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La contrarreforma que viene
Nuevos recortes en las pensiones públicas
17/06/2013 | Mikel de la Fuente

En el Estado Español el gasto en pensiones es bajo, tanto se mida individualmente como en relación al PIB. Ello se debe tanto a unos salarios medios reducidos y a un desempleo masivo como al ininterrumpido proceso de recortes a las pensiones públicas, que se inició en 1985 y del que la reforma del “factor de sostenibilidad” en curso es, por ahora, el último episodio. El último ataque de conjunto a las pensiones, con el PSOE en el Gobierno, se dio a través de la Ley 27/2011. La mayoría de sus disposiciones empezaron a aplicarse en enero de 2013 y trajeron consigo la elevación de la edad ordinaria de jubilación a los 67 años, la ampliación de 15 a 25 años de la base de cálculo de la pensión, el incremento a 37 años del tiempo de cotización necesario para alcanzar el 100% de la pensión, empeorando del tratamiento de los períodos en los que no se cotice y que forman parte del período de cálculo (se reduce a 48 meses el período en el que se aplica la base mínima de cotización mientras que el resto se integra con el 50% de la base mínima) y, siguiendo al aumento de la edad ordinaria a 67 años, el atraso en dos años de la edad de acceso a las jubilaciones anticipadas (tanto la forzosa como la voluntaria)hasta alcanzar –progresivamente- las edades de 63 y 65 años respectivamente. Además, en la mayoría de los casos se ha aumentado la penalización por anticipo de la edad, sobre todo si la jubilación es voluntaria.

Otro elemento a destacar es la limitación del complemento de mínimos. En el año 2011 el complemento de mínimos era percibido por el 26,65% de las pensiones de jubilación y el 33,60% de las pensiones de viudedad. A partir del 2013 el complemento de mínimos no podrá ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que este año es de 364,90 euros al mes por catorce pagas. El nuevo sistema de cálculo hubiese impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad a una cifra aproximada de 530.000 pensionistas, de los que el 74% serían mujeres/1.

El subsidio de desempleo que percibían las personas mayores que perdían el trabajo a una edad avanzada y que, además de proporcionarles un mísero subsidio (426 euros/mes), mantenía las cotizaciones para la jubilación por la cuantía del salario mínimo interprofesional (cuando antes se cotizaba por el 125%), ha conocido drásticos recortes:

· En julio de 2012 se redujo su duración, elevando la edad de cobro de los 52 a los 55 años y limitándolo hasta que se puedan jubilar “en cualquiera de sus modalidades”. Esto significa que si pueden acceder a la jubilación anticipada a los 61 o 63 años no podrán seguir percibiéndolo hasta los 65 años, evitando así la penalización de las jubilaciones anticipadas y consiguiendo años de cotización que permitan una pensión de cuantía más elevada.

· En marzo de 2013 la concesión de este subsidio, que antes se condicionaba a los recursos de la persona solicitante pasa a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad familiar, requiriendo que los ingresos de la familia constituida por cónyuge e hijos e hijas menores de 26 años o incapaces sea inferior a los 483,98 € por persona. Esto conlleva dejar fuera a un gran porcentaje de posibles beneficiarios -que será mayor en las Comunidades Autónomas con salarios y pensiones más elevados-. Esta durísima medida afecta especialmente a las mujeres casadas, ya que el mayor salario medio de los hombres traerá consigo que a fin de que el marido de más de 55 años pueda acceder al subsidio la esposa trabajará de manera no declarada, lo que le impedirá o dificultará el acceso no sólo a la jubilación sin a otras prestaciones de Seguridad Social.

