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Cortes de agua en Madrid por la pobreza
El Bono Social no está garantizando el derecho humano al agua
21/12/2013 | Marea Azul (Madrid)

Al Banco de Alimentos de Tetuán (Madrid) ha llegado la siguiente noticia: a una familia que está pasando por unos momentos dramáticos por su escasez de recursos, y por tanto en situación de máxima necesidad, le han cortado el suministro de agua del Canal de Isabel II.

La Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Popular de Tetuán comenzó a trabajar para buscar una solución y que se restableciera rápidamente el suministro de agua. Después de varias visitas al Canal y de la colaboración de miembros de Marea Azul (asamblea compuesta por Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y Asambleas Populares de Barrios y Pueblos del 15 M), nos enteramos de la existencia del Bono Social en las tarifas del Canal.

De este hecho se puede extraer una conclusión: el atropello, una vez más, al derecho humano al agua, esta vez por la escasa difusión por parte de nuestros gobernantes de un instrumento para paliar la exclusión social y por dejar a los ciudadanos sin el suministro de un bien común imprescindible para la vida.

En la Comunidad de Madrid y en todos los puntos de la geografía de nuestro país existen muchas ciudadanas y ciudadanos que están en procesos de exclusión social, eso si no han llegado ya a esta situación.

En el cuadro que se adjunta se puede observar la utilización de este tipo de tarifa por la ciudadanía.

Del análisis de los datos relacionados en este cuadro se pone de manifiesto el escasísimo número de familias que están disfrutando de esta tarifa social del agua, en el año 2012 solamente fueron 603 hogares. ¿Cómo es posible que con la miseria a la que nos está llevando la crisis sólo este pequeño número de familias haya obtenido el bono social? La respuesta es la escasa información a la ciudadanía de este tipo de tarifa que están haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II Gestión SA.

La razón del nulo interés por difundir este instrumento social es que al gobierno del PP no le interesa en absoluto el bienestar de los ciudadanos. Para ellos es prioritario maximizar los beneficios y ofrecer así al mercado privado una empresa atractiva, con un mercado cautivo y de segura rentabilidad actual y futura. Recordemos que la gestión del agua en la Comunidad de Madrid se encuentra en proceso de privatización desde finales de 2008, momento en que el gobierno de Esperanza Aguirre dispone, mediante un instrumento jurídico poco apropiado, como es la Ley de acompañamiento de los presupuestos, y sin debate político ni ciudadano, cambiar el modelo de gestión del agua para introducir un modelo mercantilizado. Uno de los pasos avanzados para conseguir sus fines es la creación de la empresa mercantil Canal de Isabel II Gestión SA que, como hemos comprobado, busca el oscurantismo en la gestión del derecho humano al agua y por tanto incumple las obligaciones a este respecto.

Qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación: exigir nuestro derecho, acudiendo masivamente a las oficinas del Canal y solicitar la aplicación de las tarifas adecuadas a cada caso.

La exención social en la tarifa del agua consiste en la bonificación de la tasa de los servicios de abastecimiento y saneamiento (parte variable de la factura) correspondientes a un consumo de hasta 25 metros cúbicos al bimestre (equivalente a un consumo medio diario de hasta 417 litros), prestados por Canal de Isabel II Gestión SA. Esta bonificación será posible cuando los titulares de contratos acrediten no poder hacer frente al pago de dichos importes. Para conseguir esta certificación se deberá acudir a Servicios Sociales y lo habrá de aprobar la Consejería de la Comunidad de Madrid. La certificación deberá ser entregada en los servicios de Canal de Isabel II Gestión SA y se aplicará en la siguiente factura que se emita a partir de dicha presentación. Esta bonificación se disfrutará durante el período de tiempo en que el titular del contrato permanezca en dicha situación.
Por otra parte, nos preguntamos cómo es posible que a una familia se le pueda cortar el suministro de agua, siendo ésta imprescindible para la vida y por tanto un derecho humano reconocido como tal por la ONU y de obligado cumplimiento para España como país que firmó el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo de funcionamiento.

¿Qué podemos hacer? Reclamar el agua como Derecho Humano y apartar a los que quieren obtener beneficios de la Sanidad, de la Enseñanza, del Agua, de los Servicios Públicos, de la vivienda y de todos aquellos derechos humanos reconocidos en la normativa de la ONU.





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