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En Revista Viento Sur162

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Plural: ¿Hacia donde va el capitalismo español?
Del discurso de la recuperación a una nueva crisis política
Isidro López y Emmanuel Rodríguez

La larga crisis del capitalismo financiero global parece estar lejos de haber terminado. En todo el mundo se están desmoronando las estructuras políticas que el arreglo financiero generó en la reordenación que siguió a la crisis de 1973. Este desmantelamiento del orden neoliberal está lejos de producir una alternativa clara. El capitalismo dejó de ser durante mucho tiempo una fuerza de progreso social y ahora aparece simplemente como incapaz de producir un orden social que no se base únicamente en la rapiña financiera. El aumento de la dominación política y la disciplina financiera parecen ser el único camino a seguir. Los enormes problemas subyacentes de exceso de capacidad, exceso de competencia y falta de rentabilidad, así como el estancamiento de la productividad del trabajo, lejos de resolverse, han ido agravándose hasta convertirse en un enorme elefante blanco en la habitación que incomoda por igual a neoliberales y keynesianos.

La economía española, y la posición de España en la jerarquía de Estados que se deriva de ella, fue uno de los grandes juguetes rotos del modelo de la globalización financiera anterior a la crisis de 2008. El desplome en caída libre de toda la estructura social española, al menos en el 80% de la población con menos ingresos, en apenas año y medio, fue un gigantesco shock político, económico, social y psicológico, cuyas consecuencias reaparecen continuamente en distintas expresiones de un malestar difícilmente suturable por medios únicamente simbólicos o discursivos. En la profunda crisis política que siguió a la crisis de la zona euro, España fue la pieza central de un combate que casi siempre parecía librarse en otras partes, salvo en las contadas ocasiones en que quienes impugnaban el modelo disciplinario de la Eurozona fueron capaces de plantearlo de forma directa. Fue un país pequeño y relativamente desconectado de la trama principal de las economías de la zona euro como Grecia quien pagó, en forma de jaula de hierro financiera ejemplarizante, los riesgos de desestabilización de la cuarta economía de la Unión Europea.

Siendo España la principal historia de éxito del ciclo neoliberal continental desde su acceso en 1986 a la CEE hasta la crisis de 2008, la relevancia del resultado de su crisis política fue, y quizás sigue siendo, crucial para el eje Bruselas/Berlín. España resultó ser el principal laboratorio global de un modelo de crecimiento financiarizado, basado en las burbujas de precio de los activos inmobiliarios que permeaban hasta organizar casi toda la vida social. La clase media, principal agente del resultado de la Transición y de la larga hegemonía del Partido Socialista, basada en un programa modernizador y europeísta, dependía de los precios de la vivienda y de una enorme deuda ligada a ellos, como garantía para mantener unos niveles de consumo lo suficientemente altos como para garantizar su posición de cortafuegos frente a luchas de clases y conflictos distributivos. En lo que durante quince largos años parecía la cuadratura del círculo definitiva, el capitalismo financiarizado parecía haber sido capaz de alinear a las clases medias con los intereses de clase del capitalista en dinero, al tiempo que sufría y aumentaba la caída de los salarios reales, una rápida precariedad de las condiciones del mercado laboral y una inexorable descapitalización de los mecanismos de provisión del welfare. Un círculo que volvió a su posición redonda bruscamente en apenas cuatro años, de 2008 a 2012.

