aA+
aA-
Grabar en formato PDF
Los límites del gobierno de coalición y el proyecto de transformación pendiente
Deslizándose sobre hielo fino
16/01/2020 | Daniel Albarracín

1. Coalición de gobierno y metamorfosis del tablero político.

La inestabilidad política del sistema de partidos europeo sigue su curso y tiene un nuevo episodio singular en el Estado español. Tras varias elecciones y sucesivos intentos fallidos finalmente se formó un gobierno de coalición entre PSOE y Unidos Podemos. La sucesión de elecciones ha aminorado el apoyo a ambas formaciones que, aún con todo, han sumado, exiguamente, números para poder formar gobierno con el apoyo o admisión de fuerzas nacionalistas y otras formaciones pequeñas cuyos votos han sido necesarios.

El inédito gobierno de coalición se forma desde el inicio acosado por un bloque conservador que fortalece su flanco extremista y antidemocrático, que opta por utilizar su implantación en el sistema judicial para condicionar el desarrollo político del país. Una oposición que incluso amenaza con el no reconocimiento del gobierno, caracterizándolo incluso de ilegítimo y vendepatrias, abriendo un chantaje soterrado de carácter pre-golpista. Con esta declaración de intenciones resulta hasta cierto punto humanamente comprensible que la sociedad española se haya sentido aliviada. Sin embargo, no podemos abandonarnos a las emociones ni a una perspectiva parcial, y conviene abordar el análisis de la metamorfosis que ha sufrido el tablero político en su conjunto, y que es el responsable de la configuración de un tipo de hegemonía política u otro.

En Europa, se han producido dos fenómenos de cambio en las expresiones políticas, en su dimensión partidaria y electoral. Por un lado, la fragmentación del denominado extremo centro, con hasta cuatro expresiones: la conservadora, la ultraliberal, la social-liberal y la eco-liberal social. Por otro, la irrupción de fuerzas de derecha extrema. El eje de generación de legitimidades se ha desplazado a este nuevo tándem de tensión funcional, que en la práctica sustenta la nueva agenda neoliberal austeritaria, gestionada por unos o por otros y legitimada con una mutua complicidad en lo sustancial, sea por la coincidencia o por la presión consentida mutua entre ambos flancos del nuevo régimen político.

El extremo centro comporta uno de los flancos de los nuevos regímenes políticos europeos. El síntoma de la inestabilidad no es otra que su expresión fragmentada, como igual le sucede al flanco que irrumpe por la derecha extrema. Fragmentación que no acabará hasta que se estabilice el sistema político.

El vector generador de hegemonía se ha desplazado también en el Estado español. Si antes era el tándem de oposición complementaria conservadora-socialiberal, ahora el eje se ha movido a una tensión equivalente entre el extremo centro y la derecha extrema. Las fuerzas de izquierda transformadora, que jugaron desde 2015 un breve episodio antiestablishment, han cerrado un ciclo político, para alinearse con en el flanco izquierdo del bloque del extremo centro.

La formación del nuevo gobierno puede interpretarse en estos términos, no porque cada formación se autodenomine o se encuadre como tal en uno de ambos flancos, sino por los efectos prácticos de lo que hace.

Así, el problema de los gobiernos del nuevo régimen político postransicional es, por los términos de su programa de gobierno y por la debilidad política con que se forman, que serán muy susceptibles a la presión del flanco contrario, y siempre estará sujeta a las cuestiones que la agenda de ese régimen no admite desbordar: la cuestión en torno a la territorialidad y el poder represivo del Estado central, una política económica basada en el equilibrio presupuestario, y la intocabilidad de los poderes económicos y el régimen de propiedad. La polarización por la vía antiestablishment se deja en manos exclusivas a la derecha extrema, con el riesgo de generar mayor pasividad en las clases trabajadoras y populares de cara a un proyecto transformador a la altura de los problemas, dándole alas de legitimidad a opciones reaccionarias.

