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Catalunya
ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía
29/03/2013 | Sergi Raventós Panyella

[Con motivo de la admisión a trámite de la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía, VIENTO SUR ha entrevistado a Sergi Raventós Panyella, miembro de la comisión promotora de la ILP y representante de la Red Renta Básica www.redrentabasica.org.]

VS: La Mesa del Parlament de Catalunya ha admitido a trámite la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC): ¿En qué consiste esta renta y quién tendría derecho a percibirla?

Sergi Raventós: La RGC es una prestación económica de carácter periódico que percibirían aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que acrediten una edad de 18 años como mínimo o sean menores emancipados.

b) Que estén viviendo legalmente en Catalunya. Este requisito no será exigido en el supuesto de mujeres “reagrupadas” que tengan derecho a la RGC en el caso que pierdan la condición legal de residentes como consecuencia de la separación o el divorcio.

c) Que acrediten una residencia continuada en Catalunya durante un mínimo de 12 meses.

d) Que no dispongan de ingresos superiores a los mínimos garantizados, que equivalen a la cuantía del Indicador de renta de suficiencia de Catalunya que cada año tiene que fijar la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Para el 2012 era de 664 euros al mes para una persona.

Hay que decir también que es un derecho subjetivo y que no está condicionado a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social.

¿Cómo y cuando surgió la idea de hacer la ILP?

La idea surgió del grave recorte que supuso la RMI en el verano de 2011. Ese verano, con la aprobación de la ley 7/2011de 27 de julio de medidas fiscales y financieras (más conocida por la Ley Ómnibus) a propuesta de CiU y con el apoyo del Partido Popular, en su artículo 52 se incorporaron modificaciones sustanciales a la Ley de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Esas nuevas medidas dificultaron y limitaron el acceso de mucha gente que hasta ahora podía acceder a este programa. Algunas de las más importantes que contempló la Ley fueron: la supeditación de las prestaciones económicas de la RMI a la disponibilidad presupuestaria, lo cual representaba la pérdida de su carácter universal y de su consideración de derecho subjetivo a la prestación; se alargaba el período de residencia continuada para acceder a la RMI, pasando de uno a dos años; se ampliaba de cuatro a doce meses el período de cálculo en la valoración de los ingresos de la unidad familiar, los cuales sumados no podían exceder del salario mínimo interprofesional (SMI), de 641 euros; se limitaba a cinco años el período para percibir la RMI con una prórroga para casos muy excepcionales; este límite era inexistente hasta entonces, de continuar la persona con la misma situación de pobreza y exclusión social; se redujo el importe máximo de la prestación, pasando de 800 (el máximo hasta ahora) a 641 euros por domicilio. A la vez y por si fuera poco, el 30 de agosto se aprobó el Decreto para desplegar la Ley que endureció más las exigencias para acceder a la RMI.

Con todas estas restricciones el gobierno de Artur Mas lo que realmente pretendía era recaudar aproximadamente unos 53 millones de euros según un informe que realizó la Dirección General de Economía Social y Cooperativas perteneciente al departamento de Empresa y Ocupación. En concreto pretendía ahorrarse unos 28 millones retrasando a seis meses el tiempo que los parados debían llevar sin percibir ningún ingreso para acceder a la RMI. Unos 7 millones más al rebajar el máximo de la RMI al importe del SMI; 3 millones más al limitar la RMI hasta un máximo de cinco años… y así hasta completar este ahorro de sólo el 0,22% del presupuesto de la Generalitat a cuenta de los más necesitados. Y por supuesto el gobierno de CiU también con todos esos requisitos y exigencias quiso frenar la avalancha de solicitudes que se dieron desde el inicio de la crisis del 2008, llegando a triplicarse los expedientes de la RMI.

A partir de esa agresión tan salvaje a la gente más necesitada y carente de ingresos se empezaron a organizar una serie de reuniones para dar respuesta a esa situación entre varias entidades, sindicatos y partidos de izquierda.

También se veía y se ve con mucha preocupación la situación que vendrá en los próximos meses, cuando más de un 70% de la población en paro dejará de cobrar la prestación de desempleo y sin poder optar a la RMI por quedar limitada “a gente con problemas sociales añadidos”.