En una estimación, a mi entender conservadora, se estima que las pensiones van a sufrir una reducción del 20-25% como producto de las medidas de la Ley 27/2011 y las complementarias de 2013, sin tomar en cuenta lo que resulte del “factor de sostenibilidad”. A pesar de la evolución demográfica y del aumento de la esperanza media de vida que daría lugar a un aumento del número de pensionistas desde los nueve millones actuales a 15 millones en el 2052, según la Comisión Europea (informe Ageing Report de 2012) las medidas derivadas de la Ley de 2011 producirían una reducción del aumento del gasto previsto anteriormente en pensiones para el año 2060, que pasaría del 15,1% previsto en el Ageing Report de 2009, al 12,9%.

Sin embargo, es muy posible que los cálculos hayan subestimado tanto el impacto del desempleo masivo, con lo que entraña de falta de cotizaciones, como el de las medidas menos “visibles” de la Ley 27/2011 (o anteriores y posteriores), que van a contribuir a la reducción del gasto. Entre otras, además de algunas de las citadas, se deben añadirla supresión, por la Ley 40/2007, de los llamados “días-cuota” para alcanzar los 15 años necesarios para la pensión de jubilación, equivalentes a 26 meses, lo que supone que un cierto número de personas no podrá acceder a esa pensión y, también, la exigencia de años completos de cotización a efectos del porcentaje aplicable a la pensión (en lugar de la equivalencia anterior de cualquier fracción de año a un año). Además, la congelación de las pensiones en el año 2011 (salvo las mínimas y las no contributivas) y la semicongelación en los años 2012 (aumento del 1%) y 2013 (1% para las superiores a los 1000 euros y 2% para el resto), han supuesto una importante reducción acumulada que se mantiene para el futuro.

El impacto de todas estas medidas va a afectar de forma especial a la gente más precarizada y especialmente a las mujeres, que de forma muy mayoritaria no van a llegar a cotizar el período necesario para jubilarse a los 65 años (38 años y medio) o para jubilarse con el 100% de la pensión (37 años).

En resumen, el aumento del gasto en pensiones desde el 10,7% del PIB en el año 2010 (último año del que se disponen datos) al 13,7% estimado en el 2060, es de magnitud muy limitada, apenas superior en 0,8 puntos al 12,9% estimado para UE-27 y, probablemente no sería tal si se estiman adecuadamente los recortes ya aprobados.

Los nuevos recortes del “Factor de Sostenibilidad”

Como ha declarado Santos Ruesga, el único miembro del Comité de Expertos que ha votado en contra del dictamen, el objetivo del Gobierno español al encargar el informe era el de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a su sostenibilidad a largo plazo, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo acordados con la Comisión Europea y el resto de la Troika/2. Y ello a pesar de que el Fondo de Reserva de las pensiones, que a finales del primer trimestre de 2013 todavía mantenía una dotación de 63.469 millones de euros, permitiría soportar los déficits hasta la recuperación de los superávits que según las previsiones del mismo Gobierno tendrían lugar en el 2018.

La propuesta de la Comisión de Expertos, de composición mayoritariamente ligada al sector bancario y asegurador, contiene dos elementos:

1. El Factor de Equidad Intergeneracional. Su función es hacer pagar a las personas pensionistas el aumento de la esperanza media de vida tras la jubilación, mediante la división de la esperanza media de vida de quienes acceden al sistema de pensiones con una edad determinada en un momento anterior, entre la esperanza de vida de las nuevas personas jubiladas, conforme a las tablas que aprueba anualmente el INE.

Conforme a las tablas de 2012, la esperanza media de vida a los 65 años es de 20,27 años en el 2014, en el 2019 de 21,00 y de 25,08 en el 2051. Si se aprueba que se aplique en el 2014, dará lugar a una reducción de la pensión del 0,7% en ese año, con un ritmo del 5% cada 10 años, es decir, que a las personas que se jubilen en el 2051 el recorte alcanzaría el 19,8% de la pensión.