2. El programa de gobierno del PSOE-UP

Unidos Podemos, especialmente la dirección de Podemos, ideó una estrategia para entrar a formar parte de gobiernos. Al principio en solitario o liderándolos, cosa que era correcta, finalmente aceptando ocuparlos de manera subalterna, que es algo bien distinto. No ha planteado ser sólo dique a las derechas, que bien podría haberse conseguido con un acuerdo de investidura con una serie de puntos programáticos, y luego el apoyo más o menos puntual a medidas de gobierno desde el Parlamento. Ha ido más lejos. Se arguyó que la presencia de ministros era una garantía de aplicación de las medidas pactadas, sin asumir que también se sería corresponsable del conjunto de la gestión gubernamental.

El propósito de garantizar el cumplimiento del programa, en sus aspectos progresivos, está también en entredicho. Quizá en algún capítulo la forma de aplicación pueda ser moldeada y definida por los ministerios ocupados que, en líneas generales, han sido descargados de competencias o comportan Secretarías de Estado elevadas a ministerios en su denominación. Sin embargo, hay muchos factores que van a delimitar su influencia práctica y material. Comenzaremos por los menos relevantes, pero que de por sí van a encorsetar ya su gestión parcial de gobierno:

· La definición de un acuerdo de discrepancias en la que los miembros del gabinete no podrán referirse a la labor del resto de ministerios, y el establecimiento de la última palabra en su aplicación por el partido mayoritario en el gobierno. En última instancia, la corresponsabilidad sobre el conjunto de la política que se sigue en el programa de gobierno, pondrá en un serio aprieto a los miembros de UP, cuando los o las ministras más neoliberales desempeñen su labor, o cuando el programa de gobierno se tope con sus propios límites y contradicciones.

· El desgajamiento de áreas que dejarán con competencias limitadas a los ministerios que se ocuparán por UP. El Ministerio de Trabajo, el más importante de los que se gestionarán, estará despojado de Seguridad Social. El de Consumo, deberá compartir competencias con las CCAA, aunque bien es cierto que puede regular con primacía. El de Universidades, con un defensor de la Universidad privada como Manuel Castells, no contará con Ciencia. El ministerio de igualdad dispondrá de recursos limitados y no sabemos aún si la vicepresidencia social, difuminada por otras tres vicepresidencias, podrá desempeñar un papel destacado.

Sin embargo, el principal corsé de la gestión de gobierno, que puede caracterizarse como de gestión socialiberal con medidas de alivio material y medidas formales de progreso en derechos sociales y civiles, se encuentra en su propio programa de gobierno.

Comencemos, no obstante, por las principales medidas de alivio o mejora, las que merecerá la pena apoyar.

Sin duda alguna, las medidas de progreso más significativas son las que recorren los capítulos de derechos civiles y de inclusión social. Son todas aquellas que tratan la cuestión de las mujeres, las minorías sociales, los derechos y las libertades. Ahora bien, cabe reconocer que muchos de estos puntos en gran medida son bastante inconcretos, prácticamente como declaración de intenciones. Se emplea un lenguaje de futuribles, y en no pocos casos se refiere a la formación de Comisiones de Estudio. A su vez, en la mayor parte de los casos no hay claro ni un calendario ni un presupuesto orientativo. Ni que decir tiene que en todo esto ha debido influir una autocensura y una incertidumbre: el punto 10.7 sobre disciplina fiscal que garantizará la estabilidad presupuestaria y el alineamiento con los postulados del Pacto Fiscal Europeo; y el previsible ciclo de estancamiento económico.

Con todo esto, la mejora de algunos marcos normativos no podrá verse acompañada de programas y dotaciones de recursos que los puedan desarrollar y llevar a cabo.

Son también medidas a saludar y respaldar las intenciones de mejora del salario mínimo interprofesional (60% del salario medio, que puede rondar los 1100 euros mensuales a final de legislatura), el fortalecimiento de la educación pública (5% del PIB) o de la Sanidad Pública (7%). También se establecerán medidas para topar la evolución de los alquileres de la vivienda, y quizá medidas para paliar la pobreza energética. Son medidas de redistribución que, de materializarse, serían una mejora significativa sobre lo existente.