Milagro en la Eurozona

En algún momento del segundo cuatrimestre de 2017, la economía española alcanzó los niveles de producto interno anual de 2008. Tanto el gobierno de Mariano Rajoy como los centros ideológicos del neoliberalismo europeo se lanzaron a loar la resiliencia del modelo español. De alguna manera, esta recuperación nominal, después de una década perdida, sirvió como asidero para lanzar un mensaje acerca de la validez de las políticas de austeridad y deudocracia: un esfuerzo que termina rindiendo frutos. Como conclusión necesaria de esta línea de argumentación se refrendaba al gobierno de Rajoy como salvador de la situación de emergencia, gracias a que siguió la línea de políticas económicas marcada por Bruselas y Berlín sin estridencias, pero con la determinación necesaria, a sabiendas de su impopularidad en un primer momento. Con esta nueva coyuntura se podía salvar la cara de la Unión Europea y sus políticas económicas como lugares de enunciación de un discurso económico neutral y experto que tiene que luchar contra las arbitrariedades populistas de los gobiernos nacionales. Sin este discurso, es decir cuando la Unión Europea se vuelve un actor demasiado visible, su poder se tambalea.

Entre 2013 y 2017, España creció más deprisa que el resto de países europeos, tocando techo en 2017 con un 3,7%. En la particular pugna con Italia por ser la cuarta economía europea en términos de renta per cápita en paridades de poder adquisitivo, España recuperó en 2014 el puesto tras perderlo en 2010. De hecho, Italia ha sido durante estos años el contraejemplo perfecto para el discurso económico mainstream. Según este mismo discurso, es un país que no hizo el ajuste por motivos populistas, la venalidad de Berlusconi, y eso le ha costado un lustro de estancamiento y sufrir a un gobierno reactivo y xenófobo. Frente a esto, la España dócil de Rajoy recibía su justo premio en forma de crecimiento sostenido. Ser disciplinado en la zona euro tiene premio.

No solo se pavoneaban los líderes europeos y sus medios de los niveles de crecimiento de España, sino que afirmaban que se había superado el anterior modelo basado en la burbuja inmobiliaria financiera, y España, gracias a la devaluación competitiva que supuso la reforma laboral de 2012, había reactivado sus sectores exportadores y ahora era un modelo de competitividad. Mientras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia habían aumentado sus costes laborales unitarios desde 2008 en el entorno de un 10% –cerca del 20% en el caso alemán–, España los redujo un 5%. En la misma línea, el índice de producción industrial interanual ajustado por estacionalidad mantuvo aumentos continuados en el entorno del 2-3% durante el periodo 2015-2017. Las exportaciones pasaron del 25% al 33% del PIB. Como summum de este nuevo modelo, el déficit por cuenta corriente de la economía española arrojaba un saldo positivo por primera vez desde la extinción del franquismo en un ciclo de crecimiento, y no se disparaba a causa de un consumo interno sobrecalentado como sucedía en los días del ciclo inmobiliario. Todo cuadraba, a base de sacrificio y reformas estructurales España habría abandonado su adicción al ladrillo y al crédito, y en su lugar estaría entrando en la tierra prometida de la competitividad.

Desde el punto de vista interno, el gobierno de Rajoy lograba mantener la dualidad ideológica que recubre el turnismo bipartidista dentro del régimen del 78, el PSOE para el despilfarro en momentos de expansión y el PP para la austeridad en momentos de contracción económica. Para esto, el gobierno del PP se enrocó en el Estado y, no sin luchas internas, logró someter el activismo cultural neocon de los sectores aguirristas y aznaristas del partido. Una reconstrucción de la ideología de Estado con la que el marianismo aspiraba a reconfigurar la imagen del Estado como refugio de una clase media destrozada frente a los bruscos virajes de la coyuntura anterior. Rajoy no estaba en condiciones de recomponer las clases medias mediante una expansión del gasto público en un momento de fuerte contracción del crédito, pero sí de ofrecer predecibilidad y contención de la caída frente a cualquier alternativa más ambiciosa.

Rescate y ajuste: la provincia España bajo control

Tomado en su expresión literal, este discurso triunfalista del retorno del milagro español no tiene demasiado recorrido. Ha bastado un cambio en el viento que sopla en una economía global convulsa para dejar al descubierto la endeblez del ciclo de acumulación poscrisis, esta vez en apenas cinco años, y correlativamente el desmoronamiento político, lento pero inevitable, tanto de la hegemonía global norteamericana como del centrismo, tanto en sus vertientes neoliberales como socialdemócratas, pasando por los últimos estertores de las decrépitas democracias cristianas.

