968-1969)
12/09/2018 | Karel Kovanda

Proseguimos aquí la publicación de diversos documentos y análisis sobre los acontecimientos que marcaron los años precedentes a 1968 en Checoslovaquia, que se precipitaron y polarizaron en 1968-1969.

Igual que en el curso de análogos acontecimientos sociohistóricos, se produjeron análisis de las iniciativas y decisiones de las fuerzas que constituían la osamenta del régimen “establecido” en 1948.

Conjuntamente, entre sectores de la intelligentsia -por retomar un término utilizado por los “actores” del país- toma forma un debate sobre las fuerzas sociales y políticas, y también sus posibles alianzas, que podrían jugar un papel preponderante en un cambio efectivo del régimen social, político y económico en pie. Estas controversias no solo serán aguijoneadas por los conflictos políticos y sociales cuya configuración se hace cada vez más clara a lo largo del tiempo, sino también por la dimensión pública de los debates y el lugar que ocupan nuevas estructuras, múltiples, aunque a veces consideradas como marginales.

Bajo el término de “dimensiones públicas” se reagrupan la publicación creciente de artículos en las diversas revistas y diarios, así como las reuniones de asociaciones tanto profesionales como estudiantiles. Algunas organizaciones se constituyen, de facto, sin “aprobación legal”. Citaremos algunas de ellas: el Consejo Académico de estudiantes de Praga, una especie de “parlamento estudiantil”; el Club del Pensamiento crítico en el seno de la Unión de Escritores; el “K231” que se daba como función representar a las miles de personas encarceladas tras 1948, según las “exigencias” de la “ley de defensa de la República” que llevaba el número 231. La primera reunión del “K231”, que reunió a un número importante de personas, a comienzos de abril de 1968, fue saludada por una carta de Eduard Goldstücker [http://www.vientosur.info]. Fue leída ante la asamblea, muy emocionada. En abril de 1968 se formó también el KAN -acrónimo checo del Club de las personas comprometidas sin partido- cuyo objetivo proclamado era asegurar a las y los ciudadanos que no eran miembros de ningún partido una participación en la vida política pública y colaborar en la construcción de “un nuevo sistema político -hasta ahora jamás realizado en la historia, el socialismo democrático”. Se afirmaba por tanto la voluntad de establecer un verdadero pluralismo político. El primer debate público organizado por el KAN tuvo lugar el 18 de abril de 1968 y su carta de presentación fue leída en una reunión de estudiantes, el 3 de mayo. Se celebraba ante la simbólica estatua del reformador Jan Hus (quemado vivo en Constanza en 1415) cuya conocida divisa era: “… busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, defiende la verdad hasta la muerte, pues la verdad te salvará…”.

Las relaciones de las y los estudiantes, la intelligentsia y diferentes fracciones de “reformistas” con las y los trabajadores ocuparon un lugar cada vez más central desde abril de 1968. Ivan Sviták, el 28 de abril, pronunció un discurso en una asamblea del KAN, que reproduciremos próximamente en esta web. Afirmaba en él, entre otras cosas, que “el movimiento sindical debe defender los intereses de las y los productores contra aparatos, manipuladores, técnicos y direcciones, porque el cambio de la propiedad social no garantiza que bajo una propiedad socializada de los medios de producción las y los trabajadores no serán explotados tanto como en el pasado, si no es más”.

Karel Kovanda, en el texto presentado a continuación, proporciona su análisis de los diferentes planteamientos que emergieron en el curso de los conflictos multifacéticos que marcaron esos años en Checoslovaquia. Poner a disposición de los lectores y lectoras francófonos (y en este caso hispanohablantes ndt) estos documentos -elaborados por activistas enraizados en la historia del país- puede permitirles apropiarse de una historia que ignora, a menudo, lo que estaba en juego en “esta revolución interrumpida” y por tanto la simplifica, borrando sus “lecciones”. (Charles André Udry).

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El planteamiento habitual de la primavera de Praga se concentra en la lucha entre las fuerzas del Antiguo Régimen de Novotny (la burocracia y los conservadores) y las fuerzas nuevas (las y los reformadores, liberales y progresistas). Aunque a un nivel de política práctica la simple distinción entre “progresistas” y “conservadores” pueda efectivamente ser útil, es demasiado superficial para otros fines. Sobre ciertas cuestiones importantes, aparecieron diferencias cruciales en el seno del campo progresista, diferencias resultantes de las predilecciones filosóficas de las personas participantes cuando no de sus posiciones de clase.