2. El Factor de Revalorización Automática (FRA) es el segundo elemento. Sustituye la revalorización basada en el aumento anual de los precios medida mediante el IPC, por una revalorización dependiente de los ingresos y gastos del sistema. En el informe se prevé que la revalorización tendrá dos límites:

a. Por abajo, las pensiones no podrán experimentar una reducción nominal sino que “sólo” se congelarían, por considerar que la doctrina del Tribunal Constitucional lo impide. Esta regla sólo se aplica a las pensiones ya existentes, pero las nuevas podrán sufrir una reducción de su valor nominal y de hecho ello tendrá lugar.

b. Por arriba, se propone que cuando la fórmula conduzca a un aumento superior al IPC, éste sea el techo, destinándose el exceso al Fondo de Reserva, de forma que los fondos de éste financien el citado mantenimiento del valor nominal en las situaciones de crisis muy pronunciada. Los expertos mantienen que la congelación de las pensiones sólo se produciría en casos "excepcionales", como la actual crisis económica.

c. Los efectos de este elemento son más inciertos que los del FEI, pero lo que es cierto es que mientras se mantenga el desempleo masivo, las revalorizaciones van a ser de forma sistemática inferiores al IPC y frecuentemente no va a haber revalorización alguna. Para los próximos años la congelación de las pensiones se puede dar por segura. El informe admite expresamente que es previsible "una disminución significativa" de la pensión media sobre el salario medio”. En un ejercicio de elevado cinismo manifiesta que hay que aprovechar la oportunidad que brinda la crisis para aplicar la reforma porque durante la misma, "el sacrificio es más fácil de aceptar".

La elección de la fórmula del factor de sostenibilidad como instrumento de recorte de las pensiones pretende evitar, mediante el establecimiento de fórmulas estadístico-matemáticas, la adopción de decisiones político-legislativas susceptibles de oposición social, como las que tienen lugar cada vez que se congelan o recortan las pensiones. Hay que insistir que los recortes del Factor de Sostenibilidad se van a superponer en el tiempo con los que resultan de la aplicación escalonada de la reforma de 2011 y van a producir en los próximos años a un cambio radical del papel de las pensiones como sustitutivo de los salarios y, con ello, al empobrecimiento de las personas pensionistas.

Además, es muy posible que, a la vista del aumento de la deuda pública y de la insaciable voracidad de las instituciones de la Troika y del PP-PSOE, si no se para este recorte, al cabo de no muchos años lleguen nuevos, tales como la aceleración de los ritmos de aplicación del aumento de la edad y la base de cálculo de la jubilación e, incluso, la elevación del período de cálculo a toda o la mayor parte de la vida laboral en línea con las exigencias planteadas estos días por el Vicepresidente de la Comisión Europea, J. Almunia.

El Libro Blanco sobre pensiones (“Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”) aprobado por la Comisión Europea en febrero de 2012 se plantea que, además de los ya realizados, “numerosos Estados deberán realizar nuevos ajustes del gasto” y ello a pesar de reconocer que esas reformas darán lugar a “tasas de reemplazo más bajas (pensiones comparadas con la retribución anterior)”.

Para compensar esa caída de ingresos, la Comisión Europea propone impulsar las pensiones privadas basadas en la capitalización y lo hace a pesar de reconocer que la actual crisis “ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los planes de pensiones de capitalización frente a las crisis financieras y los recesos económicos”. Como puntualizaba el Libro Verde, antecedente del Libro Blanco, “Las pensiones de capitalización también podrían verse afectadas por el envejecimiento demográfico. Las sociedades envejecidas reducirían la tasa potencial de crecimiento económico y ello implicaría unas menores tasas reales de rendimiento, lo cual podría afectar a los precios de los activos financieros”/3.