Pero, más allá de la propaganda, lo cierto es que la Unión Europea ha logrado estabilizar momentáneamente el flanco que más le preocupaba de la zona euro, una España sacudida en primera instancia por el 15M y luego por Podemos. En concreto, Podemos simplemente no ha sido rival para las políticas europeas. Incapaz de desentrañarlas, mucho menos de operar políticamente en un contexto de contención de la crisis, Podemos se ha ido viendo inexorablemente llevado hacia el centro del espectro político, donde ha terminado confundiéndose con un PSOE que ha capturado y rentabilizado ese viaje al centro.

El primer eje de intervención de la Unión Europea en la crisis española fue la llamada reforma del sistema financiero. En realidad, fue desde aquí como la Troika rescató a España, entendiendo siempre como rescate un movimiento de control de los agentes y los activos de las economías nacionales, que quedan bajo la autoridad nominal de los acreedores de la deuda nacional. La reforma del sistema financiero español fue el eufemismo que se utilizó para denominar al rescate europeo de las cajas de ahorros. La UE tenía como objetivo fundamental de su intervención tanto el reforzar un gobierno estable y sumiso a los dictados de la Troika, en última instancia a los intereses de las finanzas, como señalar políticamente como responsables de la crisis del euro a los Estados-nación para rescatar de manera indirecta a los bancos sin asumir el coste político que conllevaba.

La consecuencia inmediata de las intervenciones para rescatar a los agentes financieros, sumada a los primeros intentos de estímulo keynesiano del gobierno de Zapatero y a los estabilizadores automáticos, fue el rápido crecimiento de la deuda pública en todas las escalas del Estado. En estos años se puso de manifiesto hasta qué punto el Estado depende de la demanda generada por el ciclo inmobiliario. El aumento del déficit, sin llegar a los niveles absolutos de otros momentos de la economía española, fue extremadamente rápido. Entre 2009 y 2012, los déficits públicos alcanzaron repetidamente la marca del 10%. Y la deuda pasó del 40% del PIB en 2008 al 100% en 2014. En esos niveles permanece desde entonces, concretamente el 98% en 2017.

A todo esto se añadió la firma, en 2011, de la reforma del artículo 135 para hacer del servicio de la deuda una prioridad para el gasto público. Pero el año clave fue 2012: la prima de riesgo de los bonos en España llegó a su punto álgido, con la quiebra de Bankia a punto de llevar a la quiebra al Estado. Tan pronto como Bruselas accedió a gastar 100.000 millones de euros en el rescate de Bankia, el gobierno presentó un plan de austeridad que la Troika consideró insuficiente. Y no se envió dinero hasta que el gobierno español, en julio de 2012, puso en marcha el mayor plan de ajuste de la historia de España: 65.000 millones en dos años.

Los recortes estaban en todas partes, excepto en las pensiones, que estaban solo congeladas. El presupuesto estatal se redujo en 27.000 millones de euros y se impuso un recorte de 18.000 millones a las comunidades autónomas, aplicados a la sanidad, a los sistemas educativos y a los servicios sociales. Se recortaron 3.000 millones para los gobiernos locales. Además, se produjo también una subida de los impuestos indirectos, con un aumento del tipo general del IVA del 18% al 21%. La llamada regla de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que obligaba a amortizar deuda antes de invertir, terminaba de blindar el corsé deudocrático del gasto público.

En términos electorales, el ajuste de 2012 supuso para el PP la pérdida de la mitad de su electorado, votantes que a día de hoy no ha vuelto a recuperar y difícilmente va a hacerlo en el futuro inmediato. En términos sociales, los recortes de servicios públicos han tomado una forma más paulatina y jerarquizada que se corresponde con una política continua de externalizaciones y privatizaciones desde lo público a lo privado. Los niveles de inversión y personal previos a la crisis no han vuelto a recuperarse en ninguna de las grandes partidas del welfare hispánico.