¿Qué indicadores existen sobre la evolución de la pobreza en Catalunya?

La situación en Catalunya se deteriora mes a mes desde el 2007. Hay algunos analistas que ya empiezan a hablar de un retroceso de más de 30 años en las condiciones sociales de los ciudadanos de Catalunya. Hay varios indicadores que son ilustrativos de esto, pero voy a comentar fundamentalmente cuatro.

En concreto, y a pesar que Cataluña está por encima de la media del Reino de España, la evolución indica que el riesgo de AROPE /1 ha aumentado mucho más que en el resto del Estado entre 2009-2011: un 6,8% en Cataluña por un 3,6% en el conjunto del Estado.

Un indicador terrible también es el gran aumento de la pobreza entre los menores de 16 años: han pasado de una tasa de riesgo de pobreza del 17,60% en 2008, al 26,40% en 2011.

El índice de privación material es otro indicador que complementa las medidas de pobreza monetaria. La privación material se refiere a la dificultad de los individuos o los hogares para pagar los bienes de consumo y las actividades que son propias de una sociedad en un momento dado, sin considerar estilos de vida voluntariamente austeros. La privación material severa ha aumentado del 1,15% en 2007, al 4,98% en 2011; significa no poder hacer frente a tres de los siguientes indicadores: pagar las facturas de alquiler, hipoteca o servicios públicos, mantener la vivienda adecuadamente caliente, asumir gastos inesperados, comer carne o proteínas de forma regular, ir de vacaciones, disponer de aparato de televisión, disponer de nevera, disponer de coche y disponer de teléfono. Casi el 5% de la población está en una situación de pobreza severa!

Otro indicador poco conocido es el de los trabajadores pobres (aquellos que siendo trabajadores tienen unos ingresos inferiores a los que determina el umbral de la pobreza) que en Cataluña (también en el Reino) han aumentado más de un 2% entre el 2007 y el 2010, pasando de un 11,40% a un 13,70%, mientras que en la Unión Europea de los 27 se mantiene estable en un 8,50%.

¿Qué mejoras supondría la RGC respecto a la RMI?

Son varias las mejoras: la RGC no está sujeta a disponibilidad presupuestaria, el importe de la RGC es de 664 al mes para una persona, 1129 para dos, 1594 para tres. Se multiplica por 70% por cada persona más en el hogar por aquello de “donde comen 3 comen 4”, pero sin llegar a la vergonzosa ponderación que hacen con la RMI, que para 1 persona es de 423 y para el segundo y tercer miembro se aumentan ¡55,29 euros por cada miembro! ¡Y para el cuarto y quinto 35,59! A todas luces indignante.

También en el caso de una RGC se establece la percepción todo el tiempo que se mantenga y acredite la situación de necesidad, una situación que se tendrá que renovar cada dos años. En cambio la RMI fija un período máximo de percepción de 5 años.

Son perceptoras de la RGC las personas mayores de 18 años y no de 25 como la RMI.

La RGC suple los ingresos necesarios hasta llegar al Índice de suficiencia que establece la Generalitat cada año. La RMI no actualiza ni el IPC.

Para acceder a la RMI es imprescindible estar dos años mínimos de residencia continuada, en el caso de la RGC es de 1 año.

En el caso de la RMI se alarga el período cálculo de 4 a 12 meses en la valoración de los ingresos para obtenerla. La RGC establece 4 meses de carencia de recursos para poder hacer la solicitud.

En el caso de la RGC si no hay respuesta administrativa en el tiempo requerido legalmente comportará el reconocimiento del derecho desde el primer día del mes en que se haya acreditado la carencia de recursos económicos. Por lo que respecta a la RMI si no hay respuesta en 4 meses se considera denegada.

Y otra que no es poco importante es la no condicionalidad para percibir la RGC, la no obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción social o laboral, a diferencia de la RMI.

La ILP pretende concretar un derecho reconocido en el Estatut de Catalunya: ¿puedes explicarlo?

