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En Revista Viento Sur162

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Plural: ¿Hacia dónde va el capitalismo español?
Crisis, multinacionales y conflictos
Pedro Ramiro y Erika González

“Nos encontramos en una situación de estancamiento, con graves riesgos si no se toman las decisiones adecuadas. La única solución posible para superar la crisis, y volver a crear puestos de trabajo, es recuperar el crecimiento económico”. Lo decía Isidre Fainé, presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, tres años después de la quiebra de Lehman Brothers. Y para lograrlo proponía tres ideas básicas: “Orientar nuestras empresas hacia el exterior, identificar nuevas oportunidades y revisar las estructuras de costes” (Fainé, 2011). Una receta clásica para tratar de salir de esta crisis por la misma vía que en ocasiones anteriores: aprovechando el tirón de los negocios internacionales, ampliando las operaciones a nuevos sectores y mercados, rebajando aún más los salarios y las condiciones laborales.

Efectivamente, las grandes compañías españolas se aplicaron a esta tarea para reactivar sus beneficios tras el estallido financiero y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y las ganancias empresariales, aunque temporalmente, han logrado retomar la senda del crecimiento. No obstante, para que eso haya podido suceder tuvieron que sumar al paquete otra serie de medidas: inyecciones de liquidez al sistema financiero mediante compras de deuda pública y privada, creación de nuevas burbujas especulativas, desinversiones y venta de activos, aumento de los márgenes empresariales. Con todo ello, además de con la siempre eficaz ingeniería financiera, las multinacionales españolas han podido presentar unos balances aparentemente saneados a sus accionistas y de cara a los mass media. Repsol, por ejemplo, ha tratado de enjugar la pérdida de su filial YPF –expropiada por el gobierno argentino en 2012 y que en tiempos llegó a aportarle a la transnacional hasta dos tercios de su producción anual de crudo– con la venta de filiales en otros países y el anuncio de más descubrimientos de yacimientos petrolíferos.

Lo que ocurre es que el capitalismo español, cuando apenas quedan sectores que privatizar ni nuevos nichos de mercado a los que dirigirse, ahora que la devaluación salarial y la destrucción ecológica difícilmente pueden aumentar mucho más sin provocar fuertes tensiones sociales, se encuentra muy tocado en su línea de flotación. La especialización turístico-inmobiliaria de la economía española y los réditos de la internacionalización de las grandes corporaciones, que han funcionado como motor del crecimiento de los beneficios empresariales durante dos décadas y media, han mostrado sus límites para servir de base a un nuevo ciclo de acumulación. En este marco, nuestras empresas se enfrentan a una coyuntura complicada para seguir generando dividendos al ritmo al que lo han venido haciendo en los últimos años. Aunque todavía disponen de un cierto margen de maniobra, porque aún pueden dar algunas vueltas más a la rosca de la precarización laboral y acelerar el ritmo de venta de activos para recortar sus deudas, el caso es que estamos ante el cierre de su ciclo expansivo.

Salir de la crisis

El crash global se trasladó al Estado español con la quiebra de la burbuja inmobiliaria. A la desaceleración del mercado que ya se estaba dando en 2007 se le sumó la crisis internacional del crédito, que hizo desaparecer rápidamente la demanda de inmuebles, tanto interna como extranjera. El extraordinario desarrollo del complejo inmobiliario-turístico-financiero que había liderado la economía española en las dos últimas décadas se desinfló rápidamente (López y Rodríguez, 2010). Y al tiempo que la paralización del crecimiento económico derivaba en una caída de los beneficios empresariales, se esfumaban las ilusiones de prosperidad de unas clases medias que habían basado su estatus en la meritocracia y sus niveles de consumo en el crédito.