Estaban quienes abogaban por reformas bien controladas, guiadas, de la vida económica y política del país, reformas de las que esperaban, al menos implícitamente, que fueran conducidas desde arriba. Tanto en el interior como en el exterior del PCC, se trataba de tecnócratas en el plano económico y de liberales en el político. Había también quienes consideraban que una participación popular de masas era una condición esencial para emprender un cambio del sistema que fuera más allá de la cosmética. Estos últimos eran demócratas radicales.

Evolución de los “campos” en presencia

Estos dos grupos pertenecían, en el plano político, al campo “progresista”. Los dos grupos estaban implicados en una lucha contra las viejas fuerzas conservadoras. En realidad, las diferencias entre los dos grupos antes de 1968 deben ser ampliadas, con la ventaja de la perspectiva, para hacerlas claramente visibles.

Pero a medida que las fuerzas conservadoras perdían terreno políticamente, en particular en 1968, las diferencias en el seno del campo progresista se hicieron más pronunciadas. Se profundizaron el el curso del año y se desarrollaron, más aún, tras la invasión del mes de agosto de ese año. La invasión demostró en realidad la imposibilidad fundamental de la alternativa liberal-tecnocrática. En el momento crítico, la disyuntiva se hizo clara: la absorción en una burocracia internacional [en este caso, ilustrada en el plano militar por las fuerzas del Pacto de Varsovia] o una democracia popular radical que implicara una participación masiva [de la población].

Las posiciones liberales y tecnocráticas, que representaban una especie de “vía media”, se desvanecieron progresivamente y quienes las defendían se sumaron a uno u otro campo. En definitiva, a partir del verano de 1969, el bucle fue cerrado por quienes habían permanecido como liberales y tecnócratas: se asociaron a la burocracia victoriosa, su enemigo de antaño, contra quienes defendían la democracia radical, sus aliados de ayer.

Diferentes segmentos de la población estaban implicados en el campo democrático radical. Se trataba de un sector cuyo desarrollo fue rápido en relación con la participación masiva en el terreno político. Englobaba fracciones de la intelligentsia, del movimiento estudiantil así como de amplias porciones de la clase trabajadora y del movimiento obrero tal como el ROH [en el Revoluní odborové hnutí, Movimiento Sindical Revolucionario, las relaciones instituidas de subordinación a la dirección del PCC fueron, a partir de marzo de 1968, objeto de críticas cada vez más severas como revelan los artículos del diario Práce en checo y Práca en eslovaco]. El proceso en estas estructuras se acentuó, en particular a partir de finales de 1968. Se sumaron a estas iniciativas numerosos técnicos y cuadros intermedios de la gestión de las empresas. La cuestión principal sobre la que divergían las posiciones de este grupo más claramente de las posiciones liberales y tecnocráticas era la que trataba sobre la introducción de la democracia en la industria, en la producción, un terreno hasta entonces alejado de las luchas políticas1.

Al comienzo de los años 1960 la economía checoslovaca se estaba atascando. En 1962-63, marcó un período de estancamiento e incluso de recesión, con una disminución del PIB sin paralelo con ningún país europeo. Este retroceso económico marcaba la culminación de los problemas crónicos y recurrentes engendrados por la importación sin ningún matiz del modelo soviético de gestión económica. La crisis impulsó la búsqueda de alternativas posibles a ese sistema, a menudo calificado de economía planificada. Finalmente se propuso una reforma económica integral, generalmente asociada al nombre de Ota Sik.

Reformas económicas y “participación de las y los trabajadores”

No se trata aquí de discutir en detalle sobre las propuestas de reforma, lo que por otra parte ya ha sido hecho en otros lugares2. Basta con remarcar que uno de los principales motivos de ésta era aumentar el papel del mercado a la vez que se reducía la influencia del rígido plan central. Los mecanismos de mercado eran vistos como el único medio de mantener un desarrollo económico que se autorregulara. Independientemente de sus limitaciones (que nunca fueron realmente objeto de un debate serio), se esperaba que fueran muy superiores a la economía planificada, por lo menos en un país con las condiciones y el estatus económico de Checoslovaquia.

El fallo de base de la economía planificada residía en las decisiones poco informadas y arbitrarias tomadas por las burocracias económicas y políticas centrales. Por consiguiente, una empresa recibía objetivos de producción (acompañados de una serie de otros indicadores) establecidos en el plan elaborado en el “centro”, es decir en el seno de la Comisión de Estado para la planificación así como en el Ministerio de Economía. La reforma, sin embargo, proponía que la empresa tomara sus decisiones sobre la base de su análisis del mercado. El plan central ya no debía jugar más que un papel de guía, la empresa podía actuar liberada de toda intervención política arbitraria.

