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Euskadi, más pobreza a pesar de la recuperación económica
La pleamar no hace subir todos los barcos
08/10/2019 | Mª Luz de la Cal y Mikel de la Fuente

Recientemente se han dado a conocer los últimos datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que se realiza en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) desde 1986, referidos al período 2016-2018. Aunque algunos resultados son favorables, lo que es lógico dado que se trata de un período de crecimiento económico, otros nos indican que la tendencia a la reducción de las situaciones de pobreza y privación que se observaba entre 2014 y 2016 se ha roto. Entre los positivos, cabe destacar la reducción de algunas las expresiones más severas de la pobreza. Así, la pobreza de acumulación, que refleja situaciones de pobreza crónica, dado que se refiere a las condiciones de vida a largo plazo y el acceso a un mínimo patrimonio de reserva, se redujo. También tuvieron menos incidencia los problemas graves y muy graves de alimentación, los cortes de suministro en los hogares o la venta de propiedades, el cambio de vivienda o de colegio para hacer frente a problemas económicos. Además, se redujo la pobreza infantil. Con todo, creció el porcentaje de personas que manifiesta tener frío en su hogar en el último invierno, esto es, la denominada pobreza energética.

A pesar de que el crecimiento del PIB de la economía vasca se ha mantenido en tasas superiores al 2% durante 2016, 2017 y 2018, algunos indicadores de pobreza reflejan que la recuperación no ha llegado a todos los hogares. Por citar algunos de ellos, señalaremos que el porcentaje de población en situación de pobreza real ha aumentado del 5,7 al 6,1%, mientras que el porcentaje de personas que, sin ser consideradas pobres, no disfruta de bienestar, aumentó del 5 al 6,5%. En conjunto, son un total de 270.294 personas. De ellas, 130.965 no pueden satisfacer las necesidades básicas y otras 139.328, aunque pueden satisfacerlas no pueden vivir de acuerdo con los estándares normales o medios de nuestra sociedad. En 2016 eran 230.516, un número muy superior a las 175.668 de 2008, antes del inicio de la crisis. (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Evolución de las situaciones en la escala pobreza/bienestar real. Población en viviendas familiares (Datos absolutos)

POSICIÓN EN LA ESCALA

2008

2012

2014

2016

2018

Evolución
2016/2018

Evolución
2008/2018

Pobreza real

89.706

114.696

127.399

122.566

130.965

6,9

46,0

Otra aus.de bienestar

85.962

103.536

120.555

107.950

139.328

29,1

62,1

Ausencia de bienestar

175.668

218.232

247.954

230.516

270.294

17,3

53,9

Bienestar con riesgo

416.087

392.111

424.111

313.753

384.414

22,5

-7,6

Bienestar casi completo

872.089

748.214

650.989

731.159

614.312

-16,0

-29,6

Completo bienestar

687.941

812.698

835.074

867.110

889.968

2,6

29,4

Total

2.151.785

2.171.254

2.158.129

2.142.539

2.158.988

0,8

0,3

Funte: EPDS 1996-2016 y EDSS-ENS 2014/2018. Notas: El indicador de evolución muestra la variación en % en el volumen de personas afectadas en 2018 respecto al existente, respectivamente, en 2008 y 2016.

Tabla 2. Evolución de las situaciones en la escala pobreza/bienestar real. Población en viviendas familiares (Porcentajes)

POSICIÓN EN LA ESCALA

2008

2012

2014

2016

2018

Evolución
2016/2018

Evolución
2008/2018

Pobreza real

4,2

5,3

5,9

5,7

6,1

0,3

1,9

Otra aus.de bienestar

4,0

4,8

5,6

5,0

6,5

1,4

2,5

Ausencia de bienestar

8,2

10,1

11,5

10,8

12,5

1,8

4,4

Bienestar con riesgo

19,3

18,1

19,7

14,6

17,8

3,2

-1,5

Bienestar casi completo

40,5

34,5

30,2

34,1

28,5

-5,7

-12,1

Completo bienestar

32,0

37,4

38,7

40,5

41,2

0,8

9,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Fuente: EPDS 1996-2016 y EDSS-ENS 2014/2018. Notas: El indicador de evolución muestra la variación en % en el volumen de personas afectadas en 2018 respecto al existente, respectivamente, en 2008 y 2016

Ello va de la mano del crecimiento de la desigualdad que, tras el aumento durante los años de crisis, se había reducido algo en 2016. Los ingresos de los sectores más pobres de la población retroceden de nuevo (Tabla 3).