La rentabilidad de las pensiones privadas se encuentra mediatizada por los gastos de gestión y comisiones de depósito, los gastos de intermediación por las operaciones de compra y venta de los valores de la cartera y los gastos que se cobran por la auditoría o administración del fondo, así como los que resultan de la transformación de las aportaciones y sus rendimientos en pensiones. El conjunto de esos gastos, que se mide con la ratio conocida como total expense ratio (TER) y que resulta del cociente entre los gastos totales y el patrimonio del fondo. En el Estado Español esos costes son de los más elevados de la OCDE: sobre 17 países estudiados, ocupaba el segundo lugar, con un porcentaje del 1,3% sobre el patrimonio gestionado, sólo superado por Chequia con el 1,4%, mientras que en Dinamarca ese coste es sólo de 0,1% y en Islandia y Bélgica del 0,2%/4.

Según un estudio que se viene repitiendo durante los últimos años, en el periodo diciembre 2002 - diciembre 2012, mientras que la rentabilidad del IBEX 35 fue de 113% (media anual 7,86%) y la de los bonos del Estado a 10 años, el 52% (media anual 4,3%), entre los 573 fondos de pensiones con 10 años de historia sólo 2 superaron la rentabilidad del IBEX 35; 32 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años, 16 tuvieron rentabilidad promedio negativa y 446 tuvieron una rentabilidad media anual inferior al 3%.

Los autores destacan que una de las razones del “decepcionante resultado global de los fondos” se debe a las elevadas comisiones, siendo otras la composición de la cartera y la deficiente gestión. Concluyen que “No es razonable la discriminación fiscal a favor de los fondos (y no existente si una persona construye una cartera para su jubilación). En muchos casos, los inversores perdieron… la desgravación fiscal con la que el Estado les indujo a invertir en fondos de pensiones en menos de 5 años”/5. A la vista de estos resultados está claro que las entidades financieras que gestionan las pensiones privadas necesitan, además de un trato fiscal ventajoso, una reducción drástica de las pensiones públicas que presione a una parte de los asalariados a acudir a las pensiones privadas y a las organizaciones sindicales a instaurarlas y mantenerlas a través de la negociación colectiva.La reducción programada por el informe del Comité de Expertos tiene por abierto objetivo forzar a la gente asalariada que pueda a complementar con pensiones privadas las pensiones públicas en reducción.

¿Son necesarias las medidas de recorte?

Las medidas de recorte en el gasto en pensiones no están de ninguna forma justificadas. La cuantía actual de las mismas, con cerca de 6.600.000 pensiones que no alcanzan los mil euros mensuales, con pensiones de las mujeres inferiores en el 40% aproximadamente a las de los hombres, exige no ya mantener el actual nivel de gasto sino aumentarlo, al menos hasta la media de los países del euro. Por otra parte, el incremento previsible del número de pensiones desde las actuales nueve millones cuatrocientas mil hasta los 15 millones previsibles en el 2052, exigen aumentar los recursos del sistema. Su factibilidad no debe depender de la “vuelta al crecimiento”, (que, además de incierta por la creciente presión de la escasez de los recursos naturales y por la crisis financiera y de la deuda, no es ecológicamente deseable) sino de una redistribución de la renta a favor de los salarios, que compense el enorme desplazamiento hacia los beneficios que ha tenido lugar durante la fase neoliberal. Según un estudio de la Fundación 1º de Mayo, la remuneración de la población asalariada ha pasado en el Estado Español desde el 67,3% del PIB en 1977 hasta el 53,4% en 2012/6. La reducción de la parte salarial no se ha interrumpido durante la crisis (5,2 puntos de caída en los últimos años frente a un aumento de 3,6 puntos de la rentas de capital), favorecida por las reformas laborales de 2010 y 2012.

El Comité de Expertos admite que una de las alternativas para conseguir el equilibrio financiero del sistema de pensiones es la de aumentar los ingresos hasta llegar a los niveles existentes de media en los países de la Zona Euro. Esta posibilidad es meramente retórica ya que todo el informe está construido hacia la necesidad de reducción del gasto. La poca claridad de la fórmula empleada es una muestra: “Aumentar los tipos impositivos, incrementar el porcentaje de los salarios que constituye la base de cotización…”.