Aumentar la autonomía de la empresa y definir sus éxitos en función de su capacidad para cumplir con las necesidades del mercado (más bien que de su capacidad para alcanzar los objetivos planificados) conduciría a una mejor responsabilización de las direcciones, dependiendo su renta en gran medida de los resultados generales de la empresa. De hecho, los incentivos materiales debían actuar a todos los niveles: incluso el trabajador del taller estaría económicamente ligado no solo a su empleo, sino también a los resultados generales de la empresa, sin embargo, por supuesto, a un grado bastante menor.

Sin embargo, cuando las proposiciones de reforma fueron inicialmente discutidas, sobre el hecho de que la empresa “tomaría decisiones”, “buscaría su mejor ventaja”, etc., la cuestión de saber quién realizaría tal actividad, así como ante quién serían responsables los directivos, seguía poco clara. En los esbozos preliminares, la cuestión de las reformas trataba sobre las políticas económicas a escala nacional, incluso sobre las reglas generales que presidían las relaciones entre el Estado y las empresas individuales. Los problemas internos de las empresas, tales como la distribución del poder y la autoridad en su seno, fueron inicialmente esquivados.

Lo mismo ocurrió con lo que concernía a la cuestión de la participación de los trabajadores en la gestión [de las empresas]. La “participación” existía, pero solo sobre el papel. A lo largo de los años, el concepto había degenerado bajo formas que se habían vuelto imposibles de reconocer y, en realidad, no daba a las y los trabajadores (representados por un movimiento obrero muy alejado, el ROH) prácticamente ninguna voz en los asuntos de las empresas. En 1965, cuando se comenzaban a poner en marcha las reformas, un experto observaba honestamente que la participación consistía esencialmente en el “mantenimiento voluntario y entusiasta de la disciplina en el trabajo”3. O, como estableció más tarde un documento del ROH: “una de las principales formas de la participación obrera en la gestión […] es el esfuerzo del trabajo individual”4.

Los reformadores económicos no estaban sin embargo muy interesados por esta cuestión. Dragoslav Slejska, un sociólogo industrial checoslovaco de primera línea, señaló en 1965 que el modelo centralista de la economía existente podía ser transformado de dos formas distintas. Bautizó las dos alternativas respectivamente como “gerencial” y “colectivista”. El modelo “gerencial”, según Slejska, podría “resolver mejor ciertos problemas difíciles de disciplina en el trabajo, igualitarismo, competencias, empresa, etc. […] Exacerbará sin embargo los problemas de […] las relaciones democráticas entre las personas implicadas en la producción, los intereses del productor respecto a los intereses de las operaciones realizadas por la fábrica, de diferenciación del estatus y desincentivará igualmente el desarrollo de una actitud concienzuda respecto al trabajo y la propiedad social. En una palabra: alienación” 5.

Aún cuando las generalizaciones pueden carecer de precisión, hay un punto que está claro: la concepción de la reformas económicas era “gerencial” más que “colectivista”. De forma general, los reformadores económicos (con una o dos excepciones notables) no se preocupaban del papel de las y los trabajadores como agentes activos en la organización de la producción. Discutían sobre la participación de los trabajadores en términos tradicionales, cuando lo hacían.

En el mejor de los casos, solo tenían ideas vagas e indeterminadas sobre los cambios necesarios. Estaban en marcha sentimientos contradictorios: de un lado, las y los trabajadores tenían derecho -aunque no fuera en la práctica, al menos sobre el papel- a participar; estaba en juego, por tanto, un cierto valor simbólico. De otra parte, el papel “modesto” del ROH tenía por efecto que fuera percibido únicamente como una autoridad política externa suplementaria, interfiriendo en las prerrogativas de gestión de las empresas; por consiguiente algo que los reformadores económicos estaban dispuestos a suprimir.

Otros concedieron mayor atención al papel de las y los trabajadores, en particular sociólogos como Sllejska, politólogos y juristas. Los investigadores de ciencias sociales subrayaban, ya en 1964, que en el contexto de las reformas económicas propuestas, las decisiones de las direcciones de empresa afectarían a todos los empleados en la medida en que sus rentas se basarían en los logros del conjunto de las empresas. En consecuencia, “las y los trabajadores deberían naturalmente insistir para que la empresa fuera dirigida únicamente por personas bien cualificadas que pudieran garantizar la prosperidad de la empresa y una buena paga así como buenas condiciones de trabajo para las y los trabajadores”6.