Tabla 3. Indicadores de desigualdad en la C.A. de Euskadi. 1996-2018


Coeficiente de Gini

% ingresos del 10% más pobre

1996

28,0

3,68

2000

27,3

3,55

2004

26,0

3,76

2008

25,2

3,88

2012

25,3

3,75

2014

27,1

3,41

2016

25,8

3,48

2018

26,7

3,35

Fuente: EPDS 1996-2016 y EDSS-ENS 2014/2018

La otra cara del aumento de la pobreza es el aumento de la riqueza. Los muy ricos han aumentado tanto su renta como su riqueza patrimonial durante la crisis, también en la CAE, que, según la revista Forbes, tenía en 2018 ocho representantes entre las 100 mayores fortunas del estado español.

En estas páginas presentamos un análisis de las principales tendencias que explican el porqué del incremento de las situaciones de necesidad en un momento de bonanza económica. Nos alertan sobre el tipo de sociedad hacia la que nos encaminamos de no mediar mecanismos de solidaridad que necesariamente tienen que ser establecidos por los poderes públicos.

Son tendencias que han modificado de manera sustancial las tres principales fuentes de aprovisionamiento de recursos que tiene la inmensa mayoría de la población: el mercado laboral; las redes de solidaridad primaria; y la protección de Estado de Bienestar. En el mercado de trabajo los cambios han conducido a que una parte de la población en edad de trabajar no pueda, con la remuneración que obtiene, conseguir unas condiciones de vida dignas. La protección proporcionada por las familias y otras redes privadas va menguando a consecuencia de los cambios en las formas de convivencia. El tercer pilar, el Estado de Bienestar, se encuentra anquilosado cuando no en retroceso, así que es incapaz de responder a los nuevos riesgos sociales.

A continuación, nos referiremos a estos cambios bajo dos epígrafes: la pobreza laboral, por un lado, y la fragilidad de los soportes de solidaridad (públicos y privados).

Pobreza laboral y aumento de la desigualdad

Aunque bajos salarios y pobreza laboral no son términos equivalentes (De la Cal, 2014), el aumento de la pobreza entre las personas que realizan un trabajo remunerado está muy relacionada con el empleo de bajos salarios, que a su vez está muy determinado por las transformaciones en la estructura y funcionamiento de los mercados de trabajo que ha dado lugar a un aumento del desempleo y el desarrollo de los llamados contratos “atípicos”(De la Fuente, 2017). A continuación, expondremos algunas de las razones por las que los bajos salarios pueden estar teniendo cada vez más incidencia en nuestra economía.

En primer lugar, hay que señalar varios aspectos que propician la rebaja de los niveles salariales y/o un crecimiento muy moderado incluso en épocas de expansión.

· El aumento de la tasa de ocupación la CAE en los últimos años se ha producido en lo esencial en el sector terciario, en general muy feminizado. La mayor precariedad laboral, el tamaño medio más reducido de las empresas y la menor presencia sindical están en la base de los salarios más bajos en los servicios que en la industria. En el Estado el salario medio en los servicios es un 17% inferior al de la industria y en la CAE casi un 20% inferior.

· El mantenimiento de una tasa de desempleo superior al 10% en la CAE en los años de la post-crisis y las “reformas” laborales que han aumentado el poder empresarial para contratar, despedir, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, privilegiado la negociación colectiva de empresa en detrimento de la sectorial, las dobles escalas salariales y flexibilizado al máximo la posibilidad de la contratación temporal y a tiempo parcial, tras haber dado lugar a caídas importantes de los salarios en los años de la crisis, han impedido posteriormente una recuperación significativa. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del INE del año 2015, hecha pública en junio de 2017, durante el período 2010-2015 el salario más frecuente pasó de 16. 489 a 16. 498 euros/año (creció solo el 0,05%), mientras que en ese período la inflación aumentó el 8,7%, lo que supone un importante retroceso del salario real. Por otra parte, según la misma Encuesta el salario más frecuente ha sido en ese período 6.608 euros, inferior al salario medio, lo que muestra que la mayoría de las personas que trabajan se sitúan en los estratos de menores retribuciones.

· Lo reducido del Salario Mínimo[1]. Antes del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2019, el cociente entre el salario mínimo y el salario medio del Estado español (44%) se situaba por debajo de la media de los países OCDE (47%). Con el aumento del 22,3% del SMI en 2019, según nuestros cálculos[2], el salario mínimo neto de un/a trabajadora sin hijos ni hijas sería el 59% aproximado del salario medio neto en el Estado español. En la CAE ese porcentaje sería netamente inferior al 50% del salario medio. Además, una parte importante de los y las asalariadas no percibe el salario mínimo anual, por la temporalidad de contratos de escasa duración, la parcialidad de los mismos y el desempleo, que dan lugar a que mucha gente no trabaja a tiempo completo durante todo el año. En la CAE, en 2014 el 16,6% de las personas asalariadas percibía un salario inferior al SMI[3].