Bancos, constructoras e inmobiliarias se vieron entrampadas en unos volúmenes de deuda que las hacían directamente inviables. También entraron en dificultades empresas de otros sectores que igualmente habían crecido de tamaño en base a la espiral de endeudamiento 1/. Y ahí los sucesivos gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, que siempre estuvieron de acuerdo en considerar el apoyo a las grandes empresas como una política de Estado, se emplearon a fondo para sacar a flote las cuentas de estas compañías, especialmente de las entidades financieras. Entre 2010 y 2011 se recortaron 15.000 millones de euros en inversión pública, se reformó el sistema de pensiones para aumentar la edad de jubilación, se abarataron los despidos y se modificó la Constitución para priorizar el pago de la deuda por delante de cualquier otra consideración en el presupuesto del Estado. En el marco de las turbulencias financieras que azotaban Europa, eran las monedas de cambio para que España pudiera seguir financiándose en los mercados y fuera tomada en consideración por sus socios europeos.

En el verano de 2012, ante la subida de la prima de riesgo y el inminente riesgo de colapso que se cernía sobre la economía española, el gobierno del PP solicitó ayuda a la Unión Europea para salvar su sistema financiero. La contrapartida a esa línea de crédito –el ministro Guindos recurrió a ese eufemismo para no tener que utilizar el término rescate– fue la reducción del número de bancos, la mayor exigencia de provisiones y la eliminación de los activos tóxicos. Con la reestructuración de las cajas de ahorros, otra de las condiciones impuestas por la Troika, el mercado bancario español se convirtió en el más concentrado de toda Europa 2/. Hasta la fecha, en todo este proceso se han perdido al menos 60.000 millones de euros; con esa transfusión de fondos públicos a empresas privadas, en un año se podría haber pagado nueve veces el presupuesto de la sanidad pública madrileña o la mitad de todas las pensiones (López y Rodríguez, 2017).

Hoy, cuando se ha cumplido una década del estallido financiero, parecería que la recuperación ha llegado para quedarse. Eso es lo que podría deducirse del bombardeo de datos macroeconómicos que nos trasladan los grandes medios de comunicación: en 2016, las compañías del Ibex aumentaron sus ganancias el 65,7% y la fortuna de los más ricos se incrementó el 4%; las 35 mayores empresas cotizadas españolas repartieron 22.000 millones en dividendos en 2017; con la reforma laboral se habrían generado más de 200.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años. El mensaje viene a ser: La salida de la crisis está ahí, a la vuelta de la esquina, solo queda el último esfuerzo. Pero la realidad es que las multinacionales españolas, siguiendo la línea marcada por Fainé, han podido sostener sus beneficios gracias a los réditos del proceso de internacionalización emprendido en las dos décadas precedentes, la devaluación continuada de los salarios y el intento de apertura permanente de nuevas posibilidades de negocio. Un repunte de las ganancias empresariales que tiene unas bases muy débiles y que no va a poder mantenerse ante una perspectiva de recesión económica, aumento de la deuda global y extensión de la desigualdad social.

La recuperación

Dos tercios de las ganancias actuales de las empresas del Ibex-35 provienen de sus operaciones más allá de nuestras fronteras. Los negocios de las multinacionales españolas en el extranjero, con América Latina como punta de lanza, les han permitido asegurarse cada año un elevado nivel de ingresos. Los dos mayores bancos obtienen el 85% de sus ingresos anuales fuera de España; las grandes constructoras españolas lideran el ranking mundial de concesiones de infraestructuras; las compañías de electricidad, turismo y textil han diversificado globalmente sus áreas de negocio. En un contexto marcado por la caída de los niveles de consumo y la poca disponibilidad de crédito, su posición de dominio en los servicios destinados al mercado interno en muchos países latinoamericanos ha sido fundamental para garantizarse unos ingresos constantes. Además, al no tratarse en general de compañías industriales, se han visto menos expuestas a los vaivenes de los precios de las materias primas en el mercado mundial.