Un gobierno público-privado: el papel central de las políticas monetarias

Una vez atados tanto el tercer tramo del rescate griego como el rescate del sistema financiero español, es decir, puestos en marcha los mecanismos materiales para la subordinación de las economías de los focos de rebelión contra el orden financiero del sur de la Eurozona, Mario Draghi pronuncia su famosa sentencia: “Haré lo que sea necesario para salvar el euro”. La forma en que este movimiento iba a tener lugar no estaba clara en ese momento. Ciertamente, la mutualización de la deuda en forma de eurobonos no iba a tener lugar. El gobierno alemán se había opuesto firmemente a un acuerdo de este tipo invocando el mandato del BCE de controlar la inflación, a pesar de que el escenario, implícito ya en la política de tipos de interés mínimos, inexistentes o negativos, era más bien deflacionario. El siguiente paso, entonces, era sumarse a las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales de Estados Unidos y Japón (QE, por sus siglas en inglés), un término técnico que recubre la pieza política fundamental de este periodo.

En su sentido más literal, el QE es un programa de estímulo monetario a grandísima escala consistente en que el Banco Central adquiere grandes cantidades de deuda pública, y en la última fase también de deuda privada, en operaciones de mercado que a otra escala mucho más reducida siempre han formado parte de las atribuciones de los bancos centrales. Un mero aumento de la masa monetaria no tenía, por supuesto, ninguna posibilidad de generar crecimiento de la inversión y de la productividad laboral a escala europea, pero tampoco era suficiente para inflar una burbuja del tamaño de la anterior a 2007. Los saldos bancarios aún estaban llenos de activos dudosos o, directamente, malos. Y no había forma de que los bancos europeos se lanzaran a nuevos préstamos a las clases medias por el simple hecho de que ahora tenían más liquidez.

Esta maniobra financiera hizo descender los rendimientos de los títulos de deuda soberana y, simultáneamente, inyectó grandes cantidades de liquidez a bancos, hedge funds y operadores financieros. Con esta maniobra dirigió los flujos financieros a los mercados de valores y los alejó de la deuda pública como única forma de recomposición del beneficio financiero. El QE ha sido el equivalente en la era de la financiarización de lo que supusieron las grandes intervenciones estatales, el New Deal o el Plan Marshall, durante los años del capitalismo industrial keynesiano-fordista hegemonizado por Estados Unidos. El QE ha puesto a los agentes financieros en disposición de volver a los mercados, dando aire a los Estados para no estar atenazados por su subordinación a las finanzas en cada vencimiento de la deuda pública. De este modo, ha alejado relativamente el riesgo de asfixia financiera y relajado la caída en picado de su legitimidad.

En términos históricos, el capital industrial mediante sus grandes planes de reconstrucción creó la legitimidad de los Estados-nación, y permitió la incrustación de las organizaciones obreras en ese mismo aparato estatal mediante las figuras de la inversión, la productividad y el gasto social, desactivando el sentido político de la lucha de clases. En las últimas décadas, el capital financiero ha reconstruido los dos agentes centrales que median en su dominio, el mercado y el Estado, ya plenamente subordinados a la nueva instancia de poder político público-privado que son los bancos centrales. Pero esta reconstrucción no deja de tener los mismos límites que el propio capital financiero, no puede ir más allá hasta entrar en la esfera de la producción para recomponer sus gigantescos problemas de rentabilidad; por tanto, sigue sin poder ser una herramienta para la recomposición de un mínimo orden político y social. El QE permite ganar tiempo al poder de las finanzas, a costa de una repetición ampliada de los mismos problemas de deslegitimación política y descomposición social que existían antes de su puesta en marcha.