Uno de los fundamentos de la ILP es el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que se votó en Referéndum el 2006. El artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña dice textualmente: “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen” También en el Estatuto se establece la competencia exclusiva en el ámbito de la asistencia social. Y en su artículo 42 expresa un mandato a los poderes públicos en el que se dice: “han de promover políticas públicas que fomenten la cohesión social y que garanticen un sistema de servicios sociales, de titularidad pública y concertada, adecuado a los indicadores económicos y sociales de Catalunya”, para rematar en el artículo 37.1 donde regula que: “las disposiciones que dicten los poderes públicos de Catalunya han de respetar los derechos establecidos en los capítulos 1, 2 y 3 y que se han de interpretar y aplicar en el sentido más favorable para su plena efectividad”.

Creemos que hay suficiente fundamento normativo para que se contemple esta RGC, tan necesaria en estos tiempos de gran aumento del paro y de la pobreza y que los poderes públicos no están haciendo frente de la manera que requiere la situación actual. Es hora de dar cumplimento a estos artículos de un Estatuto que se votó y que desde 2006 aún no se ha llevado a término.

Ha habido unanimidad de la mesa para admitir a trámite la ILP, pero ¿fue bien acogida desde el principio?

La tramitación de la RGC no ha sido un camino fácil. De hecho por parte de CiU existía la intención de no dejarla pasar a trámite. Así se nos manifestó en una reunión que tuvimos 6 representantes de la comisión promotora de la ILP con la Consellera de Benestar Social y familia Neus Munté y altos cargos de la Conselleria el 22 de febrero. La consellera y su equipo nos quisieron transmitir el posicionamiento en contra del gobierno hacia nuestra ILP. Expusieron fundamentalmente el tema económico y la “imposibilidad en esta situación de poder dar cobertura económica”.

Así pues, la voluntad del gobierno de derechas de CiU estaba clara: no querían dejar entrar esta ILP en el Parlament, seguramente para no abrir un nuevo foco de conflicto a la ya delicada situación del gobierno. Pero no podían tirar por la borda el reglamento de las ILP,…así pues durante unos días la situación fue tensa y rara. Con fecha 12 de marzo, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña emitió un informe (para ser incluido en el expediente de tramitación de la ILP) en el que hablaba de varias cosas para argumentar en contra de la misma: de estimaciones económicas, de las obligaciones de la política fiscal marcada por Madrid y Bruselas, de alusiones a una Renta Básica como la que tienen en Alaska gracias a los dividendos del petróleo, e incluso de la poca soberanía de Catalunya para poder desarrollar una RGC…

Mientras tanto, también se produjo una marcha contra el paro, la precariedad y por una RGC que, a pesar de la intensa lluvia que cayó ese día, reunió varios centenares de participantes, que recorrieron más de 20 kilómetros desde la localidad de Sant Vicenç dels Horts a las puertas del Parlament; allí se reunieron con representantes de los partidos y con la presidenta del Parlament, que les aseguró que haría lo posible para dar vía libre a la ILP.

Finalmente la Mesa del Parlament reunida en la mañana del 12 de marzo de 2013 decidió aprobar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular.

¿Cuánto dinero se necesitaría para implantar la ILP?

Según estimaciones muy recientes desarrolladas por el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons, (miembro de la Asociación Red Renta Básica y que ya realizó estudios de viabilidad económica de una Renta Básica universal para Catalunya hace ya unos años) los costes de ésta RGC serían de unos 2.027 millones de euros.

Según el informe del gobierno del 12 de marzo el coste de la RGC se estima en más de 3.500 millones de euros. Esta estimación del gobierno no sabemos de dónde sale, pues no ocupa ni medio folio en dicho informe. Creemos que ha sido una estimación hecha a ojo de buen cubero; en este informe de 24 páginas se dedica una abundante argumentación sobre las condiciones del déficit fiscal impuestas por Madrid y Bruselas y no se dice nada sobre la pobreza galopante de Catalunya.

¿De dónde podría salir este dinero?

Sobre este tema creo interesante referirme a un informe del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA que propuso a mediados de 2012 una serie de medidas para recaudar 63.809 millones de euros en todo el Reino de España /2. Concretando esta recaudación para el caso de Cataluña, que equivalía un 18,7% del PIB del Reino en el año 2012, cálculo que no supone una mala aproximación, resultarían aproximadamente estas cantidades:

Reducción de la economía sumergida en 10 puntos: 7.214 millones.
Nuevo tipo de impuesto sobre sociedades: 2.607 millones.
Impuesto de transacciones financieras: 935 millones.
Impuesto sobre la riqueza: 636 millones.
Restricciones al sistema de módulos y Sicav, aumento del tipo al ahorro y ganancias patrimoniales al general: 279 millones.
Prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública: 262 millones.