Varias fuentes han estimulado esta línea de pensamiento: entre otras, la crítica de la forma degenerada tomada en el país por la participación obrera; un reconocimiento de la gestión más eficaz de la industria en el curso de los primeros años de posguerra con un grado considerable de democracia en las empresas, así como el modelo yugoslavo de autogestión, aunque estuviera oficialmente desaprobado.

Aunque las propuestas específicas desarrolladas a partir de estas cuestiones sean ya de un interés puramente histórico, el punto principal sigue siendo actual, es decir que desde el comienzo de la puesta en marcha de las reformas económicas, varias opiniones intentaron hacer que fueran más sensibles a las y los trabajadores. Se trata de preocupaciones que anuncian la democracia radical de finales de los años 1960.

¿Quién velará sobre la gestión de las empresas?

La puesta en marcha de las reformas económicas progresó con sobresaltos. En 1965 varios centenares de empresas comenzaron a seguir las nuevas directivas, dirigiéndose el conjunto de la economía nacional hacia el nuevo modo en 1966. El proceso fue difícil y se fue dilatando. Los economistas, que habían elaborado las reformas, desarrollaron un conjunto coherente de propuestas que había sido aceptado con grandes reticencias por los responsables políticos y los burócratas. Estos últimos intentaron debilitar los efectos de las reformas, donde era posible, por medio de diferentes compromisos. Ota Sik se desesperó cuando las reformas fueron finalmente aceptadas, pues no contenían más que alrededor de un cuarto de sus propuestas originales7.

A finales de 1967, tras dos años de aplicación gradual y selectiva de las reformas, fueron realizados varios progresos. El plan central había perdido su omnipotencia. Los precios ya no eran gradualmente controlados y la fiscalidad de las empresas era ya uniforme. Los subsidios del Estado fueron reducidos o suprimidos, lo que obligó a varias empresas mal gestionadas a cerrar. En fin, comenzaron incursiones en el comercio exterior [en relación a las relaciones unívocas impuestas en el marco del COMECON -Consejo de asistencia económica mutua (!)].

Todos estos cambios se referían sin embargo a cuestiones de macroeconomía. Seguía siendo necesaria una reforma de conjunto del funcionamiento interno de las empresas. Se trataba de un camino inexplorado, con pocas referencias. Entre las cuestiones que esperaban una respuesta estaban: el estatus de una empresa en una economía de mercado reformada; los principios de gestión de las empresas; los problemas de propiedad; la integración en el seno de las empresas, etc.

A mediados del año 1966 un equipo especial de expertos en gestión, apoyado por la Comisión Estatal para la Gestión y la Organización (SKRO), en bastante desacuerdo con los economistas que habían elaborado el resto de las reformas, fue encargada de estudiar estos problemas así como el de la extensión de los principios de reformas económicas a las empresas individuales. Las conclusiones del equipo fueron sin embargo inaceptables para la dirección del país antes de 1968: suponer que el PCC (KSC) pudiera asumir los detalles de un plan que permitiera a las empresas autónomas tomar decisiones por si mismas equivalía a que el partido cediera una gran porción de poder económico.

El documento del SKRO tuvo que esperar una atmósfera más propicia. No fue discutido públicamente hasta 19688, una vez que cambios políticos fundamentales abrieron el camino para la puesta en marcha de las reformas económicas. La importancia del documento del SKRO, hasta ahora virtualmente ignorado por todas las personas que estudian el período, reside en que, por primera vez, presentaba una proposición detallada del papel de las y los trabajadores en la gestión de las empresas.

La cuestión de saber quien debía velar por la gestión de las firmas autónomas -en el caso de que alguien lo hiciera, pues había quien afirmaba que los directivos eran quienes mejor sabían hacerlo- ocupa un lugar central en el documento del SKRO. En el curso de la primavera de 1968, estaba generalmente aceptado que, debido a resultados económicos lamentables, las burocracias del Estado y del partido central deberían abandonar lo que les quedaba de control de la gestión económica. La cuestión de saber ante quién serían responsables quienes realizaran la gestión de las nuevas empresas autónomas seguía abierta.