En segundo lugar, aunque no se produzcan rebajas salariales, las formas atípicas de contratación propician que las remuneraciones totales anuales sean reducidas:

· La temporalidad de las contrataciones alcanzaba en el tercer trimestre del 2018 el 25,7%, 11,3 puntos más que la media de la UE y solo era superada por la del Estado español (el 27,5%) y Montenegro. Representaba más el 91,5% de las nuevas contrataciones. Una “peculiaridad” vasca es que la temporalidad es muy superior en el sector público que en el privado (35,6% y 24,3% respectivamente). El gobierno vasco comparte la política de un sector del empresariado privado de finalizar los contratos temporales durante el período de vacaciones, de menor o nula actividad, a fin de ahorrar una parte de los salarios.

· En 2017 en la CAE el salario bruto anual para quienes trabajaban con contrato temporal era 21.071€ y para quienes trabajaban con contrato indefinido era 29.733€ lo que equivale al 41,1% más. En el Estado la diferencia es aún mayor y las diferencias entre los hombres son mayores que entre las mujeres (ver tabla 4). Esto puede tener que ver con que las mujeres, con contrato indefinido o temporal, trabajan más que los hombres en sectores y con categorías profesionales de menores salarios. De hecho la brecha salarial en los contratos temporales es menor que en los indefinidos.

Tabla 4. Ganancia media anual por tipo de contrato y sexo (2017)


Ambos sexos

Mujeres

Hombres

Estado

CAE

Estado

CAE

Estado

CAE

Indefinido

25084,76

29733,2

21609,64

25024,61

28231,26

33774,42

Temporal

17033,77

21070,93

15972,35

19967,16

17983,21

21940,77

%Indefinido/Temporal

47,26

41,11

35,29

25,33

56,99

53,93

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial

· La contratación a tiempo parcial contribuye de forma muy importante a la pobreza salarial. Su rápido desarrollo ha estado relacionado con el aumento del peso del sector servicios y, relacionado con lo anterior, con el aumento de la participación de las mujeres en el empleo remunerado. Esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha producido en un porcentaje significativo mediante una segregación de las mismas en un segmento de salarios más bajos y con menos derechos de protección social, que en el Estado español se ha resuelto solo de forma muy insuficiente mediante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (De la Fuente, 2019). En la CAE ha tenido y tiene un desarrollo especialmente importante, alcanzando el 16,5% del empleo total de las mujeres (la segunda Comunidad Autónoma tras Extremadura) y porcentajes aún superiores en sectores muy feminizados como el comercio y la limpieza. No parece que ese proceso se vaya a frenar: en los últimos años el tiempo parcial representa más del 53% de las nuevas contrataciones de las mujeres, de las que casi el 60% son involuntarias, estando las “voluntarias” muy condicionadas por la muy desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados en perjuicio de las mujeres. Según la EAES de 2017, mientras que los trabajadores a tiempo completo en el conjunto del Estado (no existe información desagregada por Comunidades Autónomas) percibían en ese año un salario anual de 27.348,35 euros, los de tiempo parcial percibieron 10.648,27, es decir, el 38.93% de los primeros. Esta enorme diferencia se debe no solo a la menor duración de la jornada de quienes trabajan a tiempo parcial, aproximadamente la mitad de la que lo hacen a tiempo completo, sino también al menor salario horario de los mismos.

· Las administraciones públicas han desarrollado una política sistemática de adjudicar una parte sustancial de las contrataciones a las empresas que oferten condiciones económicas más baratas, obviando que ello da lugar a salarios muy

Fragilidad de los soportes de solidaridad públicos y privados

Trataremos aquí los cambios en las redes familiares y en la protección proporcionada por los poderes públicos. Lo hacemos de manera conjunta porque son mecanismos que, con frecuencia, operan de manera complementaria. Ello es especialmente cierto en los países del sur Europa, en los que el subdesarrollo de los mecanismos de bienestar públicos ha venido compensado por la fortaleza de las redes de solidaridad familiar. Se podría afirmar tanto que el tamaño del Estado de Bienestar se adapta a las estructuras primarias de solidaridad existentes, como que las familias no han tenido más remedio que cubrir las carencias del Estado de Bienestar. Nos referimos a los cuidados gratuitos proporcionados por abuelas, madres, hijas, nueras ante la escasez de servicios públicos; a la cohabitación entre padres e hijos hasta edades tardías y el retraso de la emancipación; a la caída de la fecundidad; a la cobertura proporcionada por las (relativamente) generosas pensiones a la juventud en paro, etc. Podemos afirmar que el espacio de protección que proporcionaban estos dos mecanismos de manera conjunta se ha visto reducido a consecuencia de una combinación de cambios en ambos.