La recuperación de derechos laborales y sindicales entran también en el capítulo de medidas positivas, especialmente en lo que refiere a la recuperación de la ultraactividad en la vigencia de los convenios, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, el tratamiento negociado de los EREs y las causas de despido, o el control sobre figuras de contratación laboral precaria, como el contrato a tiempo parcial, los falsos autónomos, la temporalidad injustificada, contratos formativos y becas, etc…). Ahora bien, aunque se afirma que se forjaría un nuevo estatuto de los trabajadores, las principales medidas previstas no harían otra cosa que dar vuelta atrás dejando sobre la mesa el marco normativo laboral que ya dejó el gobierno de Zapatero y que abarató el despido sustancialmente. Quizá cabe la excepción de la mejora, no menor, de limitar la subcontratación laboral a servicios especializados, o, si acaso de la racionalización de los horarios laborales, así como la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social a las empleadas del hogar, que sí supondrían un avance, pero, en cualquier caso, no definitivo.

Conviene también referirse a la reforma fiscal. Cabe la argumentación de que una política de estabilidad presupuestaria admite una expansión de la inversión y el gasto público si hubiese un fortalecimiento de los ingresos públicos. Sin embargo, debemos indicar que ni se cuenta con un banco central propio, en un contexto donde el BCE presta directamente y solo al sector privado, ni se va a poder recurrir a un aumento de la deuda pública. Así que la fuente de ingresos propia del régimen fiscal comporta el único recurso a considerar.

A este respecto, el pacto de reforma fiscal ofrece elementos positivos. Si bien, a nuestro juicio, insuficientes. Insuficientes por la escasa progresividad que añaden al sistema, así como por, especialmente, la previsión de estancamiento económico, y la limitada recaudación que proporcionarán. Es preciso recordar que la presión fiscal española está seis puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. En este sentido, no sólo hay un recorrido por realizar en materia de mejora de la progresividad y de reparto del esfuerzo fiscal, sino que, sin amenazar siquiera esta referencia (que, desde luego, no es la única) para el capital para sus inversiones, hay un largo camino para equipararnos siquiera a nuestro entorno en cuanto a presión fiscal.

La reforma fiscal es insignificante, casi testimonial, en materia del Impuesto sobre la renta, y tampoco mejora la situación de las clases asalariadas en su núcleo mayoritario, con un retoque de gravámenes con dos tramos superiores nuevos, con apenas 2 y 4 puntos porcentuales más en los tramos de más 130.000 y 300.000 euros anuales de ingresos, que podrán ser contrarrestables por la bajada en los tramos de las autonomías que así lo decidan.

La reducción de los tramos del IVA para productos veterinarios y de higiene femenina son positivos, pero no desarman un impuesto sobre el consumo altamente regresivo, y que para el PSOE es un bastión para sostener los ingresos públicos y que, por desgracia, recae en mayor medida relativa en las rentas más modestas, y no resuelve el alto fraude que realizan muchas empresas.

Valoración más positiva merece la anunciada reforma del impuesto de sociedades, con un tipo impositivo efectivo mínimo del 15% a las grandes empresas y del 18% a la banca y corporaciones de hidrocarburos. El tipo mínimo efectivo de estas grandes corporaciones se encontraban en la práctica por debajo del 8%, gracias a varias deducciones, desgravaciones y exenciones existentes, disminuyendo el grave agravio comparativo con las PYMEs, que verán aliviado su tipo del 25 al 23% nominal. Aún con todo, no se habrán eliminado parte de estas deducciones que favorecen más a las grandes empresas y cuya justificación es dudosa.

Las otras batallas son las del control del fraude fiscal, sin saber muy bien cómo lo harán, porque no lo aclaran. Pasos positivos son los que se darán sobre el tratamiento de SICAV y SOCIMIs, dos figuras que hacían del sistema fiscal español un refugio para las grandes fortunas. Ambas figuras permanecerán pero no tendrán un tratamiento tan privilegiado. Hubiera sido más práctico eliminar estas figuras.