El necesario aumento de los ingresos se puede realizar mediante un aumento de la participación de la fiscalidad en la financiación de las pensiones, que hasta ahora se limita a los complementos de mínimos de las pensiones, por un importe de casi siete mil novecientos millones de euros en el 2013.

La patronal, a la vez que reclama la reducción de las pensiones, insiste en la reducción de las cotizaciones sociales y el desplazamiento de la financiación a los impuestos indirectos (IVA), lo que obviamente acentuaría un aumento de la desigualdad y la redistribución regresiva de la renta.

Un sector importante de la izquierda alternativa y de la izquierda sindical propone un aumento de la financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos públicos, frecuentemente sin explicitar a través de qué impuestos.

A mi entender, aunque ese impuesto fuese el teóricamente más progresivo, el IRPF, no es una buena idea ya que implica una reducción de los salarios y un desplazamiento al conjunto de la ciudadanía del coste de las pensiones. De alguna forma, supone asumir que no es conveniente aumentar el coste salarial, del que las cotizaciones forman parte, para no afectar a la competitividad de las empresas. Pero mientras esas corrientes se oponen firmemente a la argumentación patronal y gubernamental cuando se trata de los salarios directos, no se mantiene la misma posición en relación con las cotizaciones. Por otra parte, en el contexto de la enorme presión de la Troika para la reducción del déficit público, trasladar a los Presupuestos Generales del Estado una parte importante del coste de las pensiones es someterlas a un riesgo aún mayor del que ya sufren.

El aumento de las cotizaciones se puede realizar de dos formas:

1) aumentando el tipo de cotización de las cotizaciones a cargo de las empresas, o

2) ensanchando la base de las cotizaciones al conjunto del valor agregado, incluyendo las aportaciones empresariales a los planes de pensiones, en la actualidad exentas de cotización a la Seguridad Social.

Esta última fórmula, tiene la ventaja de no perjudicar a las empresas intensivas en mano de obra, en relación con las más capitalizadas. Además, el ensanchamiento de la base de cotización sobre los beneficios y otros dividendos no distribuidos, no tendría incidencia sobre la competitividad ya que se impone a los dividendos sin afectar a la inversión/6.

De una forma el aumento del gasto necesario para evitar los nuevos recortes, derogar los antiguos, adoptar medidas como la reducción de la edad de jubilación y mejorar la protección de sectores muy precarizados, como el de las empleadas de hogar y otros,es muy inferior a lo que han ganado los beneficios sobre los salarios en las últimas décadas, debe permitir sustraer las pensiones al capital financiero, que pretende apoderarse de las mismas como intenta, también, con la sanidad y otros elementos de la protección social.

14/06/2013

Notas

1/ Según cálculos de Isabel Otxoa, en base a las estadísticas de la Seguridad Social, en “Un acceso casi vedado a las pensiones contributivas”, https://www.diagonalperiodico.net/

2/ “El Gobierno "tiene prisa" en aplicar las recetas del comité de expertos”, nuevatribuna.es, http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ruesga-dice-que-el-gobierno-quiere-desligar-la-pension-del-ipc-porque-el-fondo-de-reserva-computa-en-deficit/20130611163230093344.html

3/ Comisión Europea, Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos, adecuados, sostenibles y seguros, COM (2010) 365 final, 2010, p. 5.

4/ OECD, “Pension markets in Focus”, nº 9, 2012, p. 12.

5/ Fernández, P., Aguirremalloa, J. y Linares, P., “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España, 2002-2012 (Pension Funds in Spain, 2002-2012)”, Social Science Research Netwoork-Working Papers Series, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2214903 (consultado el 2-5-2013)

6/ Cruces Aguilera, J. y otros, Desigualdad y Estado Social en España, Fundación 1º de Mayo-Estudios, nº 64, junio de 2013.



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