Como se menciona en el informe de resultados de la EPDS, una de las razones del incremento de las situaciones de pobreza entre 2016 y 2018, es el incremento del número de hogares. Además, se produce sobre todo en algunos tipos de hogares en los que resultan tendencialmente superiores la pobreza y la precariedad, como los encabezados por personas menores de 45 años (fundamentalmente adultos jóvenes) y los encabezados por personas procedentes de la UE. Concretamente, hasta un 76% de la variación en el número de hogares se vincula con el acceso a la emancipación de adultos jóvenes que facilita la recuperación económica y con el proceso migratorio, centrado en población procedente de fuera de la UE (EPDS, 2019: 105-106).

Puede afirmarse que el incremento en el número de hogares no convencionales y la reducción de su tamaño (de 3,3 personas en 1996 a 2,44 en 2016) han venido para quedarse. Este crecimiento casi ininterrumpido desde 1996 se produce con especial intensidad en algunos tipos de hogares, como son las familias unipersonales y las monoparentales, mientras que retroceden los núcleos familiares más amplios y convencionales (Tabla 5). Algunos de estos tipos de familias todavía tienen un peso pequeño en la población en general, pero no tan pequeño en la población pobre. Además, están en expansión y presentan tasas de pobreza muy superiores a la media (Tabla 6). Ello supone que una parte más amplia de la población está más expuesta ante riesgos sociales como la pérdida del empleo, las rupturas de las parejas, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de salud y la dependencia.

Tabla 5. Número de familias por tipo

1991

1996

2001

2016

Variación 1996-2016

Total

632075

683286

748967

892100

41,14

Unipersonal

73648

105155

151855

245000

232,66

Compuesta

17665

19628

25371

26400

49,45

Nuclear sin hijos

90265

105763

127615

187300

107,50

Nuclear con hijos

323230

319726

302533

300200

-7,12

Monoparental

50910

64888

75428

82000

61,07

Ampliada

55699

49971

53198

38900

-30,16

Polinuclear

20658

18155

12967

12300

-40,46

Fuente: Eustat

Tabla 6. Situaciones de ausencia de bienestar por tipo de hogar o persona principal. Incidencia y distribución % (2018)

INCIDENCIA

DISTRIBUCIÓN

2008

2018

2008

2018

Muj.Fam.monop.no oc.estable < 45 años

82,8

84,4

11,1

15,5

Muj.Fam.monop.no oc.estable >= 45 años

19,3

30,4

Muj.Fam.monop.oc.estable

12,6

21,5

Muj.sola.no oc.estable < 45 años

27,6

41,0

4,7

5,1

Muj.sola.no oc.estable >= 45 años

39,4

33,5

Muj.sola < 65 oc.estable

6,7

7,2

Hom.solo < 65 oc.estable

1,7

3,2

2,7

4,4

Hom.solo < 65 no oc. Estable

29,0

34,7

Gr.fam.< 45 años no oc.estable

26,1

28,1

42,4

31,1

Gr.fam.>= 45 años no oc.estable

5,6

16,6

Gr.fam.< 45 años oc.estable

5,0

3,1

Gr.fam.>= 45 años oc.estable

3,2

4,1

Hombres > 65 años

3,3

4,2

6,6

5,8

Mujeres >65 años

8,0

11,3

7,7

9,1

Países no UE

51,1

62,6

23,7

28

Hombres Fam.monoparentales

10,8

10,8

1,2

0,9

Total

8,2

12,5

100

100

Fuente: EPDS, 2018

Simultáneamente con estos cambios en las formas de convivencia, hay otros dos procesos que operan incrementando los riesgos de pobreza: la protección y los servicios proporcionados por los Estados están en retroceso, a la vez que los mecanismos de mercado (y fundamentalmente el empleo remunerado) están sujetos a mayor inestabilidad y volatilidad, como ya se ha señalado anteriormente.

Como consecuencia de ello “las nuevas formas de pobreza y exclusión social se hallan en la intersección de estos procesos de cambio. Individuos aislados, familias monoparentales, mayores que viven solos, inmigrantes, etc. A menudo no pueden confiar en el apoyo de sus parientes; no consiguen acceder más que a empleos inestables; sus prestaciones sociales son insuficientes y, al fin, quedan desprotegidos por un bienestar social más selectivo e incapaz de afrontar los nuevos riesgos sociales” (Mingione y Benassi, 2019:11).