España y, en segundo lugar, Italia han sido los principales objetivos del QE. En este caso también se ha utilizado la combinación habitual de coerción política pública e intervención financiera menos visible. La derrota de Grecia, la pieza menor de la periferia, serviría de advertencia ante cualquier intento de desafiar políticamente a la UE. El QE suavizaría los perfiles de la recesión y confirmaría a los gobiernos, en particular al del PP en España, como dique de contención frente a Podemos, pero también, en menor medida, a Italia. En este sentido, España tiene una gran ventaja, aunque sea simplemente para ganar tiempo. La economía política española está perfectamente diseñada para captar los flujos y la inversión financiera como resultado de más de cinco décadas de construcción de su especialización turística e inmobiliaria.

Una burbuja con rendimientos decrecientes: turismo e inmobiliario como nichos especializados de beneficio

El relato mainstream de lo sucedido durante los años del QE en la economía política española, el relato, en fin, de la recuperación y la salida de la crisis es poco más que un artefacto apologético. En sí, es cosa bastante poco sorprendente que, en los contextos financiarizados, se oculten los verdaderos resortes del crecimiento; en el juego de expectativas en el que se forman los precios de los activos financieros e inmobiliarios, decir que una espiral de crecimiento de precios no está soportada por los fundamentos de la macroeconomía es tanto como sabotear su rentabilidad. Más sorprendente es que quienes tendrían la función política de atacar la brutal estructura de poder y dominación que reproduce el modelo económico español, acepten la versión oficial a cambio de un siempre dudoso rendimiento electoral a corto plazo. Le pasó a ZP y le pasa ahora a Podemos. En esa retirada firman su derrota las izquierdas institucionales, siempre tan temerosas de abandonar la esfera del Estado.

En realidad, los determinantes de estos cuatro años de crecimiento no dejan de ser una variante de la sempiterna especialización española en los circuitos secundarios de acumulación. Como viene sucediendo desde que en 1959 apareciera como fuente inesperada de divisas que paliaba la necesidad de financiación de la no tan autárquica autarquía franquista, el turismo es la primera línea de recomposición de la economía española. Desde entonces, la entrada de capitales por la vía turística marca el inicio de las dos burbujas inmobiliarias (1986-1992 y 1995-2008); la enorme afluencia de ingresos procedentes del exterior filtra al mercado inmobiliario y, desde ahí, se patrimonializa en forma de riqueza extra que se salda en las operaciones del mercado de vivienda, generando olas de crecimiento, siempre superadas por las olas de expectativas, que elevan los precios de los activos inmobiliarios y generan demanda de consumo que se materializa en crecimientos del empleo en los servicios.

Si se quiere localizar el motor económico interno de estos años, no hay más que ver que entre 2009 y 2018 se pasa de 50 millones de turistas a más de 80 millones. En términos monetarios, en el mismo periodo se pasa de los 50.000 millones de euros a más de 90.000 en 2018. Nada menos que 40.000 millones extra inyectados a la economía española, un 3,5% del PIB anual. El empuje del turismo se expresa también en la hostelería y el transporte como motores de empleo, y en el incremento sustancial de hoteles y establecimientos, especialmente en los segmentos de mayor gasto (1.300 hoteles más de este tipo entre 2008 y 2018, sobre los 8.000 existentes en 2008), y también el enorme crecimiento del turismo urbano.

Sin duda la devaluación interna, el ataque a los salarios que instrumenta la reforma laboral de 2012, tiene efectos más significativos en la contención de los costes de su viaje para los turistas que en el sector de la industria de exportación, que apenas suma un 20% del PIB y está extraordinariamente concentrado en algunos territorios. Los bajos costes del petróleo, que permiten los vuelos low cost entre ciudades europeas, y la continuación del crecimiento económico en los países asiáticos, especialmente China y India, son factores que fomentan el crecimiento turístico durante esta fase.

