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En Revista Viento Sur162

Plural: ¿Hacia donde va el capitalismo español?
Experiencias para dibujar otro mundo
María del Carmen García Bueno y Lorena Garrón Rincón

En un mundo en el que el sistema capitalista y el patriarcal nos devoran, a veces literalmente; en un mundo en el que la acumulación económica y de poder tiene mucho más valor que la vida; en un mundo en el que una parte mínima de la población es dueña de la mayor parte del planeta…, en este mundo solo nos queda la esperanza de quien lucha con uñas y dientes para construir una sociedad mejor. Una sociedad anticapitalista, feminista y ecologista.

Los impactos del capitalismo en el Estado español se ven con una claridad impoluta, más si cabe en las vidas y cuerpos de las mujeres. Desde la privatización de los servicios públicos, de los cuales nos encargamos mayoritariamente las mujeres, hasta la precarización de todos y cada uno de los trabajos múltiples y diversos que realizamos, pasando por la destrucción del medio en el que vivimos, cuyas consecuencias son incalculables.

Por desgracia, estos graves ataques, esta guerra de clases, no están teniendo la respuesta contundente que se merecen. En el último tiempo, tras el cierre del ciclo que abrió el 15M de respuesta al neoliberalismo destructor y la falta de representación de la sociedad española en la clase política que nos gobierna. En un momento en el que la identidad de clase sigue sin recomponerse y los sindicatos no terminan de encontrar la salida adecuada, son pocos los movimientos sociales que han permanecido en pie o al menos con la suficiente fuerza como para hacer frente a dicho sistema. Aún así, dos de ellos, muy relacionados entre sí por la importancia que le dan a los cuidados y a la vida, siguen fuertes y acumulando experiencias y organización.

El primero de ellos, el movimiento ecologista. Aunque no sea excesivamente visible, aunque esté latente siempre, ha conseguido atraer durante las últimas décadas a cientos de personas que no creen en el modelo depredador que nos vende el sistema. El segundo de ellos, el movimiento feminista, que ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo y que tras el 7N y el 8M se ha convertido en el único movimiento que es hoy capaz de impugnar de principio a fin el modelo capitalista y patriarcal en el que vivimos, de forma masiva.

Nos han querido convencer de que la historia del poder era la historia de la humanidad, la historia en mayúsculas. Por suerte, y gracias al trabajo de muchas personas, pero especialmente de muchas mujeres, sabemos que la historia la escriben las personas que construyen el día a día de una sociedad, las que cuidan el territorio, las que cuidan los recursos básicos, las que cuidan a las personas, en definitiva, las que mantienen la vida. Y la unión de esos dos movimientos, el ecologista y el feminista, da como resultado una acumulación de saberes, de luchas laborales y sociales, de dinámicas frente a los impactos del capitalismo, fundamentales para plantar cara a dicho sistema y del que nos sentimos plenamente orgullosas como parte de ambos.

Algunas de estas respuestas son localizadas o incipientes; otras, masivas o duraderas. Pero todas son útiles para el ensayo de ese mundo más justo en el que los derechos del planeta y de todas las personas estén plenamente reconocidos. Todas forman parte de la resistencia necesaria para hacer frente a un modelo asesino y para poder transitar hacia un modelo feminista y ecologista de sociedad. A continuación queremos destacar algunas de las luchas que han surgido en el Estado español en los últimos años; todas ellas, de distintas formas y con distintas estrategias, han enfrentado el avance del capitalismo en sus diferentes facetas, planteando resistencias a la explotación y construyendo alternativas.

Resistencias al modelo agroalimentario desde la soberanía alimentaria

La agricultura industrial, de la que la economía del sur del Estado es mayoritariamente dependiente, explota, por una parte, recursos ambientales que son finitos y, por otra, la mano de obra; con la excusa, en muchas ocasiones, de la rentabilidad de la producción y la riqueza que crea en la zona, sin importarles o sin querer ver las consecuencias. Sin tener en cuenta que este sistema agroalimentario solo puede ser rentable económicamente para unos pocos, utilizando mano de obra barata, casi gratuita y agotando y expoliando los recursos ecológicos.

Un ejemplo de la expansión de este modelo agroindustrial es la ganadería intensiva y las macrogranjas. Vivimos en un mundo donde cada vez se crían más animales de granja, pero cada vez hay menos granjeros/as. En el mundo se crían 70.000 millones de animales de granja al año, de estos 70.000 millones, dos tercios se crían en granjas industriales. En el Estado español, las granjas de porcino han disminuido en los últimos años pero, a la vez, el censo de cerdos se ha incrementado y sigue creciendo constantemente. Después de la firma en noviembre de 2018 del acuerdo comercial de España con China para la venta de carne de porcino, el riesgo de aumento de macrogranjas es evidente, con las consecuencias medioambientales y sociales que esto significa.

