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Reino Unido
Por fin, una ley para detener casi a cualquiera por hacer casi cualquier cosa
13/01/2014 | George Monbiot

Manifestantes, músicos callejeros, predicadores, jóvenes: todos podrían terminar con ipnas (Acrónimo de Injunction to Prevent Nuisance or Annoyance, requerimiento para prevenir molestias. Ndt). Por supuesto, si eres rico, no tienes nada que temer.

Hasta finales del siglo XIX muchos de los espacios de nuestras ciudades pertenecían a propietarios privados. Las plazas estaban cerradas, las calles
estaban controladas por peajes. La plebe, dentro de la que había gente que había sido expulsada de los campos, fue también excluida de los mejores lugares
de la ciudad.

Los movimientos sociales y democráticos tumbaron estas barreras, y el espacio público se convirtió en un derecho, no en un privilegio. Pero la exclusión
social sigue a la desigualdad como la noche sigue al día, y ahora, los centros de nuestras ciudades vuelven a ser privatizados o semiprivatizados. Están
siendo transformado por las empresas en plazas pasteurizadas, sin alma, tristes, en las que policías de plástico hostigan a cualquiera que ande merodeando
sin la intención de comprar.

La vida en estas plazas se reduce a un mero trance consumista, de conformidad y atomización, en el que nada imprevisible o desconcertante ocurre, un mundo
seguro para la venta de montañas de basura sin sentido a clientes sedados. Las reuniones espontáneas de cualquier otro tipo –rebeldes, exuberantes,
abiertas– están prohibidas. Jóvenes, mendigos y gente excéntrica son, a los ojos de quienes defienden esta apática, higienizada versión del orden público,
culpables hasta que se demuestre su inocencia.

Ahora bien, este triste ethos se está arrastrando por lugares que aparentemente no son propiedad de corporaciones o están bajo su control. Se
produce menos mediante puertas y barreras (aunque muchas de éstas están reapareciendo) que mediante instrumentos legales, usados para excluir o controlar a
esa cada vez más amplia clase de indeseables.

Las normas existentes ya son bastante malas. Introducidas por el Crime and Disorder Act de 1998, las ordenanzas sobre el
comportamiento antisocial (asbos) han criminalizado una variedad aparentemente sin fin de actividades, sometiendo a miles de personas –en su
mayoría jóvenes y pobres– a unas leyes hechas a medida.

Cualquiera puede recibir una asbo si un magistrado entiende que su comportamiento es hostigador, provoca alarma o causa molestia a otras personas.
Bajo esta jurisdicción, la conducta prohibida se vuelve delito criminal. Se han concedido asbos a prostitutas por llevar condones, a mendigos
alcohólicos por posesión de alcohol en la vía pública, a comedores sociales por ofrecer comida a los pobres, a jóvenes que caminaban por cualquier camino
que no fuera el suyo, a chicos que jugaban al fútbol en la calle. Se han usado para prohibir protestas pacíficas contra los espacios olímpicos.

Inevitablemente, más de la mitad de la gente sujeta a las asbos acaba incumpliéndolas. Como dice Liberty (organización de defensa de los derechos
civiles y humanos fundada en 1934. NdT), estas ordenanzas “marcan a los jóvenes, vulnerables o mentalmente débiles, y los lleva al fracaso”, y acaban así
por la vía rápida en el sistema penal de justicia. Se permite a los tribunales encarcelar a personas por delitos que de otra forma no supondrían ir a
prisión. Un joven sin techo fue sentenciado a cinco años de cárcel por mendicidad: un delito para el cual no existe la privación de la libertad como pena.
Las asbos permiten a la policía y a los tribunales crear sus propias leyes y su propio código penal.

Todo esto está a punto de ponerse mucho peor. El miércoles, el Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill
llega al momento de su revisión (cerca del final del proceso) en la Cámara de los Lores. Es notable la poca repuesta que ha habido al respecto, y lo poco
que sabemos de lo que está a punto de golpearnos.

El proyecto de ley permitiría intervenir contra cualquiera de diez años o más que “se vea involucrado o amenace con verse envuelto en conductas
susceptibles de causar un daño o molestia a cualquier otra persona”. Se podría reemplazar las asbos por ipnas, que no prohibirían solo
algunas formas de comportamiento, sino que también forzaría a quien las recibiera a cumplir con servicios a la comunidad. En otras palabras, pueden imponer
una especie de servicio a la comunidad a personas que no hayan cometido crimen alguno, lo que podría, según propone la ley, prorrogarse a lo largo de toda
la vida.

El proyecto de ley también introduce ordenanzas para la protección del espacio público que pueden impedir o bien a todo el mundo o bien a cierto tipo de
gente de hacer ciertas cosas en ciertos lugares. Esto crea una nueva dispersión de poderes, que pueden ser utilizados por la policía para excluir a la
gente de un área (ya que no se contemplan límites), estén o no haciendo algo malo.

Mientras, como resultado de un exitoso desafío legal, las asbos solo se pueden aplicar si un jurado está seguro más allá de una duda razonable
sobre que se haya cometido una práctica antisocial, en cambio las ipnas se pueden aplicar haciendo un balance sobre las probabilidades de que
estas prácticas se puedan dar. La violación de éstas no va a ser calificada como un delito criminal, pero aún así podrían llevar a una pena que suponga la
privación de la libertad: sin cometer un crimen, puedes ser encarcelado hasta dos años. Los niños, que actualmente no pueden ser detenidos, estarán sujetos
a un nuevo abanico de castigos por incumplir una ipna, incluyendo tres meses de reclusión en un centro de menores.

Lord Macdonald, ex-director de la fiscalía, señala que “es difícil imaginar un concepto más ambiguo que el de causar ’daño’ o ’molestia’”. La expresión es
apta para incluir una amplia gama de comportamientos cotidianos en una medida que puede tener graves consecuencias para el Estado de Derecho.
Manifestantes, músicos callejeros, predicadores: todos, argumenta, podrían terminar con ipnas.

El Ministro de Interior, Norman Baker, otrora defensor de las libertades civiles, y que es ahora el arquitecto del proyecto de ley más opresivo que haya
impulsado cualquier Parlamento, afirma que las enmiendas que se aportaron en diciembre “garantizarán a la gente que las libertades básicas no se verán
afectadas”. Pero Liberty las describe como “un lavado de cara: nada sustancial ha cambiado”.

Las nuevas leyes crean un sistema en el que las autoridades pueden prohibir a cualquiera hacer cualquier cosa. Pero esto no se va a aplicar contra
cualquiera. Los publicitarios, que causan tanta molestia y fastidio, no tienen nada que temer; tampoco los amantes de la ópera que acaparan las aceras de
Covent Garden. Molestia y fastidio es lo que causan los jóvenes, los bichos raros, la gente de clase baja, los que plantan cara a las pretensiones del
poder.

Estas leyes serán usadas para acabar con la pluralidad y la diferencia, para apagar la exuberancia de la juventud, para perseguir los niños por el delito
de ser joven y jugar juntos en un espacio público, para ayudar a convertir este país en un monocultivo de hacer dinero, controlado, homogeneizado, sin
vida, sin lucha y soso. Para un gobierno que representa al viejo y al rico, esto debe sonar como el paraíso.

6/01/2014


http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/06/law-to-stop-eveyone-everything

Traducción: VIENTO SUR





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