En tan solo una década, el número de multimillonarios en España se ha multiplicado por tres. Pero, al mismo tiempo que la acumulación de riqueza por parte de los grandes propietarios iba en ascenso, las rentas salariales tomaron el sentido contrario. En 2013, las empresas del Ibex-35 despidieron a 120.000 trabajadores, el 8,9% del total de las plantillas de las cotizadas españolas. Telefónica, mientras pulverizaba todos los registros históricos de beneficios empresariales, reducía su plantilla en España a la mitad. Entre 2008 y 2017, las rentas empresariales se incrementaron el 58%; en ese mismo periodo, la remuneración del personal asalariado decreció el 3% 3/. La mayor parte de las ganancias se dedica a la retribución a los accionistas, que hoy están recibiendo un 33% más de dividendos que cuando se produjo el crash global.

En los últimos años, las grandes corporaciones han redoblado su estrategia de reducción de costes y han intensificado su ofensiva para intentar reposicionarse en nuevas áreas de negocio. Así, a la vez que continúan con la búsqueda de mercados de alta rentabilidad que no hayan sido suficientemente explotados, abandonan aquellos que consideran menos competitivos. Repsol reduce su peso en la extracción de hidrocarburos y entra de lleno en el negocio eléctrico; Iberdrola, Naturgy y Endesa anuncian el cierre de la mayoría de sus centrales de carbón; Telefónica se centra en los contenidos audiovisuales y los negocios digitales; Inditex llega a un acuerdo con Amazon para poder vender su ropa en todo el mundo. Además, la falta de competencia en muchos de los sectores en los que operan les ha permitido ampliar sus márgenes de negocio, incrementando los precios de sus productos y servicios al mismo tiempo que recortaban sus gastos en personal.

Las empresas españolas han seguido apostando por una reordenación permanente de sus intereses a nivel global mediante una dinámica imparable de fusiones y absorciones de competidores. Y es que la compraventa de activos es una de las pocas herramientas que les quedan a las grandes corporaciones para sostener sus cuentas en una economía tan financiarizada. A partir de 2013, cuando los cambios de las políticas monetarias y financieras facilitaron de nuevo la obtención de crédito a las grandes empresas, estas volvieron a lanzar importantes ofertas de compra sobre otras compañías 4/.

Las desinversiones, igualmente, han resultado fundamentales para sortear un contexto político-económico poco favorable para los intereses del capitalismo español. Para empezar, en buena parte de los países donde tuvieron fuertes conflictos sociales o ambientales, las multinacionales españolas terminaron por vender sus filiales 5/. Pero, sobre todo, se han ido desprendiendo de otros muchos activos para obtener liquidez, adelgazar su deuda y establecer estructuras más competitivas y atractivas para los inversores; dicho de otro modo, para hacer caja y aligerar las plantillas. De hecho, el monto total de las desinversiones realizadas por las mayores cotizadas españolas en la última década supera al de las compras. Valga recordar el caso de las grandes constructoras, que pasaron de ser las mayores accionistas de las transnacionales energéticas –Sacyr lo fue en Repsol, Acciona en Endesa, ACS en Iberdrola y Unión Fenosa– a vender todas sus participaciones para digerir el empacho de ladrillo que les había provocado la burbuja inmobiliaria 6/.

El desplome de la cotización bursátil de un buen número de empresas españolas, sobre todo del sector inmobiliario y de la construcción, hizo que destacados fondos de capital-riesgo e inversores como Gates, Soros y Slim aprovecharan para entrar en ellas. Al contrario de lo que transmite el discurso oficial sobre la mejora de la marca-país, la razón de que los grandes capitalistas se decidieran a adquirir títulos de propiedad en estas compañías se encuentra en la posibilidad de obtener una alta rentabilidad con su inversión. Los procesos de reestructuración bancaria y saneamiento inmobiliario prepararon el terreno para que los fondos buitre y los inversores transnacionales llegaran para hacerse con las gangas disponibles en el mercado.