Ello es particularmente cierto en los países del sur de Europa, caracterizados por un escaso desarrollo del sistema de protección social, un déficit considerable de los servicios públicos y una fuerte subsidiariedad con respecto a las familias, que son las principales proveedoras de solidaridad y cuidados. Los subsidios y transferencias se han orientado hacia la población ocupada, hombres tradicionalmente, mientras que los menores, los jóvenes y las mujeres (por ser amas de casa u ocupar posiciones laborales periféricas) resultan menos protegidos. Se protege, sobre todo, a las personas integradas en el empleo remunerado, mientras que la protección de los sectores no integrados en el mercado laboral queda, en gran medida, en manos de la solidaridad familiar. Se observa un sesgo importante hacia las pensiones (alto porcentaje de prestaciones dedicadas a vejez y supervivientes) y hacia el desempleo, mientras que hay poco apoyo para familia e hijos y para vivienda[4]. Esto significa que las familias con cargas puede que estén menos protegidas que en los países del norte y de Europa central e incluso que en los anglosajones (Tabla 7).

Pero es que, además, en los países del sur de Europa (especialmente en El Estado español), la reducción de las tasas de pobreza que se consigue mediante las transferencias sociales es inferior a la que se consigue en los países de Europa central y del norte. Países como Irlanda, Alemania, Luxemburgo, Suecia, Austria, Francia y Finlandia consiguen reducciones entre el 28-30%. En cambio, Grecia, Italia y Portugal están en torno al 25-26%, y el Estado español tan solo consigue una reducción del 22% (Rodríguez, 2019). Ello tiene que ver con el hecho de que se le dedican menos recursos a este asunto, pero también con que las transferencias que llegan a la población trabajadora no están especialmente concentradas en los niveles más bajos de renta (al quintil más bajo de renta le llega tan solo el 10% de las transferencias).

Tabla 7. Gasto en prestaciones sociales por funciones (2016)


TOTAL

Enfermedad

Invalidez

Vejez

Supervivientes

Familia

Hijos/as

Desempleo

Vivienda

Exclusión social

Alemania

100,0

34,9

8,1

32,3

6,4

11,4

3,5

1,9

1,5

Dinamarca

100,0

20,7

13,1

37,2

5,6

11,4

4,7

2,3

5,1

Estado español

100,0

27,6

7,1

40,6

9,7

5,4

8,1

0,5

1,0

Estonia

100,0

29,8

11,4

41,5

0,4

13,0

2,9

0,4

0,6

Finlandia

100,0

22,7

9,9

40,7

2,6

9,9

8,3

2,4

3,5

Francia

100,0

28,6

6,4

40,2

5,4

7,6

6,2

2,6

3,1

Irlanda

100,0

38,1

5,4

31,4

2,3

8,6

10,1

3,4

0,7

P. Bajos

100,0

32,9

9,4

38,6

4,0

4,0

4,7

1,7

4,7

Reino Unido

100,0

32,6

6,6

41,9

0,3

9,9

1,4

4,9

2,3

Suecia

100,0

25,9

10,9

42,2

1,1

10,3

3,5

1,4

4,7

Euskadi

100,0

26,0

7,1

43,2

9,8

3,5

6,3

0,9

3,2

Fuente: Eustat

¿Qué hacer desde la CA de Euskadi?

La orientación “familista” caracteriza también el sistema de protección social vasco, dado que el núcleo duro del mismo (en cuanto a recursos y situaciones atendidas), la Seguridad Social, es de competencia estatal. Según la Constitución española (art. 149.1.17), la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado, mientras que según el Estatuto de la CAE, corresponde a la CAV la competencia sobre la el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma, así como la gestión económica de la seguridad social (art. 18.2 Estatuto de Autonomía).

Al amparo del art. 148.1.20 de la misma Constitución que prevé que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de “Asistencia Social”, el Estatuto de Autonomía de la CAE ha establecido como exclusiva esa competencia. La sentencia 239/2002 del Tribunal Constitucional admitió la posibilidad de que la Comunidades Autónomas mejorasen las prestaciones no contributivas de Seguridad Social. Posteriormente, la Ley 4/2005, permite un amplio margen a las Comunidades Autónomas, para que, en el marco de su autonomía financiera, puedan complementar, al amparo de su título competencial de Asistencia Social, las prestaciones de la Seguridad Social, lo que realiza el Gobierno Vasco mediante una de las modalidades de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En la medida en que esta política no trae consigo el aumento del gasto del sistema de seguridad social los gobiernos españoles han “tolerado” una gestión descentralizada de las mejoras de las pensiones, si bien es cierto que esa actitud puede cambiar como producto de la presión para la reducción de la totalidad del gasto y la deuda públicos, incluidos los realizados por comunidades autónomas y los ayuntamientos. Como los fondos utilizados provienen de los recursos fiscales de la CAE y no de los fondos procedentes de las cotizaciones sometidos al sistema de “caja única”, ha sido posible complementar, no solo las pensiones no contributivas, sino también las contributivas a través de la Renta de Garantía de Ingresos[5]. El movimiento vasco de pensionistas exige que, mientras el Estado no establezca una pensión mínima de 1.080 euros/mes, las instituciones vascas complementen las pensiones mínimas de la seguridad social -cuyo importe para las personas jubiladas o viudas mayores de 65 años es de 677,40 euros- hasta alcanzar esa cuantía de 1.080 euros/mes.