Mención aparte merece la extensión de uno de los elementos centrales del actual ciclo global de crecimiento vinculado al QE: AirBnB y las plataformas digitales de oferta de pisos turísticos. Son parte de la economía colaborativa, el marcaje con el que se ha empaquetado el breve y endeble ciclo tecnológico que ha servido de salida al exceso de liquidez frente a la escasez de ciclos productivos rentables que ha generado la expansión monetaria. Entre 2010 y 2018 se ha multiplicado por dos el número de pernoctaciones en este tipo de viviendas en todas las grandes ciudades españolas sin excepción. Al ser un sector que todavía hoy está en grandísima medida desregulado, su extensión por el centro histórico de las ciudades ha sido fulminante, provocando cambios muy acelerados en los ecosistemas urbanos en los que se insertan, dando lugar a una fuerte sustitución de población y acelerando los procesos de gentrificación.

A esto le sumamos un mercado de trabajo al que la reforma laboral, al abaratar drásticamente los costes de despido en previsión de situaciones de crisis, ha convertido en completamente procíclico. La relajada composición capital/trabajo del sector servicios, dominante en la creación de empleo, permite que las empresas contraten trabajo adicional o sustituyan trabajo a un coste muy bajo en situaciones de un mínimo dinamismo del consumo. El reverso será la descarga de trabajo excedente de forma semiautomática y masiva ante las sacudidas económicas que muy probablemente vienen. Pero, de momento, a partir de este esquema más de rotación acelerada en el mercado de trabajo que de creación de empleo neto, el gobierno del Partido Popular ha podido maquillar las cifras del paro.

Como ejemplo gráfico de lo que ha sido este ciclo inmobiliario, baste decir que los grandes bancos europeos que financiaban la anterior burbuja se han visto sustituidos por una nueva estructura de concentración del poder inmobiliario en manos de fondos de inversión y fondos buitres norteamericanos. El gigante financiero Blackstone, con 20.000 millones de euros en activos, es hoy el mayor propietario de activos inmobiliarios en España, mercado en el que también ha incrementado sus operaciones Goldman Sachs. Dos de los principales bancos de inversión del mundo, beneficiarios directos o indirectos del rescate a las finanzas estadounidenses y globales, tienen hoy fuertes posiciones en el mercado de alquiler español a través de sus Socimi [sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario]. Además, al menos desde hace un año, estos gigantes financieros están comprando masivamente préstamos en peligro de impago o en situación de mora a los bancos españoles.

Pero esto no sucede gratis. Las leyes de desahucio exprés son la garantía para este tipo de operaciones, con lo cual tanto la llave del mercado de alquiler, y en última instancia del dinamismo de las economías urbanas, como la situación de los balances de los bancos privados están en manos de agentes financieros, en muchos aspectos más poderosos que los Estados-nación. Una más que probable reverberación de la crisis dejará la situación de miles de familias españolas en manos de unas máquinas de maximizar la extracción de riqueza a la sociedad sin ninguna vinculación al territorio. Ni siquiera al territorio europeo. Quizá en ese momento se repare en cómo se aceptó acríticamente la privatización de las cajas de ahorros por una inmensa mayoría de la población. Clientelares y corruptas como eran las cajas, su crisis provino de comportarse como agentes financieros privados, no por su estatuto de utilidad pública.

Crisis económica, crisis política, crisis del capitalismo

La crisis de la Eurozona ha supuesto un durísimo golpe para la imagen que los europeos tienen de sí mismos. Por algo el implacable ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, puso el grito en el cielo durante las negociaciones con Estados Unidos de las que surgió la famosa Troika (BCE, Comisión Europea y FMI) cuando se barajaba una intervención en Grecia diciendo: “El FMI es para Burkina Faso, no para Europa”. Igual que EE UU tuvo que tragar la amarga medicina de ver cómo en la tierra de la libre empresa y el mercado que a todos iguala se nacionalizaba el sistema financiero entero en favor de la oligarquía de Wall Street, Europa tuvo que asumir la degradación simbólica de verse en la misma posición en que antes se habían visto América Latina y los países del Sudeste Asiático. Es poco discutible que Europa entera ha quedado dañada en su autoasignada posición de faro civilizatorio del mundo, y que estamos experimentando las consecuencias de esa herida, posiblemente mortal, en forma de disolución del centro político, del ancla de los regímenes políticos europeos.