Nada de lo anterior, por sí solo, hubiera servido para la recuperación de la economía española de no haber contado con el gigantesco programa de adquisición de activos que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo. Desde 2015, esta institución europea comenzó a poner en marcha políticas de expansión cuantitativa (quantitative easing, QE) con las que efectuó una compra masiva de bonos y títulos de deuda, tanto públicos como privados, para inyectar liquidez en el sistema financiero y reducir los tipos de interés. Quince compañías españolas se han beneficiado de compras de deuda por valor de 10.000 millones de euros; Telefónica, Gas Natural, Iberdrola y Repsol concentran el grueso de estas ayudas financieras. En palabras de Draghi, el QE ha sido “el único chófer de la recuperación económica” 7/.

El fin del milagro español

Este año ha comenzado con el anuncio de despidos masivos en las grandes empresas. CaixaBank va a por su tercer ERE en un lustro, Vodafone prescindirá de uno de cada cuatro de sus trabajadores en España, Ford eliminará miles de puestos de trabajo en toda Europa. Ya 2018 terminó con la salida de 2.500 empleados de Naturgy y de 1.100 del Banco Santander, que para este curso plantea despedir otros 2.000 más. Alcoa, la multinacional estadounidense que en 1998 se hizo con la empresa pública del INI que se dedicaba al aluminio, acaba de anunciar el cierre de dos de sus tres plantas en España y el despido de 700 trabajadores.

La especialización económica española, en el marco de la división internacional del trabajo, se sigue sosteniendo sobre dos ejes principales: el turismo y el sector inmobiliario-financiero (Murray, 2015). Se trata de una economía desindustrializada que gravita sobre el sector servicios, dependiente del crédito y de los mecanismos financieros para poder mantener la rueda del consumo, empleo y crecimiento. Una estructura económica con una matriz productiva poco diversificada y focalizada en sectores de escaso valor añadido; sectores poco dinámicos, vinculados a la actividad exterior y a factores externos sujetos a cuestiones geopolíticas. Una realidad que, al fin y al cabo, se sustenta sobre los mismos pilares que estuvieron en el foco del estallido global hace una década. Y que, por tanto, es muy vulnerable frente a las turbulencias que se divisan en el horizonte.

Al margen de la retórica habitual sobre los avances en la creación de un nuevo modelo productivo, la realidad es que la mayor parte del trabajo creado en esta última fase de recuperación económica lo ha sido en el sector servicios. El turismo supone hoy el 13,7% del empleo total en España, incluso por encima de lo que llegó a representar la construcción en pleno 2007. Uno de cada ocho contratos que se firmaron en 2017 fue para trabajar de camarero, una proporción que duplica a la que había diez años antes. Más de la mitad de esos contratos tuvo una duración inferior a una semana, en un sector caracterizado porque dos tercios de los puestos de trabajo son temporales. Mientras la rentabilidad hotelera crece a un ritmo superior al 10%, la subida salarial pactada en el sector se sitúa por debajo de la inflación.

Más del 70% de la riqueza acumulada en España desde los años cincuenta se concentra en el sector inmobiliario y de la construcción. Los elevados niveles de riqueza que se dan en este país, en gran medida, están relacionados con los precios del suelo urbano. A principios del siglo pasado, la riqueza se articulaba en base a la tenencia de tierras agrícolas; hoy lo hace, fundamentalmente, a partir de la propiedad de suelo en las grandes ciudades. Así lo demuestran algunos trabajos recientes, que también concluyen que “otros activos productivos como infraestructura, equipamiento y maquinaria constituyen un valor residual, tanto en el presente como en el pasado” (Artola et al., 2018). No es de extrañar, entonces, que la penúltima vía escogida para salir de la crisis haya pasado precisamente por activar una burbuja especulativa con epicentro en el suelo y los bienes inmuebles de los grandes núcleos urbanos del país.

