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Italia
Lampedusa: leyes y políticas criminales
08/10/2013 | Franco Turigliatto, Charles-André Udry

“Vergüenza” y “horror”, esos son los dos términos que se repiten desde hace tres días en los más importantes medios italianos tras el naufragio, al alba del 3 de octubre, de la barcaza que “transportaba” a 518 personas, niños, mujeres y hombres. Había partido desde la ciudad libia de Misrata. Quinientos dieciocho seres humanos que buscaban un refugio para protegerse de la guerra, del hambre, de la enfermedad, de torturas, de la semiesclavitud. Sin embargo, a 800 metros de las costas de la isla de Lampedusa, en el estrecho de Sicilia, 252 de ellos fueron condenados a muerte.

Los términos de vergüenza y horror, pronunciados respectivamente por el nuevo papa Francisco y el presidente de la República italiana desde 2006, Giorgio Napolitano, deberían aplicarse a la política de “control de los flujos migratorios” de los gobiernos italianos que han hecho de ese estrecho un terrorífico cementerio para miles de emigrantes.

La “izquierda” criminaliza a los refugiados

Hay que hacer un breve recordatorio para comprender la hipocresía de los miembros de los partidos gubernamentales.

En efecto, en marzo de 1998, se adoptó una ley para “regular orgánicamente toda la cuestión de la inmigración”. Es conocida con el nombre de ley Turco-Napolitano. Introduce y oficializa la noción de inmigración clandestina que implica un procedimiento de criminalización del refugiado, del demandante de asilo, así como la concentración en “centros de retención temporales” (art. 12) para todos y todas los que sean sometidos a un juicio de expulsión de Italia.

Livia Turco fue miembro hasta 1991 del Partido Comunista Italiano (PCI) y luego del Partido Democrático de la Izquierda (PDS) hasta 1998, posteriormente de Demócratas de Izquierda (DS) hasta 2007, y a continuación del Partido Democrático (PD) del actual primer ministro Enrico Letta. Esos partidos de nombres diferentes no son otra cosa que filiaciones cada vez más degeneradas del PCI. De ese Partido Comunista Italiano que en 1943-44 llegaba a un acuerdo con el mariscal Pietro Badoglio, antiguo jefe militar de la guerra fascista en Etiopía. Un militar que no retrocedió ante la utilización de armas químicas, antes de entrar en Addis-Abeba el 5 de mayo de 1936. Ahora bien, la casi totalidad de exiliados y exiliadas muertos y de quienes sobreviven, con profundas e irremediables heridas, viene de esas tierras, antiguas colonias de la Italia fascista: Somalia, Eritrea, Etiopía. Vergüenza y horror se aplican a esta historia y a la política de los partidos a los que ha estado afiliada Livia Turco que vierte hoy lágrimas de cocodrilo en L´Unita de los días 4 y 6 de octubre de 2013.

Giorgio Napolitano, ese sabio santificado por la burguesía italiana, tiene un recorrido político idéntico aunque sus responsabilidades en el PCI eran de otro orden. Fue uno de los animadores de la transición del PCI hacia el PDS. Ministro del interior en el gobierno Prodi, es decir el primer ministro del interior salido de las filas “comunistas”, sus méritos serán reconocidos por el antiguo gobernador del Banco de Italia, Carlo Azeglio Ciampi (de 1973 a 1993) que, cuando logró (1999) la presidencia de la República, nombró a Giorgio Napolitano senador vitalicio.

En resumen, dos excomunistas (Turco-Napolitano) prepararon el camino jurídico para la “caza de clandestinos”, dicho de otra forma, de los demandantes de asilo, y esto bajo los auspicios del gobierno considerado como progresista de Romano Prodi.

Condenar la muerte clandestina: la vergüenza

Como continuación de lo anterior fue instaurada la ley Bossi-Fini adoptada por el Parlamento en julio de 2002, bajo el segundo gobierno Berlusconi (2001-2005).

Esta ley lleva el nombre del xenófobo dirigente de la Liga Norte, Umberto Bossi, y del dirigente de la Alianza Nacional, Gianfranco Fini, reformador-modernizador del partido fascista Movimiento Social Italiano (MSI) de Giorgio Almirante a mediados de los años 1990. Tras un período de éxito, Fini es hoy un náufrago en el escenario político.

La ley Bossi-Fini, prevé la devolución inmediata de los y las inmigrantes llamados “clandestinos” por las fuerzas de policía tras haber sido llevados a un centro de retención temporal tal como lo decidía la ley Turco-Napolitano. En ese centro se supone que son identificados. Para tener un permiso de residencia hay que disponer de un permiso de trabajo y para tener un permiso de trabajo hay que disponer de un permiso de residencia. Como dice Ignazio Fonzo, el fiscal adjunto de la ciudad de Agrigento (Sicilia), uno de los dos fiscales encargados de la investigación del naufragio del 3 de octubre: “Para la ley italiana, en cuanto los inmigrantes ponen el pie en suelo italiano, cometen el delito de inmigración clandestina”. Luego, el fiscal adjunto subraya que “incluso si les fuera finalmente concedido un estatuto de refugiado político, el procedimiento por delito proseguiría su curso, aunque concluyera en un sobreseimiento” (L´Unita, 6/10/2013). Lo cualpara este jurista revela la naturaleza estrictamente criminalizante de la legislación Bossi-Fini. Con el agravante que existe una multa de 5.000 euros (art. 10bis de la ley Bossi-Fini) por delito de clandestinidad ... que debe imponerse a “un clandestino” al que en principio se le expulsará inmediatamente de Italia.