En principio, a las direcciones de las empresas se les supone responsables ante quienes detentan su propiedad. La economía planificada reconoce efectivamente que toda propiedad estaba en manos del Estado. Las discusiones sobre las reformas condujeron a una distinción entre las ideas de propiedad del Estado y de propiedad social -es decir de propiedad del conjunto de la sociedad. Pero la sociedad, -igual que el Estado- es indivisible y es difícil transferir directamente el concepto de propiedad social hacia un órgano ante el cual las direcciones de empresas serían responsables.

Existían varias formas de tratar esta cuestión. Por ejemplo, surgió una propuesta -teóricamente muy interesante- que tenía por objetivo crear un órgano nacional elegido que centralizara de nuevo las responsabilidades económicas, una especie de “parlamento económico”. Al final, fue sin embargo la concepción de una responsabilidad económica descentralizada la que recibió el asentimiento general.

En esta onda, el documento del SKRO proponía un órgano que actuara en la propia empresa, como una especie de “legislativo económico” que sería distinto de la dirección , “el ejecutivo económico”. Este papel legislativo sería ejecutado por los consejos. Sin embargo, establecer el concepto general de consejo como órgano de decisión y llevar a cabo dicha función eran dos cosas bastante diferentes.

Dos cuestiones se destacan claramente: los poderes del consejo y su composición. A comienzos de 1968, estas cuestiones constituían una línea de separación entre los planteamientos tecnocráticos y democráticos. ¿La autoridad de los consejos sería solo simbólica o estarán implicados en las decisiones fundamentales? ¿Estarían compuestos principalmente de una colección de expertos y de burócratas, con una representación obrera solo minoritaria, o las y los trabajadores jugarían en ellos un papel dominante por su composición? Estas cuestiones tenían que ver con la determinación de cual sería el centro del poder económico, del grado por el que este poder sería retirado de las manos de la burocracia y si iba a una nueva élite de gestores o a los trabajadores.

(Este artículo fue publicado en la revista Telos, en el verano de 1976. Traducción francesa de A l´Encontre; intetítulos de la redacción; la continuación de este análisis será publicada en A l´Encontre y en viento sur).

Karel Kkovanda abandonó Checoslovaquia en 1970. Hizo un doctorado en ciencias políticas en el MIT, en 1975. En el momento en que escribió el artículo para Telos, se declaraba sin empleo y vivía en California. El 20 de marzo de 1975 escribía un artículo en el New York Review of Books en el que indicaba los primeros signos de un cambio, entre otros, en el movimiento estudiantil, desde 1963. De vuelta a su país, en 1990, hizo una carrera diplomática (Red. A l´Encontre).

http://alencontre.org/societe/histoire/dossier-tchecoslovaquie-iii-les-conseils-ouvriers-tchecoslovaques-1968-1969.html

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

1/ El término de “demócratas radicales” es habitualmente utilizado para referirse a los intelectuales que intentaban establecer una ligazón estrecha con las masas populares en el curso de una revolución diferente, la de 1848. La utilización de este mismo término en este texto sugiere una auténtica continuidad histórica con todas las tradiciones radicales checas. Una tal sugestión fue originalmente formulada por Karel Bartosek en su poco leído artículo “Národ sebekritiky: sloby, nebo ?iny?” (Autocrítica nacional: en palabras o en actos?). Reportérn nº 19 (1968) p. 7-8.

2/ Por ejemplo, Galia Golan, The Czechoslovak Reform Movement (Cambridge, 1971), p. 59-93 o Aldrich Kyn, “The Rise and Fall of Economic Reform in Czechoslovakia”, American Economic Review n° 60 (mayo 1970), p. 300-306. [En enero de 1969 era publicada en italiano la obra de Ota Sik La verità sull’economia cecoslovacca, Ed. Etas Kompass ; y en françés, La Vérité sur l’économie tchécoslovaque, Fayard, 1969 (en español Ota Sik, Sobre la economía checoslovaca: un nuevo modelo de socialismo, ed. Ariel ndt). Este libro reunía las conferencias pronunciadas en la televisión por Ota Sik. Liado en las arenas de la burocracia dominante, O. Sik se uniría, en junio de 1968, al auge del movimiento autogestionario, ciertamente heterogéneo. Red]

3/ Jirí Kovárik, in Právnick n° 6 (1964), p. 549.

4/ Ibid. p. 554.

5/ Právnick nº 7 (1965), p. 637

6/ Právnick nº 6 (1964), p. 552

7/ Citado en Vladimír V. Kusín, Intellectual Origins of Prague Spring (Cambridge, 1971), p. 97.

8/ Hospodárské noviny, n° 16 et 17 (16 et 26 avril 1968), suplementos.





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