Uno de los graves problemas que conlleva esta producción ganadera es el consumo de agua. Según un estudio de Greenpeace, la ganadería actual de España consume anualmente lo que consumen todos los hogares en 21 años. Además, los costes climáticos que tiene este modelo de ganadería intensiva son escondidos en muchas ocasiones, pero la realidad es que un tercio del efecto invernadero es consecuencia de esta ganadería intensiva que, además, no asume los graves impactos ambientales, de bienestar animal o en el deterioro de las condiciones de trabajo que ocasiona. Y lo peor es que se está produciendo una expansión de este modelo de forma muy rápida.

Ante la creciente proliferación de macrogranjas porcinas está surgiendo una creciente protesta vecinal. Hay un debate cada vez más extendido sobre este modelo y sus consecuencias, y la urgente necesidad de valorar los costes reales de la producción de la carne barata y el excesivo consumo de carne. A raíz de este debate, en muchos territorios amenazados por estas instalaciones se han creado plataformas llamadas Stop macrogranjas. Y recientemente hubo un encuentro con el lema Resistiendo a la ganadería industrial, con plataformas de Murcia, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, entre otras, para poner en común sus luchas y coordinarse para hacer frente a la ganadería industrial.

Otro ejemplo de los impactos de la agroindustria lo vemos en el sector del manipulado. Este mismo modelo nos muestra la realidad de unas 20.000 mujeres que se enfrentan cotidianamente con la humillación y con la precariedad en el sector del envasado en Almería; que es la misma situación, aunque en mayor proporción, que en otros lugares donde se da esta agricultura intensiva de frutas y hortalizas. De estas casi 20.000 mujeres, el 60% cambia cada temporada de almacén por no tener contratos estables. Trabajan cada año durante varios meses para una empresa, la mayoría de las veces durante dos años, ya que al tercero no las llaman para no tener que hacerlas fijas.

Las jornadas de trabajo saben cuándo empiezan pero no cuándo finalizan, lo cual significa más dificultades para la conciliación familiar, jornadas de 10 y 12 horas o incluso más en plena campaña, sin los descansos obligatorios establecidos y un largo etcétera. Es la realidad que viven estas miles de mujeres, un trabajo marcado por la temporalidad y la estacionalidad pero, sobre todo, por la dureza: normas no escritas como no ir demasiadas veces al baño o a beber agua, casos de humillación como que a las trabajadoras que quieran ir al baño les cuelguen una llave de cartón gigante y una cuerda llena de mierda, etc., como se denunció por parte de las propias trabajadoras.

Frente a todos estos problemas planteados no es suficiente pensar que la solución sea la producción en ecológico. Ya que muchas de las plantaciones o invernaderos venden frutas y hortalizas como producción ecológica o bio, aunque en realidad se basan en producciones del capitalismo verde y en la explotación de migrantes. Frente a estas salidas falsas, la lucha contra este modelo de producción basado en la explotación se está dando de diferentes maneras y desde diferentes frentes, aunque de una manera lenta, a través de la apuesta por la soberanía alimentaria, la agroecología y el feminismo.

El concepto de soberanía alimentaria nace de la Vía Campesina en 1996 como propuesta alternativa a la globalización agroalimentaria. Es el derecho de los pueblos a producir y garantizar una alimentación suficiente, ambientalmente sana, socialmente justa y de cercanía. Son muchos los foros, congresos, experiencias y redes sobre agroecología y soberanía alimentaria. Una de las cuestiones más interesantes es el debate sobre agroecología feminista, ya que, aunque podamos pensar que la igualdad de género está implícita en la agroecología y la soberanía alimentaria, la realidad es que las desigualdades de género están muy arraigadas en el mundo agroalimentario, en los campos, en las familias y las cocinas. Y es por lo que ese debate está hoy más presente en todas las luchas y movimientos para construir una agroecología y soberanía alimentaria que pongan en el centro los cuidados y garanticen una vida digna de ser vivida.

La lucha se da también desde el consumo. Los grupos de consumo que apuestan por la compra de cercanía, por alimentos producidos de forma justa, están en auge en muchos sitios, se trata de gente que se une para comprar sus alimentos y de esta manera apoyar a productores/as agroecológicos. Al mismo tiempo, también vemos cada vez más proyectos alternativos encaminados hacia la soberanía alimentaria, como los huertos urbanos cada vez más presentes en nuestras ciudades.