El otro horror de la ley Bossi-Fini reside en la condena por complicidad con el delito de clandestinidad a las personas que ayuden a un supuesto clandestino a poner el pie en “la tierra de Italia”. Así, los pescadores de Lampedusa que ayuden a una persona que esté ahogándose pueden ver su barco, su instrumento de trabajo, confiscado y ser condenados. Lo cual va completamente en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados y del derecho internacional de navegación. Así, Giorgio Bisagna, experto en derecho a la inmigración, abogado en Palermo, afirma: “En el caso del naufragio de Lampedusa, el delito podría haber sido cometido por quienes no han intervenido para auxiliar a refugiados que se encuentran en la mar”.

Frontex organiza los naufragios

Como consecuencia de esta tragedia, se está realizando un debate sobre la “eficacia” de la ley Bossi-Fini para la “regulación de los flujos migratorios”. Dicho de otra forma, la pretendida izquierda, del PD a otras fuerzas, silencia la amplia operación de externalización puesta en pie en el marco de Frontex, la agencia europea de “vigilancia de las fronteras exteriores de los Estados de la UE”, desde 2004-2005. Simbólicamente, la sede de Frontex se encuentra en Varsovia.

En el marco de Frontex y antes de Frontex, el gobierno italiano realizó acuerdos con la dictadura de Gadafi en Libia para detener en las fronteras libias a las personas que intentaban escapar a las peores persecuciones y miserias en diversos países subsahelianos o en el cuerno de África, entre otros. El 29 de diciembre de 2007, el gobierno Prodi firmó un primer acuerdo completo. Luego, el gobierno Berlusconi, el 4 de febrero de 2009, completó ese acuerdo, entre otros aspectos sobre el sistema de control militar de las fronteras marítimas y terrestres.

Este acuerdo fue renovado el 4 de julio de 2013, en una reunión entre Giorgio Alfano, ministro del interior, y Mohamed Abdelaziz, ministro de asuntos exteriores de Libia.

Las devoluciones brutales por la policía libia son moneda corriente desde hace mucho, así como las encarcelaciones y brutalidades (violaciones, torturas, etc.), o las extorsiones de dinero. Todo esto es objeto de varios informes de ONGs. La ayuda financiera y técnica del gobierno italiano (navíos de vigilancia, radares, comunicaciones por satélite, etc.) debe permitir un trabajo conjunto a las dos “policías de fronteras”.

De hecho, desde hace años, se ha elevado un verdadero muro policial en el estrecho marítimo de Sicilia. Los gobiernos de Europa y de la Unión Europea, cada vez que hay una “tragedia”, también ahora, subrayan la necesidad de “mejorar el funcionamiento de Frontex”, de reforzar su presupuesto, como proponen tanto el ministro de asuntos exteriores francés Laurent Fabius como el presidente del consejo italiano Enrico Letta.

Sin embargo, es precisamente porque funciona Frontex que emigrantes llegados a Libia –dicho de otra forma los y las que han escapado a la muerte o a la devolución– están obligados a correr todos los riesgos y a amontonarse más de 500 en una barca, con la esperanza de alcanzar las costas de la isla de Lampedusa; aunque en el último decenio 5000 emigrantes hayan sido condenados a una muerte por ahogamiento. La profunda desesperación –pues otra cosa no parece posible– alimenta la esperanza de franquear ese muro. Hay que estar cegado por las normas administrativas para no comprenderlo, o negarse a comprenderlo.

A partir de ahí se explican las organizaciones semimafiosas, que “organizan” el transporte de los y las inmigrantes desesperados a cambio de sumas que llevan a sus familias a un endeudamiento, a menudo sin final, y que llevan más de una vez a una esclavitud por deuda en el país de partida pero también en el de llegada (trabajo clandestino, prostitución, etc.).

Hay una pregunta sencilla para cualquier historiador: ¿fue la prohibición en los Estados Unidos entre 1920 y 1933 lo que facilitó el desarrollo de la mafia o fue la mafia la causa de la prohibición? O también: para estar seguros de llegar a buen puerto, ¿cuántos turistas europeos pagan los servicios de un tour-operador, cuyas redes y tarifas están a menudo cerca de la estafa? A partir de ahí, en una situación de partida marcada por la inseguridad total, una refugiada somalí o eritrea no tiene otra opción que “confiarse” a una red de “transporte”, que en mas de una ocasión presenta rasgos mafiosos y no duda ante ninguna estafa alimentaria, sanitaria, etc.