El Gobierno Vasco actuó con rapidez en los primeros 90 ante la evidente carencia de los sistemas de protección social tradicionales, siendo pionero en la instauración de una renta mínima dirigida a la población sin recursos, pero que no tenía derecho a cobrar ninguna prestación contributiva de la Seguridad Social ni tampoco el subsidio por desempleo. El sistema vasco de garantía de ingresos[6] es homologable a los de los Estados europeos más avanzados y ha demostrado músculo durante la larga recesión que se inició en 2008 frenando algunas tendencias de crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Así, según datos de la EPDS, entre 2008 y 2016, el decil más pobre sufrió una reducción de sus rentas del 7,2%, pero sin la RGI la reducción habría alcanzado el 23,2%. Los recursos destinados al pago de las prestaciones de RGI/PCV/AES aumentaron del 2,23 al 4,5% del PIB del territorio entre 2005 y 2015 (De la Cal y De la Fuente, 2014:133). Ello ha incidido en que Euskadi sea uno de los territorios del estado con menor tasa de pobreza.

Con todo, se han señalado algunas limitaciones del sistema que deberán ser tenidas en cuenta en futuras revisiones del mismo (Sanzo, 2013):

· Los problemas de pobreza en la dimensión de ingresos no han llegado a desaparecer nunca por completo (antes de la crisis el porcentaje de población que no disfrutaba de bienestar rondaba el 8%) y repuntan en las épocas de crisis. Esto estaría relacionado con que la RGI no llega a todas las personas que están en situación de necesidad, bien por una serie de restricciones históricas en el acceso a prestaciones ligadas a los requisitos de empadronamiento (que se ampliaron de 1 a 3 años en 2011) o a la edad, o bien por desconocimiento del sistema o porque los tiempos de tramitación son prolongados.

· Las cuantías proporcionadas por la combinación de RGI y PCV son insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas en algunos casos, aspecto que afectaría de manera particular a unidades de convivencia de más de 3 personas y que podría explicar la incidencia de la pobreza infantil. Puede decirse que el sistema vasco de protección social protege en mayor medida a las personas adultas y mayores que a los jóvenes y a los niños/as (SIIS, 2013).

Sin embargo, la reforma que está prevista no parece que vaya a solventar este tipo de limitaciones e introduce algunos elementos que pueden empeorar la situación de las personas que perciben estas prestaciones:

· La cuantía de la prestación va a ser similar a la actual o incluso algo menor (para el caso de una sola persona no pensionista). Sí que mejora para algo los pensionistas y sí que habrá hogares que saldrán beneficiados con respecto a la situación actual (los que cuentan con más de 3 miembros y las monomarentales), lo que colaborará en la reducción de la pobreza infantil. Pero también va a haber casos de empeoramiento, dado que se establece que en cada unidad de convivencia solo puede haber una RGI (con algunas excepciones). Ello puede perjudicar a personas y/o familias que viven juntas para compartir gastos, estrategia que es habitual entre los extranjeros y también entre la juventud[7].

· La reforma introduce un aspecto que modifica la filosofía que en su día inspiró la instauración de estos programas en Euskadi. Nos referimos a que el cálculo de la prestación se desvincula del Salario Mínimo. La Iniciativa Legislativa Popular que se llevó al Parlamento en 1997 y que impulsó la creación de estos programas, proponía una Renta Básica equivalente al 100% del Salario Mínimo Interprofesional[8]. Según la reforma propuesta en 2019 y aún pendiente de aprobar, se establecerá un Indicador de Gastos Mínimos Comunes que recogerá el valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento[9]. Referenciar una prestación al SMI o a un indicador referido a necesidades básicas no es igual. El SMI pretende proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas y también contra las posibles discriminaciones. Si desaparece la referencia al SMI estamos hablando más de subsistencia que de justicia o de reparto de las ganancias de productividad. Desvincular la RGI del salario mínimo resulta aún más lesivo en un momento en el que este último ha conocido una importante subida con el fin de actualizarlo a los estándares establecidos por organismos internacionales que se comentan en este mismo artículo.

· Los requisitos de empadronamiento y edad se mantienen, excepto en algunos casos como el de familias con menores, que pasa a dos años.