Y, por último, mencionar la formación como herramienta de lucha: entre las diferentes experiencias, queremos destacar la Escuela de Acción Campesina en el Estado español, un proyecto de formación dentro de las organizaciones campesinas locales para avanzar en el cambio agroecológico hacia la soberanía alimentaria.

Resistencias en defensa del derecho al agua

El agua es el bien más básico de todos. Sin agua no hay vida, de ninguna clase. No hay alimentos y los animales y personas no podríamos sobrevivir. Es un bien de primerísima necesidad. Y, sin embargo, no en todos los lugares está garantizado, ni siquiera en nuestro país.

En las últimas décadas, la privatización del agua (fundamentalmente a través de la concesión de los servicios a empresas privadas), igual que la de otros servicios básicos, ha ido en aumento, acompañada de una gran falta de información a la ciudadanía. Las consecuencias de este proceso son gravísimas: “Bajo rendimiento de las compañías privadas, inversión insuficiente, incrementos de precio, aumento astronómico de las facturas del agua, la falta de transparencia financiera o los recortes de plantilla y mala calidad de los servicios”. De hecho, algunos estudios demuestran que la gestión privada del agua es un 22% más cara que la pública en municipios pequeños y medianos, lo que acaba pagando, de una u otra forma, la gente.

Y en este sistema patriarcal somos precisamente las mujeres quienes, por ser las garantes del bienestar familiar y las cuidadoras principales de los hogares, más sufrimos las consecuencias de esta privatización. Somos nosotras las que hacemos encajes de bolillos para pagar las facturas y las que mayoritariamente sufrimos los cortes de agua cuando no podemos pagarla. Para hacer frente a esta situación, en muchos municipios y mancomunidades se está luchando para proteger las empresas públicas, municipalizar o remunicipalizar el servicio, defender mejoras en la calidad de los servicios, apostar por una participación de la población o pelear por el reconocimiento del derecho humano al agua y la garantía del mínimo vital.

Más que conocida es la lucha que se dio desde la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II en Madrid contra el intento de saqueo por el que la Comunidad de Madrid pretendía privatizar el servicio. Frente a un modelo de gestión pública consolidado, que funcionaba bien, con buenos resultados económicos, se quería imponer un modelo privatizado. La plataforma, que cuenta con más de 30 organizaciones políticas y sociales y personas individuales, llevó a cabo múltiples movilizaciones, jornadas de reflexión y formación, asambleas, etc., en un trabajo enorme por parar la privatización y por hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones que se estaban tomando.

En relación a la municipalización, son más de 100 los municipios del Estado que en los últimos años han municipalizado el servicio de agua. No es tarea fácil. En un modelo especulativo, mercantilista y de obtención de beneficios a corto plazo como el que tenemos, el proceso de privatización es sencillo y rápido (en la mayoría de los casos), pero el proceso de vuelta a manos públicas, para aquellos ayuntamientos que consideran el agua como un derecho, puede ser tortuoso. Desde la creación de la Sociedad Aguas del Huesna, que permitió que 22 municipios de la provincia de Sevilla en 1994 dieran marcha atrás a un proceso de privatización, se han ido sumando municipios como Torrelavega en Cantabria, Medina Sidonia en Cádiz, Lucena en Córdoba, Arteixo en La Coruña y un etcétera, por suerte, bastante largo.

Desde las múltiples plataformas por el derecho al agua, los ayuntamientos que defienden un modelo público o la Marea Azul, por nombrar solo algunos de los actores que están presentes en esta lucha, lo que se defiende es que el agua sea reconocida como un derecho humano real, que se dé un modelo ecointegrador y participativo, y que se garanticen los mínimos vitales que cualquier ser humano necesita para vivir.

Luchas feministas para democratizar la energía

Como afirma Alba del Campo:

“En el terreno energético se ha excluido a las mujeres de la política con mayúsculas. Y en España podemos afirmar que la historia de la energía fósil ha sido escrita casi en exclusiva por hombres. ¿Y qué está pasando en el proceso de cambio de modelo energético a las renovables? Si observamos los programas de la mayor parte de los eventos energéticos de relevancia, quién forma los consejos de administración de las empresas, las direcciones de los institutos de energía o quién dirige los proyectos de investigación en las principales universidades, tenemos la sensación de haber retrocedido 50 años. No solo no hay paridad, formas y fondo son extremadamente conservadores y machistas. Y constatamos que el mundo de la energía, a pesar de incorporar mujeres en sus plantillas, ha permanecido impermeable al feminismo” (Del Campo, 2018).