Los impuestos sobre transacciones financieras y la tasa Google (un 3% sobre la facturación de las grandes tecnológicas que hacen negocio con nuestros datos privados de manera muy opaca) son positivos, pero sus efectos son simplemente disuasorios de operaciones de transacción financiera a corto plazo, o bien son una pequeña compensación por los muchos beneficios que reciben las grandes tecnológicas por su negocio global sobre nuestros datos personales y que queda muy lejos de los tipos del impuesto de beneficios del resto.

Sin embargo, había mucho margen de maniobra para mejorar y se ha evitado: ni se ha mejorado apenas el IRPF, ni se ha tratado de recuperar el impuesto de patrimonio (ni mucho menos convertirlo en impuesto sobre grandes fortunas), tampoco se han ideado figuras novedosas como la fiscalidad sobre la propiedad de la tierra, por ejemplo.

Sin embargo, a pesar de la enunciación de muchos capítulos que se anhela mejorar, todas estas medidas de alivio chocarán con el corsé fundamental de la política obediente a la arquitectura económica europea y la disciplina fiscal.

El contexto de estancamiento, o crecimiento muy lento, será un obstáculo decisivo que, en el mejor de los casos, llevará al “tran tran” los resultados del programa, y que es muy probable generen una fuerte frustración, que alimentará a las derechas.

En esta previsión, muchos de los derechos no tendrán más que un recorrido de mejoras normativas sin desarrollo aplicado ni recursos que las hagan efectivas.

Cabe recordar que el marco laboral previo a las reformas del PP ya era de por sí muy malo, y que portaron en sí el modelo que extendió la precariedad laboral haciéndola una pauta normal.

Debe también referirse a la cacareada política de transición ecológica. Con este marco de política económica, muy lejos estará la necesaria inversión de un 2% PIB anual durante 50 años que los expertos proponen como mínimo para hacer frente al cambio de modelo productivo y energético. Eso sin dejar de aludir a la propuesta de promoción del vehículo eléctrico, una vez conocido que es también un modelo de movilidad insostenible, tanto por la escasez de litio como por la emisión de gases de efecto invernadero que de por sí se generan simplemente en la fabricación de las baterías.

Asimismo, la cuestión territorial será una y otra vez arrojada sobre las cabezas del gobierno, y no parece que un simple diálogo sin un modelo articulación fraternal, democrática e inclusiva vaya a resolver ni las aspiraciones nacionalistas dentro del Estado ni pueda contrarrestar la decidida campaña centralista y patriotera de las derechas.

3. Limites políticos y reconstrucción de un proyecto alternativo.

La participación de un gobierno de esta manera acusará la subordinación al liderazgo de la fuerza principal, el PSOE, los obstáculos de política económica del propio programa para el desarrollo de muchos enunciados, la ausencia de capítulos importantes no incluidos, tanto como el acoso de una derecha autoritaria y una sociedad que tiene grandes expectativas que puede ver frustradas.

En nuestra opinión, esta participación, en los actuales términos, es un error. Ahora bien, me referiré a algunos puntos en descargo de ese error, y luego ahondaré a otros que pueden convertirlo en un error muy grave.

En relación al descargo sobre el error cabe señalar que, sin duda alguna, es completamente legítimo entrar en un gobierno como vía. La entrada en un gobierno puede contribuir a hacer más eficaz la parte acordada en las áreas de gobierno reservadas. También, la entrada en el gobierno, tras varios intentos fallidos, contribuye a que el PSOE pueda ir un poco más lejos de sus propósitos iniciales. Con todo, también debe señalarse que la entrada en el gobierno hace corresponsable a todos sus socios y silencia la posibilidad de crítica. Además, el programa de gobierno no sólo no está a la altura de los problemas económicos y ecológicos, sino que hipoteca el avance en materia social a una concepción neoliberal en materia de política económica, aunque su voluntad sea compasiva.