· Por último, debe señalarse que el establecimiento de sistemas biométricos (como la huella digital) para la identificación de las personas usuarias pone el foco en el control e incide en las injustas vinculaciones de estas prestaciones con el fraude y los cobros indebidos y ello a pesar de que el mismo Lanbide ha señalado que el fraude es muy marginal (442 casos en 2017, el 0,73% de las prestaciones). Ello no hace sino criminalizar y estigmatizar más a los colectivos beneficiarios y contrasta con el enorme fraude y elusión fiscales de las grandes empresas y las rentas muy elevadas.

Además de la garantía de rentas mínimas, un área en la que hay un amplio margen de mejora es en la del apoyo a familias con hijos/as a cargo. Las ayudas establecidas son bastante limitadas en sus cuantías y en cuanto al período de protección establecido (un único pago en el caso de una sola criatura y tres pagos en el caso de dos criaturas, que son los más habituales). Estas ayudas deberían extenderse durante más años porque el sobregasto que ocasionan los hijos e hijas en el hogar no se limita a estos primeros años, sino que se extiende hasta su mayoría de edad y va en aumento. En cuanto a los límites de rentas, se debería establecer un máximo de renta familiar por encima del cual desaparecería el derecho a ayudas. Un sistema como el actual, que no pone un límite superior en renta familiar[10], pierde progresividad.

Por otra parte, no hay que olvidar que, además de las transferencias, los servicios públicos para el cuidado infantil son una de las claves en el bienestar de familias con hijos e hijas. Estos servicios se han incorporado tardíamente a nuestro Estado de Bienestar y, aunque ha habido avances y se cumplen las recomendaciones europeas[11], queda margen para la mejora en los tramos de edad de 0 a 2 años y también en los servicios en horarios extraescolares. La escasez de plazas públicas y la carestía de las privadas impulsa a las familias menos pudientes a uno de los adultos, con gran probabilidad una mujer, a abandonar el mercado laboral o a reducir su jornada para poder cuidar al menor, con la consiguiente merma de renta. Además de mejorar los niveles de bienestar de las familias, la corresponsabilidad pública a través de servicios públicos para el cuidado, colabora en la igualdad de género.

Un aspecto que hay que señalar y que puede suponer un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas de más edad y de las que dependen de ellas es que relativa “generosidad” de las pensiones, al menos para las carreras laborales estables, a tiempo completo y de salarios decentes, puede tener los días contados. Las reformas aprobadas en los últimos años, especialmente las de 2011 y 2013, están dando lugar a que, por primera vez en los últimos decenios, las pensiones nuevas están siendo inferiores a las de los años anteriores, proceso que se amplificará, ya que las leyes prevén que los recortes aumenten progresivamente. Además, la revalorización de las pensiones sigue sin estar garantizada a partir del 2020.

En conjunto, el gasto en protección social en porcentaje del PIB ronda el 24-25% en Euskadi, todavía alejado del de los países con mayores niveles de bienestar (alrededor del 30% en Bélgica, Suecia y Holanda; y del 32% en Dinamarca y Finlandia). Sin embargo, según el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, el gasto en protección social ha conocido una tendencia decreciente en los últimos años, pasando de suponer el 25,8% del PIB en 2013 al 24,2% en el 2017, cuatro puntos menos que la media de la UE. No parece factible atender a las nuevas necesidades sociales reduciendo el esfuerzo.

Además de reforzar la protección social, habría que incidir en las remuneraciones al trabajo, dado que los salarios son la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población y, como hemos visto, están sufriendo un importante deterioro.

En la CAE el 60% del salario medio de 2019 debiera dar lugar a un SMI algo superior a los 1.200 euros/mes (en 14 pagas), la cantidad que reclama la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria (Gune). Como la fijación del salario mínimo por la vía legal es competencia exclusiva del Estado, solo es posible alcanzar esa cuantía mediante la negociación colectiva sectorial. Para conseguir que ese salario se aplique en todos los sectores sería necesario acordarlo mediante un convenio colectivo interprofesional de eficacia general de ámbito autonómico (al amparo del art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), si bien hay que advertir que los pactos de empresa podrían dejarlo sin efecto y, en todo caso los empresarios podrían intentar utilizar la posibilidad de inaplicación (descuelgue) abierta por las reformas laborales de 2010 y 2012.

Hemos señalado también que la temporalidad y la parcialidad en el empleo suponen mermas importantes del salario. La regulación de estas materias es competencia exclusiva del Estado, por lo que, además de participar en la exigencia de derogar las reformas laborales que han flexibilizado al máximo las relaciones laborales, el movimiento sindical vasco puede reducir los efectos perniciosos de estas regulaciones a través de la negociación colectiva. Otra vía consiste en restringir al máximo, en los contratos de trabajo de las Administraciones Públicas, los puestos de trabajo que se concierten temporal o parcialmente. Con todo, dado que una parte muy importante de los bienes, servicios y obras públicas los prestan compañías privadas, sería necesario el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública con respecto a la calidad de los puestos de trabajo, incluyendo un salario mínimo de 1.200 euros/mes, de las empresas que acceden a los concursos. Esta es una herramienta muy potente, puesto que el sector público es un importante empleador y consumidor. La contratación pública puede ser así un instrumento más contra la pobreza y la exclusión social, generando empleo de calidad, cohesión social y redistribución de la riqueza.