Por repugnantes que sean, esas redes mafiosas de transportes están alimentadas indirectamente por leyes como la Bossi-Fini o por instituciones como Frontex.

Además, más allá de las mitologías sobre los flujos migratorios (los de Sur-Sur son cuantitavimamente más importantes que los de Sur-Norte), las reacciones gubernamentales sirven en primer lugar para camuflar el destino de los clandestinos a trabajar “en negro” en los llamados países de acogida. Además, los gobiernos y las clases dominantes imperialistas, en unión con diversas “lumpen burguesías” junior asociadas, escondenel conjunto de mecanismos económicos, sociales y militares que están en el origen de las migraciones. Un ejemplo: la extracción minera masiva es hoy un factor de militarización y de guerras en numerosas regiones y países.

Una extraña amnesia golpea a los partidos institucionales de Italia. El 28 de marzo de 1997, una corbeta de la marina militar, que intervenía en el canal de Otranto (que une el mar Adriático y el mar Jónico) para “proteger las fronteras sagradas de Italia”, había embestido a una pequeña embarcación y provocado la muerte de 81 personas. Tras una larga investigación, aunque haya interpuesta una apelación de casación y no esté aún zanjado el tema, la responsabilidad unilateral de la marina militar ha sido ampliamente documentada. Las conversaciones entre las diversas instancias de mando militares proporcionan sobre este asunto elementos de prueba más que serios. Todo esto no ha impedido que esta primera gran tragedia haya quedado casi olvidada. Ahora bien, Frontex no es más que una versión más sofisticada del bloqueo naval que comenzó bajo el gobierno del Olivo –coalición supuestamente de centro izquierda formada en 1995 y dirigida por Romano Prodi– acompañado por una campaña mediática que impulsaba la fobia ante una pretendida invasión de Italia por emigrantes que venían de diferentes regiones de África. A pesar que todas las estadísticas, hasta ahora, indican que el porcentaje de emigrantes en Italia está “en la parte baja de la escala” de los países de la UE.

El honor anónimo contra la hipocresía institucional

La “vergüenza” ha resaltado durante la visita a Lampedusa, el 4 de octubre, de Angelino Alfano, el hombre de Berlusconi que sigue ocupando, tras la crisis gubernamental, la plaza de viceprimer ministro y ministro del interior. Se ha atrevido a proponer que “Lampedusa reciba el premio Nóbel”. Esto le ha valido una respuesta iracunda de los habitantes de Lampedusa.

El “día de luto nacional” ha sido llamado por una buena parte de la población “día de huelga” (Il Manifesto 5 de octubre). El alcalde de Lampedusa, Giusi Nicolini, declaró: “Son esas leyes, esas políticas, las que están en el origen de tales tragedias”. Y ha añadido: “Italia tiene leyes inhumanas: tres pescadores se han alejado del lugar del drama porque nuestro país ha intentado procesos contra pescadores, que sin embargo han salvado vidas humanas, por delito de apoyo a la emigración clandestina”. El cura de la parroquia Stefano Nastasi ha utilizado palabras muy duras contra la hipocresía y la mentira reinantes, y la macabra contabilidad de muertos mientras las causas reales de “esta guerra” no son abordadas.

Términos más realistas y más nobles que las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini (SEL-Izquierda, ecología y libertad), que ha denunciado ciertamente la ley Bossi-Fini, pero que estaba desde hace mucho tiempo al tanto de la situación ya que tenía el puesto de comisaria de la ONU para los refugiados.

Dos pescadores aficionados han salvado la vida de 12 refugiados. Ocho amigos en una barca han salvado a 47 de ellos –46 hombres y una mujer– a alrededor de las 3 de la mañana. Han pedido ayuda a otras embarcaciones y como dicen: “Una verdadera cadena humana de ayuda se ha puesto en marcha para salvar a esos jóvenes de entre 16 y 24 años; desesperados, desnudos, llorando, nos decían: “salvad a los niños, no deben morir” (Il Fatto Quotidiano, 4 octubre de 2103).

Por si solas, estas dos iniciativas bastan para denunciar la política oficial de los gobiernos. Especialmente cuando se leen las declaraciones de responsables de los guardacostas que, ante la ayuda demandada por los dos pescadores citados, les han respondido: “No podemos hacer nada, debemos esperar la confirmación del protocolo a seguir”. En cuanto a otros responsables de la marina militar, han insistido en su falta de medios en términos de telecomunicaciones y demás tecnología punta.

La izquierda radical debe definir, muy concretamente, una política que defienda la interculturalidad y la unidad de clase para la defensa de los derechos democráticos y sociales, que son un punto importante de la guerra social en curso; una guerra en la que los y las inmigrantes constituyen una legión de “soldados desconocidos” para los dominantes, y cuyo rostros, historias, dolores y luchas deben volverse habituales en la vía común de clase que hay que construir

6/10/2013

http://alencontre.org/europe/italie-lampedusa-lois-et-politiques-meurtrieres.html

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR





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