También hay quien esgrime que no ha podido irse más lejos, dados los escasos 35 diputados obtenidos, y el retroceso y fragmentación del apoyo. O que con esto se contiene a un gobierno de la derecha. Sin embargo, como venimos diciendo, podría haberse escogido otro camino: un acuerdo de investidura con una serie de puntos programáticos, y mantener la independencia, apoyando todo lo que fuese positivo, pero sosteniendo un proyecto propio en el horizonte. El riesgo, se decía, de algo así, es que la geometría variable podría facilitar acuerdos a derecha o izquierda al gobierno. Pero ahora nada lo impide necesariamente.

Ocupar el flanco izquierdo del régimen, empotrados en el aparato del Estado, permite incorporarse a la gestión institucional, pero brinda la fuerza de oposición antiestablishment a las formaciones de derecha extrema que podrán actuar sin cortapisas, haciendo cargar sobre las espaldas del gobierno las frustraciones por no haber satisfecho las expectativas, o hacer la corresponsable a UP por tener que avalar o callarse ante medidas de corte neoliberal.

Sin duda, el camino tomado plantea numerosas dificultades si no se quiere ver asimilado al proyecto de gestión neoliberal compasiva del PSOE, y acabar deglutido electoralmente con este abrazo del oso.

Los ministros y ministras de UP, pueden también buscarse la autonomía y desarrollar nuevas iniciativas para diferenciarse del proyecto del PSOE, más allá del programa pactado. Aunque se ha de ser consciente que tendrán un papel meramente propagandístico, pues previsiblemente no recogerán el apoyo parlamentario necesario. También es bueno, el poder acceder a información del aparato del Estado que de otra manera no se contaría, lo que puede ser un vehículo para prevenirse mejor o incluso limpiar las cloacas que hay en su interior. Todo esto es su apartado positivo.

Ahora bien, el acuerdo va mucho más lejos al aceptar la política de disciplina fiscal, al establecer un acuerdo que subordina al socio menor, al abandonar la lucha y la aspiración a medidas que desarrollen la democracia también en los espacios laborales, potencie los bienes comunes y la internalización de servicios dentro del sector público, y regule, intervenga, controle o incluso socialice el sector bancario que no cumpla una función social, la socialización de otros sectores estratégicos o que convierta en bienes comunes los servicios que proveen las grandes tecnológicas, se aborde una auditoría de la deuda pública y sus condiciones de devolución, y, sin duda, una política de inversión socioecológica mucho más ambiciosa que produzca un cambio de modelo productivo y energético que ya no sólo es que sea imprescindible, sino que es urgente. Cabe recordar, que estas no son consignas extremistas. Son medidas simplemente a la altura de los problemas de época que vivimos. Medidas que, además, son las únicas que pueden erosionar el poder real del capital. Porque el poder institucional y político no va a ser suficiente si no se les retiran a los poderes fácticos sus privilegios. Y el acoso del poder del capital no cejará si no se le resta sus instrumentos decisivos de influencia.

No se puede caer en el sectarismo, y, por tanto, hay que afianzar el recorrido para que las medidas de alivio, o en su caso de mejora, puedan llevarse a efecto. Apoyar desde fuera lo más valioso y cuestionar lo regresivo.

Esperemos que se tenga todo esto en cuenta, porque los próximos años van a ser muy movidos, y este gobierno va a estar patinando sobre un hielo delgado y fino. Mientras tanto, toca construir una alternativa de proyecto que tanto recuerde las contradicciones como los asuntos pendientes, como pueda maniobrar con libertad, desde la construcción de una alternativa política de futuro, para no abandonar las transformaciones fundamentales que puedan estar a la altura de los problemas del planeta y de las clases trabajadoras, y que esté en condiciones o en camino para superar las contradicciones del modo de vida capitalista.

Esperemos que las fuerzas del cambio reflexionen sobre esto. Alcanzar el gobierno no puede ser más que un medio para un fin. Lo peor que se puede hacer es invertir el orden de prioridades.

15/01/2020

Daniel Albarracín, forma parte del Consejo Asesor de viento sur





Facebook Twitter Telegram RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons