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Debate en la ANC
Independencia e inmigración
18/05/2013 | Brian Anglo

Como es bien sabido, en Catalunya la cuestión nacional constituye un componente muy importante de la crisis multifacética. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), la organización pro-independencia que convocó la enorme manifestación del 11 de setiembre del año pasado, ha formado una serie de asambleas sectoriales para ir trabajando distintos aspectos del proceso de autodeterminación. El 11 de mayo, la sectorial de inmigración (creada, como la del movimiento obrero, solo después de una votación muy ajustada) invitó a varias personas a opinar y deliberar con ella sobre "El estado plural que queremos construir entre todos y todas". He aquí algunas de las reflexiones que aporté a este debate.

¿La inmigración podrá participar en el proceso?

Como punto de partida, se supone que todo el mundo está de acuerdo en que una futura Catalunya independiente deberá ser democrática. Por lo tanto, el proceso a través del cual llegue a la independencia –pongamos por caso un referéndum– también debe ser plenamente democrático.

Dicho de otro modo, el derecho de decidir debe ser extensible a todas las personas que residen en Catalunya, sea cual sea su origen o la nacionalidad que figura en su pasaporte.

Cabe recordar, pues, que el eterno debate sobre una ley electoral catalana ha girado en torno a la configuración de las circunscripciones y que, hasta ahora, ninguno de los partidos políticos mayoritarios que más se identifican con el actual proyecto independentista ha hecho nada para corregir el escándalo democrático que representa el hecho de que un 15 por ciento de la población real del país no puede votar, ni ser votada, en ninguna de las elecciones que se celebran en Catalunya.

Ciertamente la llamada "consulta independentista" puesta en marcha desde Arenys de Munt significó un avance importante en este sentido, ya que fue abierta a cualquier persona registrada en el padrón municipal. Pero, ¿se aplicará el mismo criterio a una eventual consulta decisoria?

¿La inmigración querrá participar en el proceso?

Suponiendo que todas las personas residentes en Catalunya puedan participar en la decisión colectiva sobre la creación de un estado independiente, cabe preguntarse si los y las inmigrantes aprovecharán esta oportunidad y, si lo hacen, en qué sentido votarán.

Evidentemente, para que puedan participar con conocimiento de causa, hará falta una amplia campaña pedagógica que explique en términos fácilmente comprensibles los motivos y fundamentos de la propuesta de independencia y lo que está en juego. Y aquí tenemos la madre del cordero: ¿qué significará este nuevo estado, si llega, para la gente inmigrada?

Este nuevo estado ¿introducirá una nueva ley de extranjería o, recordando que cualquier ley que se aplica a sólo una parte de la población es inherentemente discriminatoria, prescindirá de una ley de este tipo? ¿Aplicará el apartheid sanitario, como, después de ciertas vacilaciones, hace la actual Generalitat, o habrá acceso a un sistema público de salud de calidad para todo el mundo? ¿La policía seguirá pidiendo papeles a las personas por la calle en función de burdos estereotipos "raciales"? El nuevo estado ¿tendrá centros de internamiento para extranjeros? ¿Las fronteras serán abiertas, o cerradas a según quien, lo que inevitablemente implicaría sufrimiento y muertes?

¿Se pondrá fin a los montajes con acusaciones arbitrarias de "terrorismo" contra inmigrantes como el del "comando Dixan" en Banyoles (el material explosivo resultó ser detergente) o el de los paquistaníes del Raval que supuestamente planificaba un atentado en el Metro de Barcelona?

Para obtener los papeles, ¿serio necesario, como es el caso ahora, conseguir un informe llamado "de arraigo" favorable? O para tomar otro ejemplo, si el nuevo estado permanece dentro de la Unión Europea, ¿se desvinculará de la Directiva de la Vergüenza /1?

Y volviendo a cambiar el ángulo de mira: muchas mujeres inmigradas están haciendo una labor social de primer orden, cuidando de personas que no pueden valerse por sí mismas. El nuevo estado ¿les proporcionará una formación apropiada y les ofrecerá plazas estables, razonablemente bien remunerados y debidamente aseguradas en un sistema público universal capaz de atender las necesidades de toda la población?

Pero no se trata de sugerir que a las personas inmigradas sólo les interesa aquello de "¿Qué hay de lo mío?"

¿El proceso se ocupará de cuestiones internacionales que interesan a la inmigración?

Hay mucha gente inmigrada, como la hay "autóctona", que defiende el derecho a decidir de otros pueblos, algunos bastante más oprimidos que el catalán, como el palestino, y se preguntan si el nuevo estado mantendrá el apoyo otorgada por la Generalitat al opresor más directo del pueblo palestino, el Estado de Israel. Y en este contexto, ¿qué se puede pensar de la inclusión en el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Pilar Rahola, defensora a ultranza del Estado de Israel y justificadora de todas sus fechorías? La misma Pilar Rahola, por cierto, que no ha practicado un periodismo precisamente favorable a la inmigración y que es autora de un libro con el título, nada inocente, de La república islámica de España.

Y la Catalunya independiente ¿tendrá un ejército? ¿Enviará soldados a cualquier país, como lo ha hecho el Estado español en Irak o Afganistán, Somalia o Líbano, con el "detalle", que a mucha gente inmigrante no se le escapa, que "casualmente" son países con un porcentaje elevado de población árabe y/o musulmana?

Y ¿qué perspectivas hay de que el nuevo estado cumplirá con los compromisos mínimos de ayuda al desarrollo de los países de los que son originarias algunas de las personas que viven en Catalunya, o que esta ayuda se utilice efectivamente en beneficio de las poblaciones locales?

¿El proceso tendrá una perspectiva social?

Dicho lisa y llanamente, la trayectoria de los partidos mayoritarios implicados en el proceso no sólo no inspira confianza, sino que más bien inspira desconfianza de que el nuevo estado atienda las necesidades más urgentes de la mayoría de las personas inmigradas, ya no digamos sus inquietudes, aspiraciones y esperanzas.

Claro, no todas las cuestiones suscitadas aquí se pueden resolver antes de la consulta, sobre todo si vamos hacia un proceso constituyente, pero la actitud de mucha gente inmigrada ante la eventual consulta, así como ante las movilizaciones que harán falta para que se realice, dependerá de la respuesta que se dé al menos a unas cuantas.

Aun así, no todas las respuestas tienen que venir de las instituciones. Al contrario, el papel de la sociedad civil debe ser primordial, en relación tanto a las propuestas como a la movilización social necesaria para aplicarlas u organizar la insumisión y la resistencia a las leyes injustas.

Sin duda la ANC constituye un componente importante de esta sociedad civil. Ahora bien, no puedo dejar de pensar en otro caso histórico en el que las siglas ANC encabezaban una lucha por la soberanía nacional; me refiero, por supuesto, al Congreso Nacional Africano, conocido normalmente por sus siglas en inglés.

Pienso en esto porque su lucha, planteada esencialmente en términos nacional-democráticos, se atascó justo en el momento de alcanzar su objetivo, con el fin del apartheid. Hoy en día Sudáfrica forma parte del bloque de los países emergentes más poderosos, los llamados BRICS, junto al Brasil, Rusia, India y China. Sin embargo, este aparente éxito "como país" contrasta fuertemente con el hecho de que la población padece un grado de desigualdad entre los más elevados y una esperanza de vida de las más bajas del mundo entero.

O sea, si se olvida la vertiente social, si se obvian los intereses contrapuestos de las diferentes clases sociales, si no se tiene en cuenta que la inmigración es fundamentalmente clase trabajadora... es poco probable que este sector de la población se entusiasme con un proyecto incierto que no le ofrece una perspectiva que tenga en cuenta ni sus necesidades específicas ni las que comparte con el resto de su clase.

18/05/2013

Notas

/1 Directiva de la Unión Europea del año 2008 que permite, entre otras medidas, prolongar hasta 18 meses el internamiento de los inmigrantes indocumentados en centros de retención.





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