La crisis política sigue abierta. En los países del Norte y del Este de Europa se han desarrollado nuevas respuestas políticas reactivas al lento pero constante declive de sus clases trabajadoras y medias, que ven la llegada de refugiados y migrantes como una amenaza a sus posiciones ya relegadas. Esto en sí mismo es una crisis del modelo europeo, y un desafío directo a los partidos mayoritarios como resultado del giro hacia la austeridad y la represión salarial en todo el continente. Este giro reactivo, xenófobo y con tintes terceristas es en parte consecuencia de la forma de la crisis en los países centrales de la UE, en los que la fuerza del Estado para seguir interviniendo en lo social es mayor que en el Sur; puede evitar un desplome de la estructura social tan abrupto como el de España, pero no revertir la caída de cada vez más sectores de población por debajo de los umbrales fijados en décadas anteriores.

España ha sido uno de los epicentros de esa disolución del anclaje del proceso de acumulación financiera al centro político del régimen, en este caso el del 78. La casi completa evaporación de ese artefacto político llamado clase media, que existe en la medida en que es capaz de estabilizar el modelo político, en apenas dos años, entre 2009 y 2011, quedó certificada con la mayor insurrección social que haya vivido España desde la Transición: el 15M.

Sin embargo, la élite europea ha ganado la batalla del ciclo español que se inició en 2011 mediante un doble encajonamiento de su expresión institucional y electoral. Por un lado, se encajona a los nuevos partidos en la esfera estrictamente española y, por otro, se les confina a la esfera convencional de lo político, esa producción discursiva permanente que despliegan la representación política y sus aparatos ideológicos acerca de sí mismos en medios de comunicación y parlamentos. En este doble movimiento de control, la nueva política acepta evitar el choque con la esfera de la economía política, en la que se verían forzados a radicalizar su propuesta, cosa que quizá habría puesto en riesgo los resultados a corto plazo de la máquina de guerra electoral, pero habría provocado una apertura en el medio plazo que hubiera evitado la aniquilación casi completa de la nueva política apenas cinco años después de su emergencia.

Solo teniendo en cuenta la misma dinámica de luchas de clases a escala europea, que el BCE tiene muy presente y Podemos ha sido incapaz de reconocer, se puede entender que una etapa de recuperación que apenas ha tenido un efecto de fijación de las posiciones sociales y económicas que salieron de la crisis, de contención de sus efectos más agudos, haya pasado por una suerte de restauración de régimen favorecida por la rápida acomodación de las organizaciones políticas pos-15M, con Podemos a la cabeza, a la rutina de la política de la representación institucional.

Quien sí ha entendido sus opciones en la actual fase del capitalismo financiero es el gobierno de Donald Trump. También por motivos de política interna semejantes a la crisis de los países centrales de la Eurozona, la Alt-Right personificada en Trump se ha lanzado a un camino de incierto pronóstico para reordenar el espacio político y económico mundial a partir del uso selectivo del arancel y el cierre de fronteras. El gobierno de EE UU da por amortizada la globalización y considera que la única manera de salvar la hegemonía americana en el proceso de acumulación capitalista, lo que equivale a decir el capitalismo tout court, es que en lo que era un consenso entre los grandes polos económicos globales acerca de la idoneidad del libre comercio en un espacio relativamente liso empiece a haber ganadores y perdedores, y que estos últimos asuman el peso de la crisis de rentabilidad que atenaza a la producción capitalista.

Isidro López y Emmanuel Rodríguez son miembros de la Fundación de los Comunes





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