Sin embargo, somos las mujeres quienes mayoritariamente nos encargamos, en las unidades familiares básicas, de proporcionar la energía que se necesita para la supervivencia de la vida. Quienes hacemos malabares para pagar la factura del gas y la luz. Quienes sufrimos mayoritariamente la pobreza energética. Y también quienes soportamos las consecuencias de la extracción de petróleo o gas en los lugares donde vivimos. Unos impactos de los que son responsables, en muchos casos, las campeonas de la economía española, empresas como Repsol, Iberdrola o Gas Natural Fenosa, que han sido alabadas por sus resultados económicos, conseguidos a través de la explotación y despojo de territorios.

Frente a esto se están dando diferentes respuestas que van de la mano. Por un lado, cientos de mujeres de diferentes puntos del Estado están trabajando en cooperativas de producción y consumo de energía, y en construir redes para hacer real una transición energética. Más concretamente, diferentes colectivos, profesionales y activistas del sector energético están poniendo los mimbres desde diferentes realidades con el objetivo común de “pasar de la falocracia al ecofeminismo” y “generar herramientas de transformación social e impulsar una transición energética ecofeminista” (Del Campo, 2017).

Muestra de ello son los diversos encuentros que se han dado en el último año para poder coordinar ese inmenso trabajo que se está realizando. Los objetivos de la red son, por un lado, internos (“transformar las lógicas de participación, coprotagonizar la transición energética, visibilizarse y establecer planes de igualdad dentro de las organizaciones de las que forman parte”), pero por supuesto también externos: incluir la perspectiva feminista en el sector energético y democratizar las decisiones y los servicios que se dan alrededor de este sector.

En segundo lugar, aunque aún minoritario, encontramos experiencias de empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, en materia de energía. A través de talleres que se dan en los barrios, sobre el recibo eléctrico y ahorro energético, para que la ciudadanía no experta tenga los conocimientos mínimos para disponer de criterio y del valor de participar en el debate energético.

Una tercera experiencia es el avance en los procesos de remunicipalización del servicio de electricidad impulsada en algunos municipios. Así como la contratación de electricidad certificada 100% renovable. En España ya hay 700 ayuntamientos que han contratado electricidad renovable, dando servicios a 12 millones de personas. Algunos de estos contratos han sido otorgados a cooperativas sin ánimo de lucro que, además de proveer electricidad certificada, realizan una enorme labor de información, sensibilización y exploración de prácticas de democracia energética.

Las Kellys, un ejemplo de lucha contra la precariedad

Hablar de empleo feminizado, de precariedad, es hablar de las Kellys. Las que limpian las habitaciones de los hoteles para que los turistas puedan disfrutar de unas instalaciones donde pasar sus días de vacaciones en condiciones óptimas, aunque pongan en riesgo su salud por las condiciones laborales a las que se enfrentan. Estas trabajadoras, unas 200.000 en todo el Estado español, están mayoritariamente externalizadas, ya que la mayoría de las empresas hoteleras externalizan este servicio. Además, son contratadas en muchas ocasiones a media jornada, pero se les exige un ritmo de trabajo agotador. Con ejemplos de contratos de 6 horas para limpiar 24 habitaciones en esas horas.

El movimiento de las Kellys surgió en 2014. Cansadas de la invisibilidad, de que la gente no las viera, que no las escuchara y que no se valorara económicamente el trabajo que realizaban, como ellas repiten, perdieron el miedo. Ya que no tenían nada que perder, empezaron a luchar creando su propia organización. Con su lucha han conseguido, entre otras cosas, que se reconozcan algunas enfermedades como profesionales, las musculoesqueléticas. Además, dentro de sus reivindicaciones plantean la necesidad de regular por ley la prohibición de la externalización de servicios y la jubilación anticipada, ya que estas mujeres, con las consecuencias físicas del trabajo por su dureza y del estrés, no pueden llegar hasta los 67 años realizándolo.

Ha sido fundamental, como decíamos, la visibilización de sus condiciones laborales y el sufrimiento de este colectivo para que ellas perdieran el miedo a ser protagonistas de su lucha y de su futuro. Hoy ya no se resignan, no se callan, se organizan y luchan: con movilizaciones delante de las agencias de contratación, denunciando prácticas abusivas de empresas multiservicios, manifestaciones, concentraciones en las puertas de hoteles, etc. Y no solo llevan a las calles sus demandas y propuestas, también al Congreso de los Diputados, Parlamentos de comunidades autónomas y al Parlamento Europeo. Como ellas dicen: “Solo llevamos unos años de lucha, pero es solo el principio” 1/.