Es decir, estamos ante una recaudación de 11.933 millones de euros, lo que podría suponer cubrir de sobras los más de 2.000 millones necesarios para la RGC. Como es bien sabido dinero hay, otra cosa es la voluntad de recaudarlo y a quién quitárselo.

El gobierno de Artur Mas argumenta que no tiene competencias para poner en marcha las posibles fuentes de financiación de la ILP: ¿qué opinas al respecto?

Es curioso que cuando se trata de recaudar no hay nunca competencias, cuando se trata de recortar las tenemos todas. Sobre este punto, es cierto que disponiendo de plenas competencias no dudo que nos fuesen mejor algunas cosas en Catalunya, pero tampoco se ha visto a ningún miembro del gobierno haciendo declaraciones a favor de más recursos y competencias para poder sostener una RGC. ¿Por qué será? Ha sido puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el carácter derechista de este gobierno desmantelando la sanidad pública para abrir el camino a la privatización, destrozando la enseñanza pública, descuidando e infra dotando los servicios sociales, dejando de pagar a los proveedores de servicios a la Generalitat y podríamos continuar.

En cambio, fueron diligentes a la hora de suprimir el impuesto de sucesiones que implantó el gobierno tripartito durante muy poco tiempo (todo hay que decirlo).

¿Cómo se van a recoger las 50.000 firmas necesarias para que la ILP se discuta en el Parlament?

Espero que tengamos un buen ejército de fedatarios acreditados para llegar a los diferentes lugares y recoger las firmas necesarias. En estos momentos hemos superado de sobras el mínimo que estimábamos necesario en las primeras reuniones.

Los sindicatos mayoritarios y algunos minoritarios se están implicando aportando bastantes fedatarios, algunas entidades como Attac-Acordem están dedicando muchos y generosos esfuerzos, también algunos colegios profesionales de Trabajadores Sociales y de Educadores, entidades de corte cristiano, la Red Renta Básica desde el inicio, etc. Pero también hay que decir que algunos de los partidos de izquierda que la apoyan tendrán que implicarse bastante más de lo que están haciéndolo ahora y que no se planteen la campaña solo para salir en la foto.

Creo que la ILP de la Plataforma de afectados por las Hipotecas es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se moviliza a la población en torno a un objetivo legítimo y que responde a una situación de necesidad social. Es una posibilidad de visualizar las injusticias sociales y económicas que hay en curso y sobre quién está recayendo esta crisis.

También es una buena oportunidad también para ejercitar la democracia y para hacer llegar a la gente la importancia de dar cumplimiento un artículo que fue votado por la mayoría de los catalanes y catalanas en referéndum. ¿Qué democracia es esta que se votan cosas para luego no cumplirlas? ¿Qué ejemplo se está dando a la ciudadanía cuando en estos momentos los dirigentes del gobierno se llenan la boca exigiendo un referéndum para la Independencia cuando son totalmente incapaces de dar respuesta a un artículo de un Estatuto votado hace 7 años? ¿Qué garantías nos da un gobierno que en una situación de alarma social no realiza grandes esfuerzos para dar cobertura social a la población necesitada?

Para que la ILP sea aprobada, ¿se necesita un cambio en las actitudes de los partidos?

Hay que cambiar la mentalidad y el enfoque en cuanto al trabajo como única fuente de obtención de rentas, cuando lo que está sucediendo a ojos vista es que no hay trabajo para todo el mundo, y ya no digamos trabajo digno y de calidad. Con un paro de más del 50% entre la población menor de 25 años ¿qué futuro espera a estas generaciones? Hay que contemplar la reivindicación del derecho a la existencia. Hace unos días escribíamos con mi hermano Daniel esto que sigue y que considero imprescindible para cualquier programa de izquierda en la actualidad: “Lo que debe garantizar toda sociedad es el ‘primer derecho’, el de la existencia. Simplemente por el hecho de pertenecer a la ciudadanía (o, si se quiere, por el hecho de pertenecer al género humano), sin razones adicionales. Cualquier consideración acerca de la libertad de las personas que la desvincule de la existencia material garantizada, puede servir para multitud de trabajos académicos y hasta para muchas tesis doctorales, pero es a lo sumo palabrería sofisticada” /3

¿ Cuáles son los parecidos y las diferencias de la RGC respecto a la Renta Básica universal e incondicional que defiende tu asociación y por qué la apoyáis?