Los restos de industrialización que aún persisten en España lo hacen en sectores como el automóvil, la ingeniería, las energías renovables o las industrias cárnicas. La máxima expresión de lo que queda del sector primario tiene que ver con los invernaderos y las tierras controladas por el agrobusiness donde trabajan miles de personas, principalmente migrantes, en condiciones deplorables. En un país que apenas dispone de materias primas, que ha de importar la mayor parte de los materiales y recursos energéticos necesarios para su metabolismo económico, que tiene una tendencia acusada a la destrucción de empleo en momentos de recesión económica, que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el modelo productivo sigue centrado en la extensión del capitalismo rentista y de lo que ha sido la especialización clásica del país en los últimos sesenta años.

La crisis no ha terminado

Estamos viviendo el declive de la belle époque del capitalismo español, el final del proceso de expansión protagonizado por las grandes empresas del país en las tres últimas décadas que, en realidad, tiene sus orígenes hace un siglo y puede sintetizarse en cuatro etapas. La primera, que se inicia en la posguerra y avanza en las cuatro décadas de dictadura franquista, ha sido bien caracterizada como la época del desarrollismo. La segunda, que tiene lugar desde la firma de los Pactos de la Moncloa hasta que se producen las privatizaciones de las principales compañías públicas, es la que se conoció como modernización. La tercera, que en España se acompasa con el boom inmobiliario-financiero y en Europa con la adopción de las reformas económicas impuestas por la entrada en la Unión, tuvo su cénit con la absorción de decenas de empresas extranjeras y representó la década dorada para las recién nacidas multinacionales españolas. La cuarta, finalmente, comienza con el crash financiero y llega hasta nuestros días, en que asistimos al cierre del largo ciclo expansivo que han capitaneado las grandes compañías bandera de la marca España (Ramiro, 2014).

La tendencia mundial a la concentración del poder corporativo se hace patente también en el caso del capitalismo español, cuyos buques insignia están integrándose cada vez más en estructuras globales controladas por grandes inversores transnacionales. Sin la posibilidad de financiarse de forma barata y con una recesión en ciernes, cuando prácticamente la única vía para continuar con la obtención de beneficios es la devaluación permanente de la fuerza de trabajo, la pregunta es hasta dónde podrán nuestras empresas seguir manteniendo el discurso de la recuperación. También está por ver cuál será su propio futuro; a medio plazo, las salidas más probables son la quiebra, la fusión o la absorción por parte de otras corporaciones de mayor envergadura. Como ha escrito Rubén Juste (2017), “las grandes multinacionales españolas dejarán de tener bandera nacional en un periodo no muy largo”.

En este marco se entiende el proceso de descomposición de las élites protagonistas del milagro español, que en buena medida son herederas de las que vienen controlando el poder político-económico en España desde mediados del siglo pasado. Las continuas filtraciones que cada semana salen a la luz y presentan datos comprometedores para numerosos políticos y también grandes empresarios son la expresión más evidente de que nuestras élites se han lanzado a competir ferozmente por los dividendos del modelo. Desde el estallido financiero, las sociedades capitalistas se encuentran en un prolongado estado de inestabilidad; la falta de un horizonte creíble de recuperación económica conlleva una permanente inestabilidad política (Fundación de los Comunes, 2018).

El fin de la asistencia financiera de los bancos centrales, la previsible subida de los tipos de interés y la imposibilidad material de sostener un crecimiento prolongado avecinan un difícil contexto económico en los próximos tiempos (Streeck, 2017). La pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de cada vez más capas de la población, la extensión de las disputas por el acceso a bienes y servicios básicos, la profundización de las desigualdades y el agravamiento de la crisis socioecológica hacen augurar un aumento de la conflictividad a corto plazo. En el contexto de una crisis financiera global que no solo no ha sido resuelta, sino que amenaza con repetir su estallido de manera inminente, el malestar social que dio lugar al 15M y al ciclo de movilizaciones y al asalto institucional subsiguientes no parece que vaya a poder ser cerrado ni rápida ni definitivamente como desean los grandes poderes económicos.