Conclusiones: La huelga de mujeres, feminista, antirracista, anticapitalista y ecologista

Las luchas presentadas son solo algunos ejemplos de todas las resistencias que existen hoy en día frente a un capitalismo que en el Estado español, como en el resto del mundo, intenta superar su crisis profundizando la explotación de las personas y el planeta. Son ejemplo, también, de la necesaria confluencia de las luchas feministas, laborales, antirracistas y ecologistas. Una confluencia que mostró su potencial de movilización y transformación el pasado 8 de marzo, en la huelga de mujeres.

Las cientos de compañeras que organizamos el 8M de 2018 éramos incapaces de imaginar que ese día iba a ser tan importante para el conjunto de las mujeres de este país. No podíamos llegar a vislumbrar cuál iba a ser el impacto de la movilización de un día que llevamos celebrando más de un siglo. Fue mucho el trabajo que se destinó a ese día, porque por múltiples razones las feministas ya no nos conformábamos con una manifestación por el centro de nuestras ciudades y pueblos, ese año íbamos hacia una huelga.

Poníamos en jaque todo el sistema: trabajo asalariado, cuidados, consumo y mundo estudiantil. TODO. Y pusimos el país patas arriba. Y muchas compañeras fuimos a la huelga. Y muchas otras sacaron sus delantales a los balcones porque hacer huelga les era imposible, pero apoyaban. Y las plazas y las calles se llenaron otra vez de gritos, de alegría, de lucha. De millones de mujeres y hombres que decían basta ya a este sistema capitalista y patriarcal que nos humilla y asesina.

Las repercusiones han sido muchas. Desde que una gran parte de la sociedad entienda que ya no hay vuelta atrás en la conquista de nuestros derechos, a poder entender el feminismo como una lucha que nos atraviesa de múltiples formas, u organizarnos de forma multitudinaria para dar respuesta a violaciones múltiples, abusos y vejaciones de mujeres migrantes y jornaleras o rechazar el ascenso fascista y misógino en nuestras instituciones.

Gracias a ese bendito 8 de marzo, cada día es más visible nuestra lucha, cada día hay más mujeres organizadas, cada día hay más gente que condena las violencias machistas. Gracias a esa huelga, el movimiento feminista agarró bien su autonomía para dejar de depender de un partido que hace mucho que perdió sus siglas por el camino, y decir alto y claro que nuestra lucha es feminista, pero también antirracista, anticapitalista y ecologista. Que en ella cabemos múltiples identidades. Ese 8 de marzo vino a decirle al conjunto de la población mundial que para acabar con el capitalismo nos necesitan y que hay esperanza para cambiar el mundo; pero el nuevo, necesariamente, tendrá que ser ecofeminista.

Mari Carmen García Bueno es parlamentaria andaluza, miembro del Comité Nacional y de la Ejecutiva del SOC-SAT, y Lorena Garrón es historiadora, miembro del Café Feminista de Cádiz y del Consejo Asesor de viento sur. Ambas son militantes de Anticapitalistas

Notas:

[1] Os invitamos a ver un documental donde se denuncia la situación de este colectivo de trabajadoras, el más precario de la actualidad, “Hotel Explotación: Las Kellys”.

Referencias

Babiano, Luis (2016) “Agua, mercantilización y desprivatización”. Encuentro de Ciudades por el Agua Pública. Recuperado de https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agua/Ficheros/EncuenroAguaPublica/Mesa1.LuisBabiano.pdf

Del Campo, Alba (2017) “Empoderamiento, mujeres y soberanía en la necesaria transición energética”. Viento Sur. Accesible en https://vientosur.info/IMG/pdf/13._empoderamiento_mujeres_y_soberani_a_en_la_necesaria_transicio_n_energetica.pdf

Del Campo, Alba (2018) “Aportaciones para una transición energética ecofeminista”, ctxt. Accesible en https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22668/transicion-energetica-ecofeminista-Alba-del-Campo-jornadas-feministas-CTXT.htm#.W-lkVXC5Sb8.twitter

Ortega de Miguel, Enrique (2016) “La lucha contra la privatización del Canal de Isabel II”. Encuentro de Ciudades por el Agua Pública. Accesible en https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agua/Ficheros/EncuenroAguaPublica/Mesa2.EnriqueOrtega.pdf

Rodríguez Palop, María Eugenia (2017) “(Re)municipalizar para recuperar lo nuestro”. eldiario.es. Accesible en https://www.eldiario.es/zonacritica/Remunicipalizar-recuperar_6_600599964.html

Revista Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas.





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