Ante una situación como la que estamos viviendo, en donde nuevos informes (el último es el informe de Foessa) y estudios constatan que crecen el paro, la pobreza, la exclusión social, etc. la ILP por una RGC nos parece una iniciativa excelente. Mejora sustancialmente las ayudas para los pobres que existen y tiene un concepto de ciudadanía más robusto, por no citar otra vez las ventajas respecto a una RMI que se han descrito antes.

Pero también tenemos claro que la RGC sigue siendo un subsidio condicionado. Para recibirlo, tal como expone la propia ILP, deberían cumplirse una serie de condiciones. Esto supone unos costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto general del programa condicionado. En cambio, la RB representa una simplificación administrativa, como han reconocido algunos de sus críticos.

La RB se garantiza ex-ante, la RGC, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post. Esta característica convierte a la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la RGC no puede afirmarse lo mismo, hay que acreditar estar ya en una situación de pobreza.

La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro. Estas trampas aparecen por el hecho que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la RGC, no son acumulativas (con esto queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De aquí la inexistencia de estímulos muy elevados para aceptar ocupaciones que supongan la pérdida de la RGC. A diferencia de la RGC, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquiera otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados.

La RB al no estar condicionada, la recibiría toda la población. Esta característica tan distintiva de esta propuesta ha supuesto que algunas personas hayan expresado su desacuerdo con que “también la reciban los ricos”. Si se entiende que tan importante es la cantidad de la RB como la forma de financiarla (y hay más de una y de dos formas de hacerlo), puede deshacerse alguna confusión. Que todo el mundo reciba la RB no quiere decir que todo el mundo gane. Los ricos pierden en las propuestas de financiación políticamente interesantes. En el proyecto de financiación que realizó la RRB para Cataluña en el año 2005, el 70% de la población con menos renta se beneficiaba con la RB, un 15% quedaba aproximadamente igual, y el 15% más rico perdía.

Otro aspecto no poco importante para la autoestima es el hecho que la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado como es la RGC.

Y para finalizar, como decíamos hace unos días en un artículo reciente: “cada vez es creciente el número de personas que pierden lo que les garantizaba mal que bien una existencia social más o menos decente. Pedir trabajo digno para todas las personas en paro supone un noble objetivo y sería harto deseable, pero mientras eso no llega y no es previsible que vaya a llegar en los próximos años estas mismas personas deben tener la existencia garantizada. Comer, alojarse, vestirse… son necesidades que deben realizarse a diario. Aquí cobra todo el sentido esta Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (¿hacia una renta básica?)”

29/03/2013

Sergi Raventós es trabajador social en una fundación de salud mental, miembro del colectivo Dempeus per la salut pública y forma parte de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de la Red Renta Básica.

Notas

/1 (AROPE es un acrónimo del inglés At Risk of Poverty and/or Exclusion, es un indicador sintético que tiene en cuenta otros tres indicadores: la población que vive bajo el umbral de pobreza (personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana de la renta nacional), la población afectada por una privación material severa (no puede permitirse el pago de cuatro de los siguientes nueve ítems: hipoteca, alquiler o letras; mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada; una semana de vacaciones al año; una comida con carne, pollo o pescado cada dos días; teléfono; televisión; lavadora; coche; gastos imprevistos) y la población con baja intensidad de empleo por hogar (número de meses trabajados durante el año por parte de todos los miembros del hogar en edad laboral en relación a los meses que teóricamente podrán trabajar; una intensidad de trabajo igual o inferior a 0,20 es considerada baja)

/2 http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5785

/3 http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Renta-Basica-Garantizada-Ciudadania-ILP_6_113798621.html







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