En este contexto, cualquier posibilidad de transformación real de las estructuras de poder político-económicas pasa por replantear la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo socioeconómico. A nivel estatal, sin ir más lejos, buena parte de las limitaciones que han podido tener en los últimos años los gobiernos del cambio han estado vinculadas, precisamente, a la forma de abordar las relaciones de las instituciones públicas con las grandes compañías. La apuesta por la auditoría ciudadana de la deuda, la remunicipalización de los servicios de agua y limpieza, la reversión de las grandes operaciones urbanísticas al servicio del capital financiero, la puesta en práctica de modelos de ciudad que no tengan como ejes la atracción del turismo y la inversión internacional, al fin y al cabo, solo puede pasar por la confrontación radical con los discursos y las prácticas de las empresas transnacionales.

Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad

Notas:

1/ En 2008 se produjo la que hasta la fecha ha sido la mayor quiebra empresarial de la historia de España, la de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa. Otras compañías del ladrillo, como Hábitat o Reyal Urbis, corrieron idéntica suerte. La acumulación de deudas también metió en graves problemas o incluso se llevó por delante al Banco Popular, Abengoa, Pescanova, Isolux... Otras corporaciones, como el Grupo Prisa, no tuvieron otra salida que cancelar su enorme deuda transformándola en capital social, otorgando a sus acreedores el control del consejo de administración.

2/ En España, entre diciembre de 2009 y junio de 2012, pasó de haber 45 cajas a solo 12. En 1988, el panorama financiero español era dominado por siete grandes bancos; hoy, todos ellos están integrados en el Santander y el BBVA. Estos dos grandes grupos transnacionales, junto a La Caixa, Bankia y Sabadell, controlan actualmente el 80% del sector financiero en el país, mientras en 2007 la cuota de mercado de las cinco mayores entidades españolas era del 41%.

3/ Las grandes compañías producen hoy a un nivel ligeramente superior al de hace una década, pero ahora pagan menos a sus plantillas. Especialmente a las mujeres, que según la OIT cobran un 15% menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo.

4/ En el caso de las empresas españolas, se produjo la absorción de Telefónica sobre la alemana E-Plus, la de Repsol sobre la canadiense Talisman o la de Iberdrola sobre la estadounidense UIL. En todo caso, el volumen total de estas transacciones en 2016 fue tres veces inferior a lo que llegó a ser en 2007.

5/ Gas Natural Fenosa se deshizo de sus compañías en República Dominicana (2003), Guatemala (2011) y Nicaragua (2013); en la actualidad, se buscan compradores para su filial colombiana, que se encuentra intervenida por el Estado.

6/ Repsol, Telefónica, ACS y Ferrovial han reducido 13.400 millones de deuda gracias a las filiales de las que se han desprendido. La banca también se ha apuntado a esta tendencia y ha puesto a la venta 17.000 millones en activos y créditos del sector inmobiliario.

7/ El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, confirmó en diciembre de 2018 el final del quantitative easing, después de haber dedicado durante tres años dos billones de euros a las compras de bonos empresariales y deuda pública de los Estados.

Referencias

Artola, Miguel; Bauluz, Luis E. y Martínez-Toledano, Clara (2018) “Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands”. WID. World Working Paper Series, n° 2018/05.

Fainé, Isidro (2011) “Crecer para dirigir”. El País, 2 de noviembre.

Fundación de los Comunes (ed.) (2018) La crisis sigue. Elementos para un nuevo ciclo político. Madrid: Traficantes de Sueños.

Juste, Rubén (2017) Ibex-35. Una historia herética del poder en España. Madrid: Capitán Swing.

López, Isidro y Rodríguez, Emanuel (2010) Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano 1959-2010. Madrid: Traficantes de Sueños.

(2017) “Cuando 60.000 millones no son nada”, CTXT, nº 122.

Murray, Ivan (2015) Capitalismo y turismo en España. Del “milagro económico” a la “gran crisis”. Barcelona: Alba Sud.

Ramiro, Pedro (2014) Marca España. ¿A quién beneficia? Barcelona: Icaria.

Streeck, Wolfgang (2017) ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia. Madrid, Traficantes de Sueños.





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