La eliminación de políticas tales como la elevada temporalidad en el sector público y la contratación a la baja en este sector, el aumento del complemento de las pensiones en el sentido reivindicado por el movimiento pensionista y las mejoras señaladas en las prestaciones de garantía de ingresos, requiere de un importante aumento del gasto público social. A su vez, ello exige un importante aumento de la recaudación fiscal mediante la anulación de los descensos aplicados al impuesto de sociedades, la vuelta y generalización a todos los territorios del impuesto sobre las grandes fortunas, la equiparación de los tipos impositivos de las rentas de capital con las del trabajo y el aumento de los tipos para las rentas más elevadas.

La mayoría sindical y social vasca apuesta por un marco vasco de relaciones laborales y de protección social, además de por razones democráticas, por considerar que los gobiernos españoles llevan a cabo de forma sistemática una política austericida y de recortes sociales. Sin embargo, ello es compatible con la lucha conjunta contra las políticas estatales en materia laboral y social, como está demostrando el sector soberanista del movimiento de pensionistas que, al mismo tiempo que defiende un sistema propio de pensiones, mantiene una política unitaria en la CAE y Nafarroa y con otras organizaciones de pensionistas del Estado en defensa de sus reivindicaciones frente al gobierno español.

Mari Luz de la Cal es profesora de Economía Laboral de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (jubilado) y de la redacción de Viento Sur.


[1] El salario mínimo en vigor en la CAE no cumple la normativa internacional. Así, el art. 4 de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 estipula que "todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa y suficiente que les proporcione a ellos y sus familias un nivel de vida decoroso". El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que supervisa el cumplimiento de la Carta, ha propuesto una definición según la cual un salario "justo" o "decente" debe ser superior al 50% del salario neto medio neto, es decir deducido el IRPF y las cotizaciones sociales. En el mismo sentido, en el 2008, el Parlamento Europeo acordó una resolución en la que proponía que el SMI debe ser el 60% del salario promedio de cada país (propuesta reiterada en un informe de 2016).

[2] Según la Encuesta de Estructura Salarial, en el Estado español el salario medio era en el 2017 de 23.646 euros y en la C.A. de Euskadi de 28.204 y considerando un aumento medio de los salarios del 3% entre 2017 y 2019.

[3] AA.VV. (Manuel Hernández Pedreño, Dir.), Los modelos sociales autonómicos en el contexto español, CES, 2019, p. 248.

[4] En la CAE las funciones de enfermedad, vejez y supervivientes acaparan el 79% del gasto en prestaciones sociales. Un 6,3% se dedica a desempleo y solo el 3,5% se dedica a familia/hijos y el 0,9% a vivienda.

[5] Esa mejora de las pensiones alcanzó una cifra próxima a los 46 millones de euros en el año 2018.

[6] Desde 2011 está compuesto por la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social.

[7] Tendrán que decidir si integrarse en una única unidad de convivencia (e incrementar la única prestación con complementos, lo que da como resultado una cuantía menor a la que cobrarían por separado) y decidir también cuál es la unidad ordinaria y cuál la secundaria (que percibe menos). O bien tendrían que decidir separarse, con lo cual dejan de compartir gastos.

[8] La tramitación parlamentaria culminó con una prestación equivalente al 75% del SMI para el caso de una sola persona y de un 100% para 2 personas y 125% para tres o más.

[9] De manera inicial se establece en 455€ (bastante alejada del SMI). A ello se le irán añadiendo complementos por diversas razones (cónyuge, monoparentalidad, existencia de menores, discapacidad, violencia, etc.). En el caso de un hogar de una sola persona, la cuantía máxima se establece en 659,75€, que es inferior a la actual cuantía (667,05€). En el caso de pensionistas en 784,88€ (ahora 765,34€) hay un poco de mejora.

[10] Para familias con más de 30.000€ anuales se establece el mínimo de ayudas, sin establecer un límite máximo de renta. Pero no está en la misma situación una familia con 30.000€ de renta al año que una con 80.000€ y, con este sistema, se las trata igual.

[11] En la Cumbre de Barcelona en 2002, el Consejo Europeo estableció para 2010 que hubiera servicios formales de cuidado infantil para el 90% de las criaturas entre 3 y 6 años y para el 33% de las criaturas de 0 a 3.







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